El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reivindica el acierto que supone la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha publicado hoy el BOE y que contempla la implementación de los tribunales de instancia, en sustitución de los juzgados unipersonales, así como la aplicación de la mediación obligatoria, entre otras medidas.
Ante las críticas recibidas por parte de algunas asociaciones judiciales, Bolaños recuerda que «estamos ante la mayor reorganización de la Justicia en décadas y que aborda de raíz las causas de la lentitud e incluso del colapso de nuestros tribunales. Es un esfuerzo organizativo que va acompañado de un esfuerzo económico y sus resultados se notarán en poco tiempo».
En declaraciones a Confilegal, el ministro subraya que el «Gobierno ha realizado un gran esfuerzo de inversión y todas las previsiones necesarias para que el despliegue de la Ley de Eficiencia sea un éxito».
Bolaños señala que «Veníamos de una época sin apenas inversión en Justicia. La inversión en esta materia con en la etapa 2011-2018 aumentó apenas un 2,6%, mientras que desde 2019 hasta la actualidad el aumento de la inversión ha sido diez veces mayor, incluyendo la creación de nuevas plazas de jueces, un total de 1.240, casi el doble que en la etapa anterior».
Entre estas inversiones «se encuentra la construcción y adaptación de numerosos edificios que albergarán las nuevas oficinas judiciales que acompañan a los tribunales de instancia y los esfuerzos en digitalización, incluyendo los 470 millones de euros de fondos europeos».
De acuerdo con el ministro, «con el nuevo modelo organizativo, se reorganizan los tribunales para hacerlos más eficaces, ágiles y flexibles que los juzgados, y permitirá que en lugar de crear anualmente 70 unidades judiciales se creen muchas más plazas de juez«.
HABRÁ MÁS JUECES, SEGÚN BOLAÑOS
Con la nueva organización, que representan los tribunales de instancia, según Bolaños, se desenreda el entramado burocrático actual con lo que podrán tener más jueces.
«Actualmente, crear una unidad judicial cuesta casi 400.000 euros, mientras que asignar un juez a un tribunal de instancia cuesta 80.000 euros. Esto implica que, a partir de ahora, con el mismo dinero que antes nos costaba crear todo un entramado burocrático para cada juzgado individual vamos a poder tener cuatro o cinco jueces más dictando autos y sentencias y compartiendo recursos de la nueva oficina judicial de un mismo tribunal», explica.
Esta reorganización «conllevará dotaciones adicionales que ya están previstas en los próximos Presupuestos Generales del Estado y que estarán centradas en la nueva oficina judicial y la incorporación de los medios alternativos de solución de controversias», conocidos por su acrónimo: MASC.
Por último, el ministro de Justicia hace un llamamiento para confiar en este gran cambio en la Administración de Justicia: «Es hora de abandonar inercias conservadoras que recelan de cualquier cambio y apostar por una Justicia ágil, digital y adaptada a las necesidades de la ciudadanía. El Gobierno ya ha mostrado su determinación y también su capacidad de diálogo con todos los operadores jurídicos para que el cambio tenga éxito, como acreditan los distintos acuerdos salariales y laborales con distintos cuerpos, que contemplan la adaptación de funciones tras la aprobación de la ley», ha concluido.
