"Mi objetivo con este libro ha sido brindar una herramienta que permita entender los principios, los beneficios y las limitaciones del derecho procesal digital", explica el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Foto: Confilegal.
Joaquín Delgado Martín: «El derecho procesal digital facilita una justicia más accesible, eficiente y transparente»
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16/11/2024 05:40
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Actualizado: 16/11/2024 09:12
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El sistema judicial español, tradicionalmente asociado con montañas de papel y trámites interminables, enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia: la transformación digital.
En este contexto, Joaquín Delgado Martín, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se erige como una de las voces más autorizadas para analizar un fenómeno que está redefiniendo las bases del derecho procesal.
Su reciente libro, «Derecho Procesal Digital», es una obra pionera que busca iluminar el camino hacia una justicia más ágil, transparente y accesible.
La cuestión es ineludible: ¿puede la tecnología solucionar los problemas crónicos del sistema judicial sin poner en riesgo derechos fundamentales?
Delgado Martín lo tiene claro, pero no subestima las complejidades.
En esta entrevista el magistrado explica con precisión cómo el derecho procesal digital integra herramientas tecnológicas que prometen revolucionar el modo en que se administra justicia.
“Se trata de mejorar la eficiencia, pero también de garantizar que nadie quede fuera del sistema,” afirma.
¿Qué le motivó a escribir este libro sobre el derecho procesal digital?
La motivación principal para escribir este libro fue la necesidad de ofrecer una guía comprensible y estructurada sobre un tema que, aunque es relativamente nuevo, está transformando de forma irreversible la administración de justicia.
Durante años he visto cómo el avance tecnológico ha impactado el sistema judicial, muchas veces de manera positiva, pero también creando incertidumbres y desafíos para los profesionales del derecho, los ciudadanos y el propio sistema.
Mi objetivo con este libro ha sido brindar una herramienta que permita entender los principios, los beneficios y las limitaciones del derecho procesal digital.
Quería que tanto los operadores jurídicos –jueces, fiscales, funcionarios, procuradores y abogados– como el público en general tuvieran acceso a un análisis profundo y práctico de cómo la tecnología puede integrarse en la justicia, respetando siempre los derechos fundamentales y garantizando la transparencia y seguridad de los procesos.
Además, siento que estamos en un momento crucial: los cambios están ocurriendo rápidamente y es fundamental que haya una base de conocimiento sólido que oriente y facilite la transición.
Mi intención es que este libro ayude a construir esa base, respondiendo preguntas, disipando temores y mostrando cómo la digitalización puede hacer que el sistema judicial sea más accesible y eficiente.
¿Cómo definiría el derecho procesal digital y cuál es su importancia en el contexto actual?
Bueno, el derecho procesal digital es, en esencia, la aplicación de tecnologías al ámbito judicial para satisfacer las necesidades jurídicas de las personas y resolver sus conflictos de manera más eficaz.
A diferencia del derecho procesal tradicional, que se ha enfocado en normas y procedimientos sin apoyo tecnológico, el derecho procesal digital se centra en cómo integrar herramientas digitales, desde el inicio hasta la resolución del proceso judicial, para facilitar el acceso, mejorar la eficiencia y garantizar la transparencia.
Este concepto, que he desarrollado en el libro, responde a la transformación tecnológica que estamos viendo en la justicia y a la necesidad de abordar estos cambios desde una perspectiva jurídica sólida.
No se trata solo de aplicar tecnología porque está disponible, sino de hacerlo preservando las garantías procesales fundamentales.
La digitalización debe adaptarse para fortalecer derechos procesales como la accesibilidad, la seguridad de los datos y la igualdad de acceso a la justicia, sin perder el rigor ni la formalidad que requiere el ámbito judicial.
¿Cuáles serían los principios fundamentales del derecho procesal digital que lo distinguen del derecho procesal tradicional?
El derecho procesal digital comparte principios con el derecho procesal tradicional, como la imparcialidad y la protección de derechos, pero también introduce principios específicos.
Uno de ellos es el principio de orientación al dato, que implica que toda la información ingresada en el sistema judicial esté estructurada de forma que pueda ser tratada y utilizada eficientemente por herramientas tecnológicas.
También está el principio de accesibilidad, que busca asegurar que cualquier ciudadano, independientemente de su nivel tecnológico, pueda interactuar con el sistema judicial de forma efectiva y segura.
La seguridad de los datos y la transparencia también son esenciales, ya que estamos manejando información sensible y decisiones que afectan profundamente a las personas.
La importancia del derecho procesal digital radica en que nos permite construir un sistema judicial que no solo incorpore tecnología, sino que lo haga de manera estructurada y con una base legal sólida, lo cual es fundamental para que los derechos y garantías procesales se mantengan intactos en esta era digital.
¿Podría explicar en qué consiste y cómo impacta en la forma en que se estructuran los documentos judiciales?
