De forma silenciosa, desapercibida para la sociedad en una lúgubre e inquietante quietud hasta que todo estalle vivimos los tiempos más tristes y preocupantes de nuestro Estado de Derecho.
El 16 de octubre de 2024 quedará en los anales de la historia como una página negra en la democracia española, por primera vez un Fiscal General del Estado resulta investigado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y con una clara motivación política, servir de manera sumisa a “superior jerárquico” y aún a riesgo de conculcar la legalidad y el orden constitucional.
Todo con el objetivo de contribuir a una causa política, eliminar a una rival electoral (con independencia de lo que resulte en la causa penal que se sigue frente a la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid).
El autor intelectual y material de la afrenta, con serios indicios racionales de criminalidad según lo acordado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, es nada más y nada menos que don Álvaro García Ortiz, el Fiscal General del Estado, alguien que ni por cualificación ni por ética ni por imparcialidad, habría llegado nunca a tal condición.
Su único mérito es la amistad y sumisión al Presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón y a sus padrinos políticos Dolores Delgado y Baltasar Garzón Real.
Ese y no otro es el motivo de su designación, esa y no otra es la verdad incontestada que le ha llevado con oprobio a colocar en esta situación a la Fiscalía, esa y no otra ha sido la bandera de su actuación al frente de la Fiscalía General del Estado.
UNA SITUACIÓN INÉDITA EN NUESTRA HISTORIA DEMOCRÁTICA LA DE GARCÍA ORTIZ
La realidad es que nunca antes en nuestra historia democrática habíamos vivido una situación parecida, ni de lejos, el máximo representante de la legalidad en España investigado por un delito en el ejercicio de sus funciones con una clara finalidad política, rendir pleitesía al Presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón, a quien única y exclusivamente debe su nombramiento, para perjudicar a la rival política que probablemente más le incomoda en Madrid.
De resultar una sentencia condenatoria no habría peor corrupción posible, peor indignidad manifiesta, la utilización del poder, de los recurso públicos para eliminar a una rival electoral.
No es función de la Fiscalía combatir las “supuestas inexactitudes periodísticas” ni las “supuestas fake news” en las que según el exclusivo y parcial criterio de don Álvaro García Ortiz podrían incurrir.
La excusa es tan peregrina que cae por su propio peso.
¿Desde cuando la Fiscalía tiene la función de combatir “supuestas inexactitudes periodísticas”? ¿Porqué no lo hace en todas las causas penales? ¿Su función sólo se circunscribe a aquellas causas penales que afecten al entorno de la Presidenta de la Comunidad de Madrid?
¿Debemos creernos en acto de fe ciega y sumisión expresa las explicaciones inconsistentes y genéricas del discípulo de Dolores Delgado?.
«No es función de la Fiscalía combatir las ‘supuestas inexactitudes periodísticas’ ni las “supuestas ‘fake news’ en las que según el exclusivo y parcial criterio de don Álvaro García Ortiz podrían incurrir».
Quizás la decisión de ayer del Tribunal Supremo sólo fuese la crónica de una muerte anunciada. Álvaro García Ortiz fue declarado inidóneo por el Consejo General del Poder Judicial para el ejercicio de sus funciones.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado su arbitrariedad en el nombramiento de altos cargos de la Fiscalía, anulando sus nombramientos.
No hay peor corrupción posible que utilizar el poder para favorecer a personas afines pervirtiendo la imparcialidad y apariencia de legalidad a las instituciones que se presiden. No hay peor corrupción posible que poner a la Fiscalía al servicio de motivaciones políticas, pervirtiendo sus funciones constitucionales y la preservación de la legalidad y de la actuación imparcial.
