Con niveles de litigiosidad en aumento -un 4,8% más en total y un 5,4% en la jurisdicción social al cierre de 2023- los órganos judiciales se enfrentan a una carga de trabajo que actualmente supera los 7 millones de asuntos, según el último balance del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ). Algo que podría mitigarse con la mediación.
En este contexto la sede del Consejo General de Graduados Sociales acogió un debate para explorar las posibilidades de uso de la mediación intra y extrajudicial, su situación actual y resolver las dudas que suscita esta herramienta de resolución de conflictos basada en el diálogo constructivo entre las partes, aunque el objetivo no siempre sea desjudicializar o agilizar los procesos sino también que las partes se sientan escuchadas y entendidas como parte de un proceso restaurador.
“Llevamos la mediación en nuestros genes, pero en muchas ocasiones no la aprovechamos; la conciliación administrativa previa se queda en un simple trámite burocrático”, apuntó Juan Fernández Henares, vicepresidente 1º del Consejo General de Graduados Sociales, antes de dar las a los ponentes de la jornada ‘Mediación hoy, un diálogo sobre retos y oportunidades’.
Los conflictos son inevitables, pero con la mediación intentamos prevenirlos
Según Francisco José López Díez, coordinador de la Comisión Técnica de Mediación del Consejo General, “Los conflictos son inevitables, pero con la mediación intentamos prevenirlos. Ese es el mensaje que debemos trasladar a la sociedad”.
“Los conflictos son necesarios -añadió Rosalía Fernández Alaya, magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas- porque son el motor del cambio a través de la historia; la forma de afrontarlos es lo que diferencia la democracia de la violencia”.
“La evolución de la mediación en Europa es desigual y depende, en gran medida, de la cultura previa, pero sí se han notado avances desde la Directiva 2008/52 porque muchos países han aprovechado para introducir cuestiones complementarias que han permitido avanzar sobre lo que tenían o implantar procedimientos que no tenían”, explicó a continuación la también vicepresidenta de Gemme.
Uno de los ejemplos que puso fue el de Francia, donde acudir a la mediación previa antes llegar al juzgado es obligatorio, lo que contrasta con la situación en España. La magistrada se mostró a favor del modelo galo, pero no así de sancionar por no utilizar este recurso.
También abogó por incluir la mediación en la carta de servicios de la justicia gratuita. “Es fundamental porque si las personas no pueden pagar la mediación, por mucho que se les recomiende, no van a buscarla”.
Los beneficios
Fernández abogó, de igual modo, por la formación de los profesionales jurídicos en este ámbito “no necesariamente para ser mediadores, sino para saber diagnosticar el conflicto. Como juez no puedo mediar, pero cuando tengo en mi tribunal a personas que necesitan ser escuchadas, me sirve para manejar la situación”.
Otro beneficio de este sistema es que “siempre genera un primer acercamiento y un desbloqueo de la situación; las personas que han ido a mediación afrontan el proceso de otra manera”, aseguró la jueza que aconsejó también la creación de espacios de mediación y diálogo en las empresas y las instituciones con una finalidad preventiva.
Francisco José López, por su parte, abundó en que “en el 99% de las situaciones las partes llegan con la comunicación totalmente rota y restablecerla es el primer paso para abrir puertas. Solo escuchar ayuda mucho, porque vemos la otra cara de la moneda”. Además, “si se ha hecho bien, se asienta en los intereses de las partes”.
Finalmente, se abordó la cuestión de la saturación de la justicia en España y el impacto económico de los procesos judiciales que, sólo en primera instancia, “cuestan al Estado varios miles de euros, sin contar el coste para las partes; si una parte se destinara a resolver el litigio a través de mediación, las cuentas saldrían”, propuso López.
“También ganaríamos en bienestar social en una sociedad que está muy tensa”, completó la vicepresidenta de Gemme quien también señaló la falta de implicación estatal como “principal carencia para implantar la mediación; en alguna comunidad sí veo voluntad de hacerlo, pero es una prioridad general y para mí debería serlo”.
Acciones para impulsar la mediación
El Consejo General de Graduados Sociales está llevando a cabo diversas acciones para dar a conocer la mediación en la jurisdicción social e impulsar un mayor uso, dado su mayor retraso; la última ha sido la firma del acuerdo con el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (Gemme) que servirá, entre otras cosas, para identificar casos de buenas prácticas con el fin de proporcionar a las administraciones y los profesionales jurídicos ejemplos útiles para el desarrollo de esta técnica.
Asimismo, el Consejo General cuenta con una comisión específica que coordina los trabajos en torno a la mediación intra y extrajudicial y, en colaboración con la UCAM, ha creado la primera titulación universitaria sobre esta materia a la que solo tendrán acceso los graduados sociales.
La primera edición comenzará a finales de este mes.