La clave está en la orientación al dato lo que implica que, en lugar de redactar documentos judiciales como textos corridos, se estructuren en campos específicos y estandarizados.
Por ejemplo, en lugar de que un abogado redacte una demanda de forma libre, debe completar una serie de secciones o formularios específicos: los motivos de la demanda, los derechos invocados, las partes involucradas, etc.
«El derecho procesal digital comparte principios con el derecho procesal tradicional, como la imparcialidad y la protección de derechos, pero también introduce principios específicos».
Así, cada pieza de información entra al sistema judicial de una forma estructurada, lista para ser procesada por herramientas digitales y sistemas de gestión de casos.
Este enfoque permite no solo una mayor organización de la información, sino que facilita el uso de inteligencia artificial para procesar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, un sistema podría identificar rápidamente casos similares o buscar patrones entre diferentes juicios.
Al estandarizar cómo ingresamos la información, optimizamos la capacidad del sistema judicial para analizar y organizar esa información, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
Además de la orientación al dato, usted habla de la accesibilidad como un principio fundamental. ¿Cómo puede el derecho procesal digital garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a la justicia de forma equitativa?
La accesibilidad es esencial en el derecho procesal digital. Significa que cualquier ciudadano, independientemente de su nivel de conocimientos tecnológicos o sus limitaciones físicas, debe poder interactuar con el sistema judicial.
Esto incluye desde el diseño de interfaces intuitivas y adaptativas hasta la creación de guías o tutoriales que expliquen cómo presentar un escrito o consultar el estado de un procedimiento en línea.
La accesibilidad también implica ofrecer soporte para quienes no tengan acceso a dispositivos tecnológicos o conexión a internet, como puntos de acceso públicos o asistencia en sedes judiciales.
Todo esto busca asegurar que la digitalización no se convierta en una barrera, sino en una herramienta que facilite el acceso a la justicia. Es un reto que requiere inversión y un compromiso real de las administraciones públicas, pero es fundamental para que el sistema sea verdaderamente inclusivo.
¿Qué papel juega la seguridad de los datos en el derecho procesal digital? ¿Cómo se asegura que la información sensible esté protegida?
La seguridad de los datos es un pilar en el derecho procesal digital porque el sistema judicial maneja información altamente sensible y personal.
La protección de estos datos se asegura a través de varios mecanismos: en primer lugar, mediante el uso de encriptación avanzada, que protege la información durante su transmisión y almacenamiento.
También se implementan sistemas de autenticación reforzada para el acceso a los expedientes, asegurando que solo las personas autorizadas puedan consultar ciertos datos.
Además, la tecnología de “blockchain” se está explorando como una forma de garantizar la integridad de los documentos, ya que permite registrar cualquier cambio en la información, haciendo que sea prácticamente imposible modificar un expediente sin dejar rastro.
También es esencial la capacitación del personal judicial en prácticas de ciberseguridad, ya que de nada sirven los sistemas de seguridad si las personas que los usan no conocen los riesgos o los protocolos para proteger la información.
No elude tampoco el impacto de la inteligencia artificial, tan de moda en nuestros días. ¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial en el derecho procesal digital y hasta dónde cree que debería llegar su intervención en los procesos judiciales?
La inteligencia artificial tiene un papel importante, pero limitado, en el derecho procesal digital. Actualmente, la IA puede ser muy útil en tareas administrativas y de análisis de datos, como identificar patrones en casos similares o extraer información relevante de documentos largos.
Sin embargo, la IA no debe reemplazar el juicio humano en la toma de decisiones judiciales, especialmente en casos complejos donde hay consideraciones éticas o interpretaciones legales sutiles.
Es fundamental que siempre haya supervisión humana en el uso de la IA en el sistema judicial.
En los casos más simples, la IA puede ayudar a automatizar ciertos trámites o sugerir soluciones, pero en las decisiones de fondo, como en un juicio penal o en la valoración de pruebas, el control debe ser del juez o el fiscal, que pueden considerar aspectos que una máquina no puede evaluar con sensibilidad o contexto.
«Es esencial la capacitación del personal judicial en prácticas de ciberseguridad, ya que de nada sirven los sistemas de seguridad si las personas que los usan no conocen los riesgos o los protocolos para proteger la información».
¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentra en la implementación del derecho procesal digital en España? ¿Qué pasos serían necesarios para superarlos?
Uno de los mayores obstáculos es la resistencia al cambio, tanto por parte de los profesionales como de las instituciones. La implementación del derecho procesal digital requiere una inversión significativa en tecnología y capacitación, lo que a veces genera reticencia, especialmente en personas que no están familiarizadas con las herramientas digitales.
También existen desafíos técnicos, como la interoperabilidad entre los sistemas de distintas jurisdicciones y Comunidades Autónomas, ya que actualmente no todos los sistemas judiciales en España están unificados ni preparados para trabajar conjuntamente de forma digital.
Para superar estos obstáculos, es fundamental un compromiso claro del Estado y de las Comunidades Autónomas en términos de inversión y desarrollo de infraestructuras tecnológicas.
