En 2024, la Fiscalía ha enfrentado múltiples desafíos, entre ellos, la sobrecarga de trabajo, la falta de plantilla, de recursos y, sobre todo, porque ha vivido un acontecimiento que nunca antes había ocurrido.
Un año difícil en la Fiscalía: falta de plantilla, «sin avances» en materia de modernización y con García Ortiz imputado
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20/12/2024 01:30
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Actualizado: 20/12/2024 13:52
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En 2024, la Fiscalía ha enfrentado múltiples desafíos, entre ellos, la sobrecarga de trabajo, la falta de plantilla, de recursos y, sobre todo, porque ha vivido un acontecimiento que nunca antes había ocurrido, la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz por el Tribunal Supremo.
Ello por un presunto delito de revelación de secretos en la causa por fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una investigación que se está llevando a cabo, también, contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández.
Confilegal ha solicitado un pequeño balance a las tres asociaciones de fiscales sobre cómo ha sido este 2024 y qué deseos tienen para 2025. No obstante, Unión Progresistas de Fiscales (UPF) ha preferido dirigirse directamente a sus asociados para hacer balance.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), ha calificado el balance de 2024 como negativo, particularmente en lo que respecta a los derechos de los fiscales. Pues uno de los problemas que persisten es la figura del fiscal en expectativa de destino, una situación que afecta especialmente a los integrantes de las promociones más recientes que no obtienen plaza definitiva y se vean «obligados» a mantenerse «incomprensiblemente» en una situación provisional durante años.
Por otro lado, detalla que en este año se ha producido un retroceso en materia de prestación sanitaria de los fiscales, jueces y funcionarios de la administración de justicia.
Sostiene que el Gobierno no tiene interés en mantener el sistema de MUGEJU. Algo que «ha quedado en evidencia en la última licitación para el concierto sanitario».
En cuanto a incrementos salariales, la presidenta de AF recuerda que la mesa de retribuciones reunida en 2024 no ha dado respuesta a estas cuestiones, las cuales quedaron propuestas en 2023. Además, resalta que carecen de un sistema de determinación de las cargas de trabajo pese a sus constantes reclamaciones.
La imputación del FGE «ha sacudido los cimientos de la carrera»
Además, explica que las ampliaciones de plantilla en la Fiscalía siguen siendo «escasas e insuficientes» para atender las crecientes demandas derivadas del aumento de los índices de criminalidad y de las nuevas responsabilidades asumidas por los fiscales
Pero, sobre todo, resalta que este año se está viviendo una situación inédita y «extremadamente comprometida» con la imputación de Álvaro García Ortiz.
Algo que, tal y como resalta, «ha sacudido los cimientos de la carrera» y ha colocado a los fiscales «en una posición difícil desde el punto de vista procesal al tener que intervenir en un procedimiento en el que el investigado es el superior jerárquico del fiscal del asunto, lo que puede empañar la imagen de imparcialidad de la institución».
Para 2025, AF desea poder trabajar en las mejoras profesionales de los fiscales y que sus peticiones, apoyadas en informes y estudios, sean atendidas. Así como la recuperación de la imagen del Ministerio Fiscal como garante de la legalidad y la imparcialidad y de la defensa de los derechos de los ciudadanos, con independencia del gobierno.
Asociación Profesional e Independiente de Fiscales
Por su parte, Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también califica de negativo en lo que respecta, sobre todo, a García Ortiz.
Asimismo, relata que el hecho de que no dimitiese y desoyese las peticiones que le han hecho desde la Carrera «acentúa la gravedad que está atravesando el Ministerio Público».
«Este comportamiento está arrastrando a la Institución a una situación muy difícil, haciendo imposible que la Sala Segunda del Tribunal Supremo pueda contar con un fiscal independiente que se haga cargo del caso».
Dejando de un lado este asunto y valorando la situación general, desde APIF señalan que ha sido un año sin avances significativos al no haberse progresado en materia de modernización de la Justicia ni en la mejora de las condiciones laborales de jueces y fiscales.
«No se ha profundizado en la independencia del Ministerio Fiscal, sobre todo del Poder Ejecutivo, dotándolo de la necesaria autonomía presupuestaria. Tampoco se ha avanzado en la necesaria despolitización de la Justicia».
Asimismo, recuerda que este año ha estado centrado en la promulgación de la Ley de Amnistía, la cual se encuentra a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Insisten en que dicha ley tiene difícil encaje en la Constitución al vulnerar derechos como la igualdad y seguridad jurídica, así como la separación de poderes del Estado.
Lo único que ven positivo de este año es que se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No obstante, ve necesario complementarlo con el cambio en el sistema de elección de los vocales de extracción judicial, que deberían ser elegidos por los propios jueces.
Por último, desea que 2025 sea el año de la Justicia, de dotarla de la necesaria modernización, tanto de medios materiales como humanos, con ampliación de las plantillas de jueces y fiscales. También, conseguir la necesaria coordinación de los sistemas informáticos existentes en las distintas Comunidades Autónomas. «En definitiva, poner a la Justicia en el siglo XX».
En cuanto a la Fiscalía, ha puesto de manifiesto que sus máximos representantes «han sido en varias ocasiones, desautorizados en su actuación – tanto en nombramientos, tramitación o ausencia de ella en las causas de incompatibilidad, intervención en procedimientos penales (Tsunami o filtración de correos confidenciales, entre otros) – por el Tribunal Supremo». Lo que les coloca tanto al FGE como a sus colaboradores «en una situación insostenible».
También desean que para 2025 el asunto relacionado con MUGEJU quede resuelto y que cesasen las acusaciones de lawfare y los permanentes insultos a Jueces y Fiscales por parte de los políticos.
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