En su reunión del 30 de noviembre de 2023 el Consejo General del Poder Judicial determinó que Álvaro García Ortiz “no tuvo reparo alguno para designar como Fiscal de Sala a persona con la que existía, cuando menos, una pacto tácito de do ut des y así se declara en la sentencia: «hay buenas razones para afirmar que entre el actual Fiscal General del Estado y la señora Delgado García existía, ya con anterioridad, una estrecha relación de confianza y que aquel tenía motivos de reconocimiento hacia esta. Había sido el Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado con la señora Delgado García y, precisamente por esa vía, ella le había facilitado la promoción a la categoría de Fiscal de Sala. No hay que olvidar, además, que el mencionado cargo de Jefe de la Secretaría Técnica supone ser el principal colaborador del Fiscal General del Estado, hasta el punto de que legalmente cesa cuando este termina su mandato o le retira su confianza. Todo esto corrobora la verosimilitud de que la intención del Fiscal General del Estado era efectivamente la que él mismo manifestó en la sesión del Consejo Fiscal… la convocatoria para cubrir -entre otras- la plaza aquí examinada fue acordada por el Ministerio de Justicia a iniciativa de la propia señora Delgado García cuando aún no había presentado su dimisión como Fiscal General del Estado; lo que no le impidió, pocas semanas más tarde cuando ya no ocupaba esa alta posición, presentar su solicitud como aspirante a esa misma plaza”.
DESVIACIÓN DE PODER
El Consejo General del Poder Judicial destacaba que “no parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al FGE pueda considerarse idóneo para su nombramiento; ello sin perjuicio de que si esa actuación se realiza en importantes nombramientos de la Carrera Fiscal, cabe pensar en la utilización de esa desviación de poder en nombramientos de igual o, aún peor, de inferiores categorías, pero que por su cantidad quizás sean de más relevante trascendencia para el interés público que se trata de salvaguardar”.
El Consejo General del Poder Judicial destacaba que durante el tiempo en que don Álvaro García Ortiz ha estado desempeñando el cargo de Fiscal General del Estado, se constataba que la designación de fiscales para los cargos discrecionales adolecía, cuando menos, de falta de transparencia y coherencia.
Así, durante ese tiempo, poco más de un año, se había procedido a la designación de 33 nombramientos discrecionales, de ellos 22 lo habían sido en miembros de la carrera asociados a la Unión Progresista de Fiscales, la cual cuenta con 200 asociados de los 2.700 totales de la carrera (es decir, del 7,4% de la carrera se han nombrado el 66.6% de los cargos discrecionales, con el añadido de que 14 de ellos lo han sido promocionando en una categoría superior); 5 lo han sido de la Asociación de Fiscales, la cual cuenta con 630 asociados (es decir, del 23% de la carrera se han nombrado el 15% de los cargos discrecionales) y 4 a los no asociados que son el mayor porcentaje de la carrera (970), lo que supone haber designado a solo el 12% a los que representan el 40%.
Debe resaltarse que en esos nombramientos existen informes previos del Consejo Fiscal que no consta que el FGE haya seguido. Concluir de esas magnitudes que los miembros de una concreta asociación minoritaria tienen ese grado de excelencia y que los que no pertenecen a ninguna asociación merecen un ostracismo para acceder a la cúpula judicial requiere una justificación muy reforzada que nunca se ha realizado porque dichos nombramientos se han hecho, en la casi totalidad de los supuestos en que existía una concurrencia competitiva, en favor de la propuesta realizada por el Consejo Fiscal. No parece, a juicio del Consejo, que pueda considerarse la idoneidad para el desempeño de FGE a quien ha actuado en materia de nombramientos con tales criterios.
El Consejo General del Poder Judicial destacaba que en los últimos meses la Fiscalía había sido sometida al escarnio público más desaforado que pudiera imaginarse y desconocido en toda nuestra historia judicial.
LOS FISCALES DEL «PROCÉS»
Ante esa situación y siendo el Fiscal General del Estado don Álvaro García Ortiz el único que podía y debía reaccionar a tan indigna campaña de desprestigio, la actuación del mismo ha sido, no ya la más absoluta inactividad, sino que, en sus comparecencias públicas, por sus actitudes, ha evidenciado una sintonía con quienes eran los promotores de tales campañas, ofreciendo el riesgo más que sospechoso de que dicha inacción no está fundada en un compartir tan graves acusaciones a la actuación de la Fiscalía.
Las actuaciones del señor don Álvaro García Ortiz evidencian un evidente deshonor con la condición de Fiscal General del Estado.
No son sólo los nombramientos sino la posición de la Fiscalía en clara sintonía con el Gobierno en causas de indudable interés político para la permanencia irreductible de Sánchez Pérez-Castejón al frente del Gobierno.
«Cualquier atisbo de regeneración democrática ante el evidente y próximo riesgo de gangrena pasa por la dimisión inmediata del Fiscal General del Estado y también del Presidente del Gobierno».