Además, debe haber un plan de formación intensivo para todos los operadores judiciales y campañas informativas para que los ciudadanos comprendan y se sientan cómodos con el uso de estas nuevas herramientas.
También sería beneficioso avanzar en la armonización de los sistemas de gestión de expedientes entre las distintas regiones, permitiendo una verdadera interoperabilidad que facilite el trabajo diario en el ámbito judicial.
Cambiando de tema, también aborda en tu libro la problemática de los juicios telemáticos. El Real Decreto-ley 6/2023 les confirió carta de naturaleza. Ya no son la excepción sino la norma. Sin embargo, presentan una problemática. ¿Cómo se garantiza la publicidad de los juicios cuando son así, telemáticos?
Efectivamente, la publicidad de los juicios es un derecho esencial en cualquier sistema judicial democrático, ya que asegura la transparencia del proceso y permite que la ciudadanía supervise el funcionamiento de la justicia.
En los juicios presenciales, este derecho se respeta al permitir que cualquier persona interesada pueda asistir a la sala. Sin embargo, en un contexto telemático, este derecho plantea ciertos desafíos, principalmente en lo que respecta a la protección de datos, la seguridad de las conexiones y la posibilidad de que la audiencia pública acceda de forma segura y controlada.
Para solventarlo, sería necesario implementar plataformas seguras y reguladas que permitan el acceso público a las vistas telemáticas de manera similar a como se permite en los juicios presenciales.
«El derecho a la publicidad de los juicios es fundamental y debe ser compatible con la digitalización del proceso judicial».
Esto podría realizarse mediante un enlace de acceso público en el que, tras una identificación previa, se permita a los ciudadanos observar el juicio en tiempo real, garantizando al mismo tiempo que no se puedan realizar grabaciones ni capturas de pantalla. Este control es fundamental para evitar la manipulación o difusión no autorizada de los contenidos del juicio.
Además, se deben establecer normas claras que definan en qué casos es posible restringir el acceso del público, como en aquellos en los que la privacidad de las partes sea una prioridad, como en juicios que involucren a menores o en casos de violencia de género.
En esos casos, aunque el acceso público podría estar restringido, debería garantizarse la presencia de periodistas o representantes de organizaciones de derechos humanos, que puedan supervisar el proceso y garantizar que se respeten las garantías judiciales.
¿Cree que la digitalización en este aspecto puede enriquecer el acceso del público, o que supone más riesgos?
La digitalización, si se maneja adecuadamente, puede enriquecer el acceso público a la justicia. Permitiría que personas de cualquier parte del país, incluso del mundo, puedan seguir un juicio sin necesidad de trasladarse físicamente.
Esto es especialmente valioso en casos de interés mediático o público, en los que el derecho a la información es fundamental. Sin embargo, los riesgos son evidentes: una plataforma inadecuada podría ser vulnerable a ciberataques o a la grabación y difusión no autorizada de información confidencial.
Por eso, cualquier iniciativa de justicia telemática que permita el acceso público debe estar respaldada por tecnologías de alta seguridad, con protocolos claros sobre quién puede acceder y bajo qué condiciones.
Asimismo, es importante que se eduque a la ciudadanía sobre sus derechos y deberes al asistir a un juicio telemático, dejando claro que no se permite grabar ni compartir información sin autorización. La clave está en encontrar un equilibrio donde la publicidad del juicio y la protección de los derechos de las partes se complementen, sin que una limite injustamente a la otra.
¿Qué recomendaciones haría para que este derecho a la publicidad de los juicios se adapte a un formato digital sin perder su esencia?
Recomendaría que, en primer lugar, se desarrollen plataformas de acceso público controladas, donde los ciudadanos puedan ingresar tras una verificación básica, como un registro de identificación, para evitar el anonimato y reducir el riesgo de abuso.
Sería ideal que estas plataformas ofrezcan opciones de visualización sin permitir ninguna interacción que afecte el desarrollo de la vista, similar a cómo en un juicio presencial el público debe mantenerse en silencio y sin interferir en el proceso.
Otra recomendación es la creación de un sistema de supervisión y registro. Cada acceso público debería quedar registrado, para que el tribunal tenga un control de quiénes asisten y pueda proteger la confidencialidad en los casos que lo requieran.
Para juicios de alto interés o en los que no se permita la entrada de público general, la participación de representantes de medios de comunicación, previa acreditación, es esencial. Así, se asegura que la información llegue a la ciudadanía de manera precisa y controlada.
El derecho a la publicidad de los juicios es fundamental y debe ser compatible con la digitalización del proceso judicial.
Es necesario un equilibrio que permita el acceso público sin comprometer la integridad del juicio ni la seguridad de las partes, y eso se logra con una combinación de tecnología adecuada, normas claras y un control riguroso que respete tanto los derechos de los ciudadanos como los de los involucrados en el proceso judicial.
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