“El derecho a percibir una pensión digna está contemplado en el artículo 50 de la Constitución, y la responsabilidad del Estado en la materialización de este derecho deriva del artículo 41”, ha afirmado el nuevo presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, en su extenso encuentro que ha mantenido hoy en la sede de la institución, en Madrid, con expertos que han estudiado a fondo el sistema mutualista y su problemática.
Una idea que han suscrito todos los asistentes. Lo mismo que la idea de que el núcleo de la reivindicación de la abogacía debe ser exigir “las mismas pensiones mínimas y en los mismos términos que los trabajadores autónomos”, lo que han repetido con insistencia.
Asimismo, ha existido amplia coincidencia en que la toma de decisiones le corresponde ahora a las Administraciones Públicas, por lo que es preciso urgir al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el establecimiento de un diálogo continuado hasta alcanzar una solución satisfactoria dentro del marco constitucional.
A la reunión han asistido representantes de las asociaciones, plataformas y colectivos de mutualistas alternativos y miembros de distintas instituciones de la abogacía que han promovido un buen número de informes profesionales y estudios académicos sobre la solución al problema de las pensiones.
En ese entorno se ha compartido el conocimiento sobre los aspectos jurídicos de la situación en que se encuentran miles de profesionales que recibirán pensiones precarias.
Como expertos en la materia han estado presentes, por la Universidad de Valencia, Enrique Devesa, profesor; y por la Universidad de Málaga, José Antonio Rueda, miembro del Observatorio y profesor. En representación de los autores del informe de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, realizado a instancias del Consell de la Advocacia Catalana (CICAC), han participado Pau Estévez, abogado del Colectivo Ronda; Andrés Pérez, abogado laboralista del despacho Casades; Julia López, catedrática de la Universidad Pompeu Fabra y Jordi Agustí, magistrado emérito del Tribunal Supremo.
Raúl García, socio de Laboral de EY Abogados y Francisco González, «partner» de pensiones y beneficios de EY Abogados, han expuesto el informe encargado por el Colegio de A Coruña.
Asistiendo al presidente del CGAE han estado la nueva secretaria general de la Abogacía Española, Encarna Orduna, así como el secretario general técnico, Francisco de Borja Vargués, y el director general, José Antonio Perales.
Al encuentro han asistido como representantes de la asociación ALTODO sus vocales Antonio Abellán y Nieves Izquierdo. De parte de la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (ANAMA), su presidenta, Nuria Cachafeiro; sus miembros de Junta, Raquel Rico y Juan de Dios del Pino, así como Rocío Carrera, delegada en Málaga, y Montserrat Domeneque, delegada en Madrid.
La Plataforma Pasarela al Reta ha estado representada por María José Almodóvar (Venia y Marea Negra); Pedro Feced, Jaume García y Antonia Moyano, responsable en lo relacionado con AlterMutua.
Por parte de las instituciones de la abogacía han asistido, además de los cargos expuestos la tesorera del Consejo General, Cristina Llop, los decanos de los Colegios de Madrid, Eugenio Ribón; Barcelona, Jesús M. Sánchez; Valencia, José Soriano; A Coruña, Augusto Pérez Cepeda.
También los presidentes del Consejo Andaluz de Colegios de la Abogacía y decano de Jerez, Federico Fernández; y la presidenta del CICAC y decana de Tortosa, Marta Martínez. El encuentro también contó con la presencia de la decana de Sant Feliú, Esther López, y el decano de Girona, Albert Sierra.
