2024 acaba con una sensación agridulce para las asociaciones judiciales, a pesar del desbloqueo del CGPJ
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19/12/2024 00:45
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Actualizado: 18/12/2024 23:57
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2024 llega a su fin. Un año cargado de diversos cambios como, por ejemplo, la tan esperada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como el nombramiento de Isabel Perelló como presidenta del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo. La primera mujer en la historia en ocupar tal puesto.
En estos 365 días se ha aprobado la polémica Ley de Amnistía, la esperada Ley ELA y no han cesado los ataques a los jueces. Por lo que para las asociaciones judiciales, este año ha sido agridulce.
María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), comenta que el panorama judicial en 2024 arroja un resultado negativo tras ser un año difícil en el que, además, un reciente informe del CGPJ ha revelado que se ha mantenido una tendencia al alza en el número de asuntos registrados en los órganos judiciales. En el tercer trimestre del año, el incremento se situó en torno al 4,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Y el número de asuntos resueltos ha aumentado en un 7,3%.
«Los jueces de este país cada año trabajan más y los juzgados cada vez registran mayor número de asuntos», señala. Para la presidenta de APM, la respuesta a esto ha sido la nula creación de juzgados donde ha habido una falta de medios materiales y personales tanto por parte del Ministerio de Justicia como de aquellas Comunidades Autónomas con competencias en la materia. «La justicia sigue siendo la gran olvidada».
A esta situación de sobrecarga y precariedad se suma un clima de deterioro institucional, señala del Barco. Pues el año arrancó escuchando al Gobierno «cómo hacía suyos los argumentos de lawfare del independentismo catalán» y acaba con «ataques inaceptables en un estado democrático» donde «se cuestiona la labor de los jueces y magistrados de este país». Empleando, no una crítica razonable, sino términos como “connivencia política”, “extrema derecha judicial”, “fascistas con toga” o “persecución judicial»”, concreta.
«Cada día se socava más y más la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial, poniendo así en grave riesgo nuestra democracia».
Ve difícil mantener el optimismo para 2025 y desea que el PP y el PSOE fuesen capaces de alcanzar un acuerdo y firmar un pacto de Justicia para afrontar los problemas como, por ejemplo, la dotación de medios o convocar más plazas.
Asimismo, relata que la disposición adicional de la ley orgánica 3/2024 ha dado al CGPJ un plazo de 6 meses para elevar una propuesta sobre la forma de elección de los vocales judiciales. «Esperamos que en 2025, por fin, nuestra legislación se adecue a los estándares europeos y los jueces podamos elegir a los doce vocales judiciales, en un sistema de listas abiertas».
Por último, desea que este próximo se devuelva el respeto a las instituciones, a la separación de poderes y a la labor que cada día desempeñan los magistrados en España desde la «absoluta independencia».
Deslegitimación del Poder Judicial
Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) relata que 2024 ha sido el año en el que se ha consolidado el proceso de deslegitimación del poder judicial. «Los señalamientos a jueces desde el resto de poderes del Estado se han normalizado, socavando con ello la confianza ciudadana en la independencia e imparcialidad de los jueces, lo que entraña un evidente riesgo para nuestra democracia».
También destaca la renovación del CGPJ a través del «mismo sistema de designación partitocrática de vocales judiciales» Lo que, a su parecer, «ahonda en la politización del órgano de gobierno de los jueces». No obstante, ve positivo el nombramiento de Perelló al romper con ello «un importante techo de cristal».
Para 2025 desea que el más del centenar de nombramientos discrecionales se decidan verdaderamente por mérito y capacidad para no presenciar «un intercambio de cromos entre las dos asociaciones judiciales que copan el CGPJ».
Desea que este nuevo Consejo cuide la salud laboral de la carrera judicial y que se aumente de forma decidida la plantilla
Igualmente, esperan que el órgano de gobierno de los jueces sea capaz de presentar al Parlamento una propuesta de modificación del sistema de designación de vocales judiciales que permita a la carrera judicial elegir de forma directa a los 12 vocales del turno judicial. Ello mediante un sistema electoral que garantice la representación, pluralidad y sensibilidades de toda la carrera judicial.
También desea que este nuevo Consejo cuide la salud laboral de la carrera judicial y que se aumente de forma decidida la plantilla para acercarnos a la ratio de jueces por habitante de Europa -22 jueces por cada 100.000 habitantes- y que disminuya la carga de trabajo. «Esperamos que se produzca de esta forma, una mayor inversión en medios materiales y personales, que redunde en un mejor servicio público de justicia a la ciudadanía», concluye.
