La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo martes a dos mujeres acusadas de un delito de estafa tras comprar una gasolinera por un millón diez mil euros pese a no tener solvencia económica para ello. Nunca llegaron a pagar a los propietarios.
Un delito por el que ambas ya habían sido condenadas en otras ocasiones. En septiembre de 2016 por la Audiencia Provincial de Pontevedra a dos años de prisión. Y en julio de 2023 este mismo tribunal condenó a una de ellas a tres años y medio de cárcel por realizar ventas ficticias de combustible.
En este caso concreto, la acusación particular pide 5 años y tres meses, mientras que el Ministerio Fiscal 5 años.
Una causa cuya instrucción, tal y como ha comentado el abogado penalista Alejandro Seoane Pedreira, defensor de las presuntas víctimas, ha sido «engorrosa» a la hora preparar las pruebas necesarias para en el plenario poder probar la culpabilidad de las acusadas.
Una problemática habitual en los procesos con negocios criminalizados en los que “aparentemente todo es legal”.
El caso de presunta estafa, al detalle
Los hechos giran en relación a una gasolinera que estaba situada en terreno público en Ferrol, A Coruña, gestionada por la Autoridad Portuaria. La entidad concesionaria, de un matrimonio y sus dos hijos, explotaron la concesión durante años.
Esta familia eran propietarios del 100% de las participaciones sociales de la empresa concesionaria. Pero llegado un momento y por motivos personales decidieron deshacerse del negocio.
Tenían dos opciones, explica el letrado, o vender la concesión, algo más lento ya que necesitaban la autorización de la Autoridad Portuaria, o vender las participaciones de la empresa concesionaria. Y eligieron la última opción.
Y fue en ese momento cuando conocieron a las acusadas, las cuales tenían, al parecer, una empresa insolvente llamada Arriengal 19 S.L. Una tenía el 80% y otra el 20%. Tenían interés en adquirir la gasolinera porque era un negocio rentable.
Pero antes, decidieron negociar y las presuntas estafadoras, solicitaron acceder a las cuentas del negocio para ver que todo estaba en orden y confirmar que estaba libre de deudas. Por lo que los dueños la nombraron administradora dos meses antes de formalizar la compraventa.
La familia nunca vio el dinero
Finalmente la familia les vendió todas sus participaciones sociales por un importe de 1.010.600 euros. Dinero que nunca vieron.
Pues bien, como era una cantidad muy grande, pactaron un pago aplazado. En primer lugar, 3 pagarés con vencimiento a un mes por un importe de 400.000 euros y, el resto de cantidades, hasta alcanzar el precio acordado, 610.600 euros, a pagar en 86 mensualidades, abonando en cada una 7.100.
Dinero que se iba a repartir entre cada miembro de la familia en función del porcentaje cada uno tenía en la empresa.
Pero llegado el momento de cobrar los pagarés, fueron devueltos y protestado, lo que supuso unos costes bancarios muy altos que tuvieron que asumir ellos mismos.
No obstante, como garantía del pago de los pagarés y de las mensualidades, se constituyeron seis hipotecas sobre la concesión de Puertos que fueron autorizadas. Por lo que los clientes del letrado Seoane Pedreira, viendo que ni pagaban, ni daban señales de vida, vieron como única solución ejecutar una de las hipotecas. Cogieron la más pequeña para asumir menos los costes.
Se sacó a subasta extrajudicial y se llegó a un acuerdo con otra empresa que les quitó las cargas del resto de las hipotecas. Pero se quedaron sin negocio y sin el dinero.
Tanto en el escrito de acusación particular como en el de la Fiscalía coinciden en que cuando las acusadas firmaron la escritura de compraventa, la empresa con la que va a iban a comprar, Arriengal 19 S.L, era insolvente. “Tal es así que la cuenta bancaria que respalda los pagarés de 400.000 euros tiene menos de 25 euros”, detalla el letrado.
El denunciante, ya fallecido, tuvo que pagar los cánones que estaban pendientes en Puertos para autorizar la subasta, cifra que alcanzaba los 117.000 euros.
El letrado ha querido destacar la labor y el esfuerzo que realizan muchos Juzgados de Instrucción, en este caso Instrucción 1 de Ferrol, así como la Fiscalía a ahora de tener que asumir este tipo de procesos penales más voluminosos de lo habitual, ya que por desgracia carecen de los medios humanos, materiales y tecnológicos idóneos para impartir justicia.
