Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi La Ley, presentando a los autores de este II Informe, Concepción Campos Acuña y Joaquín Delgado Martín. Foto: Confilegal.
El II Informe del Observatorio de los ODS propone transformar la sostenibilidad en un derecho humano
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26/11/2024 05:35
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Actualizado: 26/11/2024 09:23
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El II Informe del Observatorio de los ODS en el Sector Público de la Fundación Aranzadi La Ley propone una idea revolucionaria y urgente: transformar la sostenibilidad en un derecho humano de cuarta generación.
Titulado «La sostenibilidad como Acción Pública: elementos para la construcción y defensa de un nuevo derecho. Conclusiones y propuestas para avanzar en la construcción y consolidación del derecho a un desarrollo sostenible», pone un énfasis notable en el Objetivo 16 de la Agenda 2030, que busca «promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles».
«¿De qué sirve reconocer derechos si no existe un sistema de justicia que vele por ellos?», se preguntó el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Joaquín Delgado Martín, coautor de este informe junto a Concepción Campos Acuña, codirectora de la Red Localis y profesora asociada de Derecho Administrativo.
«El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 puede considerarse un derecho bisagra para el resto de los derechos, porque afecta a los derechos sociales, económicos y medioambientales», añadió el magistrado, durante la presentación de este II Informe, que tuvo lugar ayer por la tarde-noche en la sede de la Mutualidad, que fue introducido por Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi La Ley.
Campos Acuña, por su parte, reconoció que los ODS todavía no son comprendidos por la ciudadanía. Constató la necesidad de un mayor proceso de divulgación para que llegue a la población, lo que está ocurriendo. Y constató la necesidad de disponer de una fuente de financiación suficiente. «Las grandes declaraciones, si no van acompañadas de recursos, son papel mojado», aseguró.
PROPONE SOLUCIONES INNOVADORAS
En este II informe los autores no solo analizan el estado actual del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sino que propone soluciones innovadoras para superar los retos que enfrenta la Agenda 2030.
La sostenibilidad, este derecho humano de cuarta generación, integraría las dimensiones ambiental, social y económica, garantizando que el desarrollo no comprometa los recursos de las generaciones futuras.
Para ello, se plantea la construcción de un marco jurídico que permita exigir este derecho de manera efectiva, tanto a nivel nacional como internacional. Este enfoque busca garantizar que la sostenibilidad no sea solo un principio aspiracional, sino un compromiso tangible para todos los actores implicados.
En segundo lugar, el informe enfatiza la necesidad de fortalecer el papel de los poderes públicos como garantes de este derecho. Esto implica que las administraciones adopten políticas públicas integrales que aborden la sostenibilidad de manera transversal y que las instituciones judiciales integren criterios sostenibles en sus resoluciones.
Además, se destaca la importancia de diseñar mecanismos de sanción efectivos para quienes incumplan normativas relacionadas con la sostenibilidad, asegurando así que el marco normativo sea respetado y que los ciudadanos puedan confiar en la protección de sus derechos.
EXTENDER EL HORIZONTE DE 2030 A 2050
Otro punto clave es la propuesta de extender el horizonte de la Agenda 2030 hacia metas más realistas, con una posible ampliación al 2050. Esto permitiría establecer objetivos intermedios que den tiempo suficiente para implementar acciones efectivas, evitando la percepción de fracaso ante el incumplimiento de los plazos actuales.
Según el informe, esta extensión debe ir acompañada de indicadores homogéneos y universales que permitan medir el progreso de manera objetiva y realista.
La financiación también ocupa un lugar central en las conclusiones. Sin recursos económicos suficientes, la sostenibilidad seguirá siendo un desafío inalcanzable. Por ello, el informe aboga por incrementar la inversión pública y fomentar alianzas público-privadas como motores de cambio.
Asimismo, se resalta la necesidad de que las empresas incorporen criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en sus estrategias, haciendo de la sostenibilidad un eje rector de su actividad económica.
En el ámbito de la tecnología, el informe alerta sobre los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial (IA) en la sostenibilidad.
Por un lado, propone el desarrollo de una IA sostenible por diseño, que reduzca su impacto ambiental y potencie su capacidad para resolver problemas sociales y económicos.
Por otro lado, llama a la regulación de estas tecnologías para garantizar que sus beneficios se distribuyan de manera equitativa y que no se perpetúen desigualdades existentes.
Por último, el informe subraya la importancia del acceso a la justicia como un elemento central para hacer realidad este nuevo derecho humano.
En la presentación tomaron parte Ruben Baz, subsecretario de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Ministerio del ramo, y Juan Vaquerizas, del Ministerio de Justicia, que sustituyó al secretario de Estado, Manuel Olmedo.
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