La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que condenó al fiscal general del Estado por «desviación de poder» en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Alto Tribunal, ha propinado un nuevo revés a Álvaro García Ortiz anulando el nombramiento de la persona que después ha ocupado ese puesto, Isabel Rodríguez Mateo.
Además, ha condenado a la Abogacía del Estado a abonar unas costas de 500 €.
Los magistrados que componen la Sección Cuarta de la mencionada Sala, compuesta por los magistrados Pablo Lucas Murillo de la Cueva, presidente, Luis María Díez-Picazo Giménez, ponente, María del Pilar Teso Gamella, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo y José Luis Requero Ibáñez, consideran que el fiscal general del Estado incumplió su sentencia, la número 1499/2023.
Porque García Ortiz retrotrajo la causa a un procedimiento administrativo anterior al fijado por el Supremo en dicho fallo, permitiendo que se presentara al puesto una nueva candidata, Isabel Rodríguez Mateo, que no formó parte del elenco de postulantes que concurrieron a la plaza el 22 de septiembre de 2022.
Estos fueron Álvaro Redondo, fiscal del Supremo; Teresa Gálvez, fiscal Anticorrupción; Carlos Bautista, fiscal de la Audiencia Nacional; Olga Sánchez, fiscal del Supremo; y Luis Rueda, quien fuera teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, autor de este recurso. Además de la propia Dolores Delgado.
GARCÍA ORTIZ NO TENÍA QUE HABERLA INCLUIDO
El Tribunal Supremo considera que el fiscal general del Estado tenía que haber optado solo entre esos cinco candidatos.
Y nadie más. Incumplió su sentencia.
«No ofrece ninguna duda que la resolución del Fiscal General del Estado de 20 de mayo de 2024 implica retroacción a un momento del procedimiento administrativo anterior al establecido en el fallo de la sentencia nº 1499/2023. Que lo contraviene es así evidente», dice la Sala en su auto, que tiene fecha de 19 de julio pasado.
Y añade: «Dado que en el presente caso no se dio por el Fiscal General del Estado ninguna explicación de la inclusión del mencionado punto cuarto [en el que se retrotrajo la actuación administrativa] en el orden del día del Pleno del Consejo Fiscal de 29 de mayo de 2024, debe concluirse que concurren todas las condiciones legalmente exigidas para declarar nulo dicho acto. Ello, como es obvio, comporta asimismo la nulidad de cualesquiera otras actuaciones y resoluciones posteriores que se hayan tomado en el procedimiento administrativo relativo al concurso convocado por Orden JUS/832/2022″.
El nombramiento de Isabel Rodríguez Mateo se formalizó en un acto que se celebró el 26 de junio de 2024 en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Rodríguez Mateo fue apadrinada por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Touron, quien antes había apadrinado para ese mismo puesto a Dolores Delgado.
Ahora todo el proceso debe volver a la casilla de salida. El fiscal general del Estado debe proponer a un nuevo candidato de entre los cinco que se presentaron al concurso inicial.
Los fiscales de Sala, incluidos los togados, están en la cúspide de la carrera fiscal, justo por debajo del fiscal general del Estado y el teniente fiscal del Tribunal Supremo. Tienen una autoridad significativa y están encargados de funciones especializadas y de gran relevancia dentro del sistema judicial.
