Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo. Ahí es nada. En un país donde el surrealismo a veces parece la norma, esto es un colofón perfecto a dos años de mandato marcados por polémicas, desde el primer minuto.
Como si el puesto viniera con una maldición bajo el brazo, primero fue criticado por heredar el trono de Dolores Delgado, su antecesora y protectora, casi como si le hubiera pasado la vara de mando en una ceremonia secreta.
Luego vino el Consejo General del Poder Judicial para dar la estocada: “no es idóneo”, dijeron. Por eso mismo.
Y por si eso fuera poco, el Supremo, con la delicadeza de un espadachín experimentado, habló de “desviación de poder.” Porque claro, en esta España nuestra, la política y la justicia son un campo de batalla donde pocos salen indemnes.
El último golpe ha llegado hoy con una sala de cinco magistrados, presidida por Manuel Marchena, quien ya ha lidiado con varios sainetes de esta naturaleza.
La ponente, Susana Polo, también sabe de qué va el juego. Unanimidad absoluta para abrirle causa a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos.
Y todo gracias a la querella de un tipo que no es precisamente un mindundi: Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña que ha aprendido a capear tormentas mediáticas mejor que nadie.
UNA NOTA DE PRENSA, EL ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN DE GARCÍA ORTIZ
El desenlace de lo que ha ocurrido hoy empezó con una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid, el 14 de febrero (el día de los enamorados; ¡oh, ironías de la vida!), donde se desvelaban los correos de las negociaciones entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto.
Sí, esos mismos correos que ya olían a quemado en las redacciones de media España antes de que el comunicado oficial los sirviera en bandeja.
Pero, como suele pasar, el diablo está en los detalles: el Supremo no le quita el ojo a lo que se pueda haber perjudicado aquí, especialmente el derecho de defensa del bueno de Alberto, que está metido en otro fregado, investigado por fraude fiscal.
Y claro, García Ortiz, ese hombre que parecía esperar este golpe con la resignación de quien sabe que el destino ya está escrito, salió al paso con un comunicado.
Ni se inmuta. «Seguiré en el cargo», ha declarado hoy a través de un comunicado, porque está convencido de que “es lo menos gravoso y más prudente para la institución”.
Una frase que suena más a epitafio que a otra cosa, pero él lo suelta sin pestañear. Después de todo, la Fiscalía es como el circo romano: solo sobreviven los gladiadores que saben jugar sucio.
Lo cierto es que desde que Dolores Delgado lo dejó a los mandos en julio de 2022, tras abandonar el barco por razones de salud –una operación de espalda–, todo ha sido cuesta abajo.
Ortiz venía de ser la mano derecha de Delgado en la Secretaría Técnica, así que muchos ya veían venir la tormenta. Y no tardó en desencadenarse.
Una de sus primeras decisiones fue devolverle el favor a su mentora, ascendiendo a Delgado a la Sala de lo Militar del Supremo a través de una propuesta al Gobierno, que es el que toma la última decisión. O Pedro Sánchez, para ser más precisos.
Una jugada que fue como echar gasolina al fuego: el Consejo Fiscal, en el que son mayoritarios los miembros de la Asociación de Fiscales y de la Asociación Profesional de Fiscales, se opuso, recomendando a Luis Rueda, un exteniente fiscal del Tribunal de Cuentas con más experiencia en derecho militar que una legión de romanos.
DESVIACIÓN DE PODER
Rueda, por supuesto, recurrió, y el Supremo le dio la razón. Así que volvemos al tema de la «desviación de poder», esa expresión tan de moda últimamente.
Pero García Ortiz no aprende. A pesar de los varapalos judiciales, sigue a lo suyo, como si llevara una armadura invisible que lo protege de la realidad.
Cuando no es la polémica por ascender a Delgado, es por los nombramientos a dedo que han provocado más de una baja en la Unión Progresista de Fiscales.
Los veteranos, como Javier Zaragoza y Almudena Lastra, se hartaron del espectáculo y saltaron del barco antes de que se hundiera.
Porque en este circo, la función siempre continúa, pero no todos están dispuestos a seguir tocando el violín mientras se hunde el Titanic.
Y como colofón a esta tragicomedia, el pleno del Consejo General del Poder Judicial lo declaró “no idóneo” para el cargo, acusándolo de usar sus poderes de forma «espuria». Lo que traducido al lenguaje llano significa que ha hecho lo que le ha dado la gana.
Pero él, imperturbable, respondió en el Congreso: “No adoptaré posiciones partidistas”. Con una sonrisa de quien sabe que, en este juego, la verdad importa menos que la narrativa.
Mientras tanto, las grietas siguen apareciendo. La Junta de Fiscales de Sala lo confrontó por el caso ‘Tsunami Democràtic’, y la ley de amnistía no se queda atrás.
La Junta de Fiscales de Sala, que tampoco es que sea un convento de monjas, se dividió como la tripulación de un barco pirata antes de un motín.
Álvaro Redondo, uno de los suyos, había propuesto investigar a Carles Puigdemont por terrorismo, por su supuesta mano en los disturbios que siguieron a la sentencia del ‘procés’.
Pero la mayoría de la Junta de la sección penal tumbó el informe sin pestañear, como si hubieran visto mejores cosas en la vida. Porque aquí, la política y la justicia bailan un pasodoble más complicado de lo que parece.
NO HABÍA MOTIVOS PARA INVESTIGAR A PUIGDEMONT
Y claro, el informe terminó en manos de María Ángeles Sánchez-Conde, la teniente fiscal del Supremo, que decidió que no había motivos suficientes para investigar a Puigdemont.
Ella, más prudente o quizás más cínica, dijo lo que muchos querían oír: que por mucho ruido que haga el independentismo, llamarlo terrorismo ya es otro cantar.
Se cubrió las espaldas, eso está claro, mientras otros se afilaban los cuchillos esperando la siguiente jugada.
Lo mismo pasó con la ley de amnistía. Aquí las cosas tampoco fueron de consenso, más bien de trincheras.
La Junta de Fiscales de Sala votó de manera ajustada, como un combate de esgrima, y decidió que la ley se aplicaría a la malversación, la desobediencia y los desórdenes públicos del ‘procés’.
Y ahí apareció, de nuevo, nuestro protagonista, García Ortiz, que decidió, como quien manda en su cortijo, que Sánchez-Conde, su fiel número dos, se encargaría de redactar los informes.
¿Y qué hizo entonces? Apartó sin pestañear a los cuatro fiscales del ‘procés’, como si fueran peones en un tablero de ajedrez. Porque en esta guerra de despachos, la lealtad se paga con poder.
El Gobierno, como era de esperar, le ha dado su bendición hasta 2027. Lo han ratificado este miércoles, a través del ministro del ramo, Félix Bolaños, con ese “total respaldo” que suena más a trámite que a otra cosa. Mientras, suenan las voces de la Asociación de Fiscales y de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), exigen su dimisión.
La APIF, que tampoco se anda con bromas, tiene recurrida la renovación de García Ortiz ante el Supremo.
Porque aquí, como en una buena novela de capa y espada, los enemigos no desaparecen, solo esperan su momento para atacar.