A nivel internacional
Para Edmundo Rodríguez Achutegui, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), 2024 ha dado tres noticias de gran relevancia en los ámbitos de justicia internacional, nacional e institucional, respectivamente.
A nivel internacional, desde JJpD valoran que la Corte Penal Internacional haya «iniciado un procedimiento para depurar las responsabilidades del estado de Israel y sus dirigentes por el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino». Especialmente, en su relación con los Derechos Humanos.
A nivel nacional, valoran el reconocimiento de los derechos de los trabajadores de Glovo, para que «dejen de ser representados como autónomos», y cuenten así con los derechos de empleados de cuenta ajena.
«En 2024 por fin se produjo la normalización del CGPJ, con una renovación que nunca debió demorarse cinco años», destaca Rodríguez Achutegui en el plano institucional.
Desde la asociación valoran el reconocimiento de los derechos de los trabajadores de Glovo
Balance en el que, desde JJpD, se establecen dos objetivos a tener muy presentes de cara al próximo año. Por un lado, tras la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa «en 2025 será necesario un auténtico plan de choque para «reponer el tamaño de la judicatura al que exige tanto el elevado número de jubilaciones como la creciente carga de asuntos que tramitan los tribunales, mediante una convocatoria extraordinaria de plazas del turno libre y consiguientemente, del cuarto turno».
Por otro, tras atenderse en 2024 «el pago íntegro de las retribuciones variables», JJpD entiende que este pago «debe continuar en 2025, conforme a los compromisos alcanzados con el Ministerio de Justicia».
Fernando Portillo, presidente de la Comisión Gestora de Foro Judicial Independiente (FJI), explica que 2024 se puede caracterizar por muchas cosas en el ámbito de la Justicia, pero «casi ninguna buena». Aunque el principal hito sea «tal vez» la renovación del CGPJ.
Una renovación que, a su parecer, se llevó a cabo utilizando «el mismo sistema politizado» que había llevado al bloqueo y que Europa ha afeado por ser «un factor de corrupción». Para Portillo, este nuevo Consejo arrastra «pecados de origen», y aunque considera que es pronto para evaluar su trabajo, le consta que está siendo intenso y «abiertamente dividido en dos bloques». Les quedan «desafíos muy importantes que aun no han podido acometer».
El mismo sistema politizado del CGPJ
Entre ellos, proveer el nombramiento de decenas de plazas de libre discrecionalidad cuyas bases han impugnado de la mano de la AJFV, así como mejorar la sobrecarga de trabajo de los jueces. Destaca, como acierto, la primera decisión del órgano, el nombramiento de Perelló al no haber recaído en alguien de un elevado perfil técnico y profesional.
Más allá del CGPJ, FJI califica este año como el de la constatación de que nuevamente la Justicia no está entre las prioridades del Ejecutivo, como no lo ha sido nunca de ningún Gobierno, «de uno y otro color».
«Parece que nunca hay dinero para atender el principal problema de la Justicia» ni tampoco para «convocar plazas de oposiciones»
Una «falta de presupuesto» que, desde su punto de vista, se ha utilizado como excusa para que 2024 vaya a acabar sin acordar la creación de ningún juzgado, un año donde la litigiosidad ha vuelto a subir.
«En definitiva, parece que nunca hay dinero para atender el principal problema de la Justicia» ni tampoco para «convocar plazas de oposiciones» suficientes para cumplir con los pactos que alcanzaron con el Gobierno en mayo de 2023 y que supusieron la desconvocatoria de una huelga de jueces.
Finalmente destaca 2024 como el año en que, desde el poder político, se ha asumido el falso e interesado discurso del lawfare. «Discurso peligrosísimo porque es tanto como decir que en España no hay Estado de Derecho. Los que así dicen, saben que no es cierto, saben que los jueces resuelvan conforme a criterios jurídicos, no de oportunidad política».
Por lo que tacha de «irresponsable» que desde las instituciones se lancen mensajes dirigidos a minar dicha confianza por un «propósito meramente partidista y cortoplacista». Espera y desea un año 2025 menos tensionado con los jueces que, como ha dicho, les dejen trabajar en paz, sin presiones ni señalamientos.
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