Fiel prueba de ello fue la resistencia irreductible de los “fiscales del procés” a amnistiar la malversación de caudales públicos y el triunfo del criterio jurídico e imparcial de estos frente al criterio político y servil de García Ortiz con los intereses del Gobierno, corroborado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Muy lejanos y en una evidente diferencia de altura quedan los tiempos en los que la Fiscalía General estaba encomendada a Eduardo Torres Dulce, Consuelo Madrigal, José Manuel Maza o Julián Sánchez Melgar que sirvieron con honor e imparcialidad a las funciones de su cargo, preservando de forma clara y firme el principio de legalidad y la preservación del orden constitucional.
Don Álvaro García Ortiz ha demostrado representar lo opuesto a la preservación de la imparcialidad. Lo más triste de su actuación, de su inactividad reaccionando a los ataques políticos, de su “sintonía jurídica” con los intereses políticos del Gobierno, es que ni tan siquiera probablemente han sido necesarias las órdenes o instrucciones del Ministro de Justicia Félix Bolaños ni del Presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Ya se sabía lo que se debía hacer.
DESPRECIA LA DIGNIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS
Después de que el Tribunal Supremo abriese una causa penal por la posible comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, hecho inédito en nuestra democracia el Fiscal General del Estado ha respondido con la altura que se le esperaba, no había mayor esperanza.
El fiscal declarado inidóneo para ejercer sus funciones como FGE por el Consejo General del Poder Judicial, el FGE cuyos nombramientos han sido anulados por arbitrariedad por la Sala Tercera del Tribunal Supremo y el FGE que ha sido declarado investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo afirma que no va a dimitir porque considera que “su continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo”.
Las afirmaciones de don Álvaro García Ortiz, sólo son propias de quien desprecia la dignidad de las instituciones democráticas, de quien sólo concibe la carrera fiscal como un medio para alcanzar altos cargos del Estado con independencia del coste y del deterioro que pueda suponer para la democracia y para nuestro Estado de derecho.
«Los miles de fiscales que sirven con honor y dignidad a sus funciones, en una indubitada preservación de la legalidad, no merecen un fiscal general como García Ortiz».
¿Cómo va a conjugar el señor García Ortiz el principio de dependencia jerárquica con la actuación imparcial de la Fiscalía en la causa que se sigue contra él?
Viendo la trayectoria partidista y lejana al principio de legalidad…, ¿podemos confiar en que García Ortiz no intentará utilizar su posición para preservar su propia posición personal?
Dicho de otro modo en palabras claras y veraces de la mayoritaria Asociación de Fiscales: “La dimisión del Fiscal General es inevitable. Mantenerse en el cargo sólo se puede interpretar con una voluntad para mantener el control de la institución en su propio cargo, y desde luego no en el interés de la Fiscalía española”.
En definitiva los miles de fiscales que sirven con honor y dignidad a sus funciones, en una indubitada preservación de la legalidad, no merecen un fiscal general como García Ortiz.
La dimisión de García Ortiz no debe servir en cualquier caso de dique de contención a un Gobierno que ha convertido la legislatura en un infierno democrático.
Quien llegó a lomos de una supuesta lucha contra la corrupción, el señor Pedro Sánchez Pérez-Castejón, se ha convertido en el principal adalid de la misma y ha abanderado con oprobio e indignidad la peor corrupción posible.
Se ha jactado de controlar la Fiscalía, ha nombrado a su ministra como Fiscal General del Estado, ha designado a dos altos cargos como magistrados del Tribunal Constitucional, ha promovido una farsa política para renovar el Consejo General del Poder Judicial, ha utilizado a sus ministros y los recursos públicos para emprender una campaña de acoso y derribo contra el magistrado que investiga a su esposa y aparece ahora rodeado de corrupción en cada flanco de su gobierno.
Nunca antes en la historia de nuestra democracia habíamos asistido a tal degradación del Estado de derecho, Pedro Sánchez Pérez-Castejón es un cáncer metastásico que amenaza con destruir cada control, cada institución democrática que toca.
Cualquier atisbo de regeneración democrática ante el evidente y próximo riesgo de gangrena pasa por la dimisión inmediata del Fiscal General del Estado y también del Presidente del Gobierno. Ni un segundo más pueden permanecer en sus cargos. Son lo opuesto al Estado de derecho.
