El Partido Popular de la Comunidad Valenciana y Compromís, en un raro momento de lucidez conjunta —o tal vez de pragmatismo forzado—, decidieron ayer plantar cara al Gobierno central, instándolo a regular de una vez la famosa cláusula rebus sic stantibus. Y así lo aprobaron en las Cortes valencianas.
Y no porque les haya dado un ataque de altruismo, claro, sino porque hasta el más ciego sabe que, después de una DANA de proporciones bíblicas, o renegocias contratos o cierras persianas.
Eso sí, que nadie espere milagros en este país de cuñados y burócratas, donde cualquier avance se arrastra como un caracol ebrio en una tormenta.
La rebus sic stantibus, para quien no esté familiarizado con la jerga de los juristas, es algo tan lógico como extraordinario: una forma de ajustar contratos cuando la realidad se desmorona y lo que parecía un acuerdo justo se convierte en una soga al cuello.
Es una idea vieja como el derecho romano, pero aquí, en el reino de la pandereta, parece ciencia ficción. «¿Regular esto?», se preguntan algunos. «¿Y por qué no directamente invocar a Gandalf?».
Es una cláusula pensada para salvar a muchas empresas que han visto sus cuentas ahogarse tras la última DANA, esa tromba de agua que, como siempre, dejó destrucción, excusas y una cola interminable de damnificados esperando ayudas que nunca llegan.
LA REBUS NO ES UN TRUCO DE MAGIA COMO PIENSAN ALGUNOS DEL PSPV-PSOE
No es un truco de magia sacado de Howards, aunque algún diputado con más lengua que cerebro haya sugerido lo contrario.
Se trata de un principio jurídico con pedigrí, respaldado por el Tribunal Supremo, que reconoce que, cuando la realidad cambia de forma brutal y completamente inesperada, lo justo es adaptar los contratos.
No es más que aplicar un poco de lógica en un mundo acostumbrado a regirse por el absurdo.
Por supuesto, esto no impidió que los de siempre, con una mezquindad que asombra pero no sorprende, se opusieran a la propuesta. El Partido Socialista del País Valenciano y VOX, en un ejercicio de ceguera política digno de estudio, votaron en contra.
¿Su argumento?
Que todo sonaba a fantasía infantil, como si estuviéramos convocando duendes en lugar de intentar salvar a miles de pequeñas y medianas empresas de la ruina. Ignorancia supina, sí, pero también un desprecio implícito hacia quienes intentan salir adelante con los restos de lo que antes llamaban economía.
Y mientras tanto, en Madrid, el Gobierno central, ese gran ausente de todas las catástrofes, sigue sin dar señales de vida. Dos meses después de la riada, las ayudas directas prometidas apenas han superado un mísero 2%.
Es decir, un parche insignificante en una herida que sigue abierta y sangrando. Pero no pasa nada, porque aquí siempre hay tiempo para la foto, la declaración vacía y el aplauso fácil, mientras los afectados siguen recogiendo barro y trozos de su vida.
Si algo queda claro en todo este embrollo es que la rebus sic stantibus no es solo un tecnicismo legal. Es, o debería ser, una tabla de salvación para quienes están al borde del naufragio.
Y oponerse a regularla no es solo ignorancia; es crueldad. Es mirar a otro lado mientras miles de familias ven cómo se desmoronan sus negocios y su futuro. Pero, claro, para eso hace falta un mínimo de empatía y, sobre todo, voluntad de hacer algo más que discursos.
Y eso, por desgracia, es lo que más escasea.
