El juez del Supremo pide a la UCO rastrear los teléfonos «asociados» a los intervenidos al fiscal general
El fiscal general del Estado, Álvaro GarcÍa Ortiz. Foto: FGE.

El juez del Supremo pide a la UCO rastrear los teléfonos «asociados» a los intervenidos al fiscal general

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23/12/2024 14:25
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Actualizado: 24/12/2024 01:04
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El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los «números de teléfono e IMSI/IMEI asociados de las tarjetas» que se incautaron en el registro del despacho del jefe del Ministerio Público el pasado 30 de octubre, «así como la titularidad asociada» dichos números de teléfono.

El instructor Ángel Hurtado dicta esta providencia, tras recibir el informe en el que los agentes aseguraron haber encontrado «cero mensajes» en los dispositivos de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo, días clave para la presunta filtración que denunció Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El instructor de la causa, señala que adopta esta decisión a la vista del resultado obtenido tras el informe pericial realizado por la UCO sobre el material intervenido en el registro y en razón a los datos obrantes sobre dispositivos móviles que figuran en el acta levantada con ocasión del mismo.

Este mismo lunes, una de las acusaciones, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha solicitado ampliar la imputación del fiscal general en un escrito en el que ha puesto el foco en el posible cambio de números de teléfono de miembros del equipo de García Ortiz.

En su opinión, es necesario saber si el fiscal general «ha cambiado de terminal móvil» desde el 13 de marzo hasta la actualidad y «los IMEI afectados» porque «la UCO ha podido peritar un teléfono que no fuera usado por el investigado el día 13-14 de marzo».

Dichos días son clave en la investigación pues el 14 de marzo por la mañana se publicó por primera vez la carta íntegra de reconocimiento de delitos que venía en el correo en el que la defensa de Alberto González Amador ofrecía un pacto al fiscal.

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