Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, lo tenía claro desde hace días: la tormenta que venía no era pequeña, y los fiscales huelen la sangre como tiburones en aguas cálidas.
Consciente de que esta movida iba a afectarles de lleno, ayer convocó para hoy una Junta de Fiscales de Sala a las 9:30 de la mañana. Y, para cuando la tarde cayese, a las 16:00, un Consejo Fiscal.
La idea es aparentemente noble: compartir con sus compañeros de toga la decisión que había tomado, dar explicaciones –que siempre quedan bien en los discursos– y escuchar lo que tuviesen a bien decirle.
Todo un ejercicio de democracia en el reino de las leyes.
La Junta de Fiscales, ese teatro de sombras donde se reparten golpes entre sonrisas, contará con 16 miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), gremio al que el propio García Ortiz pertenece; 9 de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), y otros 11 que, como buenos francotiradores, no están afiliados a nada, porque en la vida siempre conviene no deberle favores a nadie.
Claro, que en ocasiones anteriores esas matemáticas de bloques habían saltado por los aires, con decisiones tan transversales como una patada al pecho, sobre todo por parte de los que van por libre.
Ya se sabe, el fiscal español es experto en darle la vuelta al tablero cuando menos te lo esperas.
LA DECISIÓN DEL SUPREMO IMPUTANDO A GARCÍA ORTIZ NO PILLÓ A NADIE POR SORPRESA
El espectáculo comenzará con García Ortiz haciendo su entrada triunfal y soltando su discurso. Nada nuevo bajo el sol, porque la decisión que este miércoles tomó la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no pilló a nadie por sorpresa.
En los corrillos judiciales hacía días que se comentaba el tema, como si de una corrida de toros anunciada a bombo y platillo se tratase.
Pero eso no quita que el fiscal jefe esté con el culo apretado, bien consciente de lo mal que queda la institución con toda esta historia.
Porque, aunque el traje negro de fiscal te da caché, también deja poco margen para esconder las manchas.
Ah, y por si a alguien le quedaba duda, García Ortiz no tiene intención de moverse ni un milímetro de su silla.
De hecho, según las fuentes fiscales de toda la vida, lo que se le investiga es una tontería: defender al Ministerio Público frente a un bulo, un maldito chisme de la prensa.
No es prevaricación, repiten como si fueran un coro.
Y ojo, que si dimitiese por esto, el precedente sería peligrosísimo: bastaría con inventar cualquier basura para tirar abajo a cualquier fiscal molesto –como los de Anticorrupción, por ejemplo–. La política y la prensa, menuda combinación explosiva.
Desde la Junta de Fiscales, sin embargo, ya se prevé que la cosa va a estar caliente. Algunos quieren la cabeza de García Ortiz servida en bandeja de plata, considerando incompatible que siga como fiscal general estando investigado.
Pero, claro, otros le harán el coro, incluyendo a su predecesora Dolores Delgado, que sabe bien lo que es caminar por este campo de minas.
Algunos fiscales, más listos o más cautos, asistirán al cónclave como quien va al cine: con palomitas, sin saber muy bien para qué han sido convocados, porque aquí no se va a votar nada.
Vamos, que esto es una tertulia de café, donde todos hablarán, pero no habrá ganador ni perdedor.
EL CONSEJO FISCAL, CON LOS CUCHILLOS DESENVAINADOS: LO QUE TOCA ES DIMITIR
Por la tarde, a eso de las 16:00, García Ortiz se sentará con el Consejo Fiscal, que promete ser otro escenario de batalla. Los de la Asociación de Fiscales (AF) y el único representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que son mayoría, se opondrán a que siga en el cargo. Ya pidieron ayer su dimisión.
Dicen que daña a la institución, a esa que la Constitución pinta como la «garante máxima de la legalidad».
Para ellos, está claro: lo que toca aquí es dimitir y marcharse a casa, que no es plan que el jefe de la fiscalía esté imputado mientras dirige el cotarro. Porque claro, es él quien tiene que defender la postura del Ministerio Público, y eso de ser juez y parte en este contexto es más que incómodo.
Sin embargo, los que quieren echarlo se dan contra un muro: la ley no prevé esta situación, porque –en sus propias palabras– «es inconcebible».
Y así se quedan, cruzados de brazos, porque la única manera de que García Ortiz se vaya es que lo haga por voluntad propia, y eso no parece que vaya a pasar.
Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el mandato dura cuatro años y solo se cesa por motivos de peso, como incapacidad, enfermedad o falta grave.
Y, claro, ser investigado no está en la lista.
Por si fuera poco, el Supremo, en el auto que acuerda la imputación de García Ortiz, ha señalado que «en este momento inicial» existe un daño potencial al derecho de defensa de González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el pobre diablo en el centro de esta historia, todo por culpa de la revelación de correos entre su abogado y el fiscal de Delitos Económicos.
Ahora bien, entre los que defienden a García Ortiz, la cosa es diferente. Aquí no hay delito de revelación de secretos, dicen, porque lo que está en cuestión no es la nota de prensa, sino la filtración de esos correos electrónicos.
Y si se pregunta uno quién tuvo acceso a esos correos, la respuesta es un bonito «decenas de personas».
No era un derecho, sino un «deber», como bien ha dicho el portavoz de la UPF, Félix Martín, quien con ese toque de dramatismo propio de los fiscales ha declarado que García Ortiz no solo tiene el derecho, sino la obligación de defenderse a sí mismo y, de paso, a todos sus compañeros.
Que la partida está servida, nadie lo duda. Lo que no queda claro es quién será el último en reír.
