El Comité Europeo de Derechos Sociales ha emitido un fallo en el que considera que la regulación española de las indemnizaciones por despido improcedente «no son disuasorias ni reparatorias», según ha adelantado este lunes en rueda de prensa UGT.
Con esta decisión, el organismo europeo da la razón al sindicato UGT, que presentó una denuncia en 2022 por entender que el coste del despido en España incumple el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la OIT al fijar la indemnización por este tipo de despidos en 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, algo que considera “asequible y nada disuasorio”.
Dicha reclamación fue posible porque España ratificó en 2021 la Carta Social Europea y se comprometió a acatar sus resoluciones.
La queja de UGT venía por los cambios fruto de la reforma laboral de 2012, que abarató el despido, al acabar con la indemnización de 45 días por año trabajado hasta un máximo de 48 mensualidades, eliminó los salarios de tramitación y flexibilizó las causas que las empresas alegan para rescindir un contrato.
Sindicatos de otros países como Francia e Italia, que ratificaron el texto con anterioridad, ya han presentado reclamaciones similares con resultado favorable.
En este momento, un despido improcedente deriva en una indemnización máxima de 33 días por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades.
Carácter vinculante
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha adelantado este fallo, que el Comité Europeo de Derechos Sociales hará público previsiblemente el próximo lunes, que tiene carácter vinculante para el Gobierno español y que tiene que servir para «cubrir los daños causados a la víctima».
No obstante, cabe recordar que el fallo del CEDS no incluye ninguna recomendación de cómo adaptar la normativa nacional, de manera que ahora será el Gobierno el que tenga que diseñar una reforma legislativa para cumplir con la Carta Social Europea.
El CEDS considera que esos 33 días por año trabajado en vigor no tiene en cuenta factores como el impacto del despido en la carrera del trabajador, sus circunstancias personales o los posibles «daños morales».
Además, entiende que para los trabajadores con poca antigüedad en la empresa no tiene ningún efecto disuasorio.
Igualmente, el organismo europeo señala en su fallo la falta de los salarios de tramitación —aquellos devengados desde el momento del despido hasta la resolución del conflicto—, lo que para el CEDS disminuye la efectividad compensatoria y disuasoria de la indemnización.
Recordemos que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ya emitió su decisión favorable a UGT sobre el fondo del precio del despido improcedente a finales de marzo, abriendo la puerta a establecer una indemnización “reparadora”.
Cambios en la Carta Europea de Derechos Sociales
Ante esto, UGT, que ha presentado el fallo este lunes, exige cambios normativos para cumplir con la Carta Europea de Derechos Sociales.
En concreto, apuestan por fijar una indemnización «plenamente resarcitoria del daño causado» que permita a los tribunales ajustar la compensación basada en los «daños reales» de los trabajadores. La central ha insistido en la obligatoriedad de cumplir con el fallo.
Asimismo, el sindicato liderado por Pepe Álvarez insta a eliminar o, al menos, elevar los topes de compensación «para asegurar que las indemnizaciones sean suficientemente disuasorias».
También señalan a importancia de fomentar la reincorporación en el empleo, así como de la vuelta de los salarios de tramitación.
Por último, indican la pertinencia de asegurar un cauce judicial más rápido.
Aumento congelado
Por su parte, el Gobierno pretende reformar el despido, aunque de momento ha tenido congelada su pretensión, a la espera de la decisión final del Comité Europeo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aboga desde 2022 por restringir las causas económicas que justifican los ceses con indemnización a 20 días por año trabajado, lo que supondría derogar la reforma laboral del PP de 2012.
Asimismo, defiende unas indemnizaciones variables en función de cada asunto, lo que podría dar lugar a incrementar estas compensaciones por encima de los 33 días por año trabajado con el límite de 24 mensualidades.
