La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) presentará cautelarísimas ante el juzgado para evitar que entre en vigor la modificación española del Reglamento Europeo sobre los medicamentos. Una medida que, de hacerse efectiva, podría vulnerar “el derecho al acceso a medicación” de las personas mayores que viven en residencias. Y, del mismo modo, provocar una nueva saturación “de una Sanidad Pública que ya está al borde del colapso”.
El 2 de octubre de 2015, la Unión Europea publicaba el Reglamento 2016/161, de cara a la unificación de los procesos de seguridad “para prevenir la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal”.
Una directriz que buscaba un mayor control sobre la compraventa y el suministro de medicamentos en todos los estados miembros. Y que provocaba que, en 2019, el Gobierno de España publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la adaptación a la normativa española del mandato europeo.
Sin embargo, esta transposición de la norma no fue completa. Y así lo critican desde AESTE.
Así pues, la Unión Europea incluyó en su legislación una serie de entidades e instituciones que suponían una “excepción” a la norma. Ello, con la intención de “dar cabida a las características específicas de la cadena de suministro de los Estados miembros”. Excepciones en las que se encuentran las residencias de personas mayores.
Una excepcionalidad que, sin embargo, no contempla la normativa española. “Y con ella, deja fuera de la flexibilidad farmacológica a los centros residenciales de las personas mayores”, lamenta AESTE.
La medicación en las residencias de mayores, en riesgo
Una falta de flexibilidad que afectará especialmente a las residencias. Y, por ende, a los ancianos que dependan de medicación que necesite receta médica para su dispensación.
“En la actualidad, las farmacias adelantan a las residencias los fármacos necesarios con la receta del médico de la residencia (privada). Y, posteriormente, el médico de Atención Primaria aporta las recetas correspondientes para que el paciente no tenga que hacer frente al pago del fármaco. Con la entrada en vigor de esta norma, las personas mayores tendrán que pagar el coste total del medicamento, sin que haya posibilidad de que sea cubierto por la Seguridad Social a posteriori”, explican desde la asociación.
Una situación que, para la secretaria general de AESTE, Josune Méndez, supone que “se está vulnerando su derecho al acceso a la medicación”. Algo que, además, se sumará a un aumento de las visitas de estas personas de tercera edad a los centros de salud.
Problema que “saturará más una Sanidad Pública que ya está al borde del colapso”. Especialmente, debido a que “que las personas mayores que viven en residencias, es decir, en su casa, paguen por sus medicamentos, no es una opción que se pueda contemplar”.
Una norma ante la que se presentarán medidas cautelares
Reglamento que, según fuentes de Sanidad, deberá entrar en vigor el próximo 1 de noviembre de manera oficial. Ello, a pesar de que, tal y como lamentan desde AESTE, “ningún ministerio ha comunicado a las entidades los profundos cambios que conlleva la normativa”.
Una normativa ante la que, sin embargo, la asociación no parece querer estar inmóvil. Y es que, tal y como han confirmado fuentes cercanas a Confilegal, lo cierto es que la asociación ya plantea llevar esta situación ante los tribunales.
En concreto, AESTE “va a solicitar la adopción de medidas cautelarísimas debido a la urgencia de esta situación que, no siendo una normativa que va dirigida a nuestro sector, hemos sido recientemente conocedores de su impacto en el mismo”.
“Nuestro objetivo es evitar que la implantación de dicha normativa tenga como consecuencias, bien la vulneración del derecho de las personas mayores que viven en residencias a acceder a los medicamentos que necesitan de manera financiada, o bien en colapso del sistema nacional de salud”, explican a Confilegal.
