La Comisión Europea ha propuesto revisar las normas de contratación pública para dar prioridad a empresas europeas en servicios críticos. La presidenta Ursula von der Leyen y el vicepresidente de Industria, Stéphane Séjourné, han presentado la estrategia para fomentar el sello ‘Made in Europe’, buscando frenar la competencia desleal de potencias como China y Estados Unidos, que se benefician de subvenciones opacas y políticas que generan sobreproducción estructural.
Este plan para impulsar la competitividad de la UE es la primera medida de calado del segundo mandato de la política alemana, una hoja de ruta que se basa en las recomendaciones del informe temático elaborado por el ex primer ministro italiano Mario Draghi, pero que carece de presupuesto para llevar a cabo medidas concretas, sino que esboza, en líneas generales, sus intenciones para la actual legislatura.
La iniciativa forma parte de la «Brújula de Competitividad», asegura que «El sector público tiene que desempeñar un papel central. En un contexto en el que otros grandes actores imponen restricciones de acceso a sus mercados y buscan impulsar su capacidad manufacturera en tecnologías críticas, Europa debe salvaguardar sus propias capacidades».
En concreto, Bruselas «propondrá la introducción de una preferencia europea en las licitaciones públicas para sectores y tecnologías críticas» a través de una revisión de la directiva en la materia prevista para 2026, según el documento, que no da más detalles de cómo se articularía este trato preferente.
Se busca reforzar la seguridad tecnológica y las cadenas de suministro domésticas
«La revisión busca reforzar la seguridad tecnológica y las cadenas de suministro domésticas, así como simplificar y modernizar las reglas, en particular para las empresas emergentes e innovadoras», apunta la Comisión.
Sin mencionar países concretos, Bruselas recuerda que las firmas europeas hacen frente a la competencia desleal y el exceso de capacidad de otras potencias en ciertas industrias debido a la existencia de subsidios estatales sistemáticos, que además dan lugar a estrategias de exportación que aumentan aún más la presión sobre los productores europeos, algo de lo que vienen quejándose desde hace años sectores como el del acero.
Bruselas ya había empezado a introducir límites a la participación de empresas chinas en algunas licitaciones, en concreto, en la última subasta de ayudas a la producción de hidrógeno renovable en la que limitó a un 25 % el contenido de pilas de electrolizadores procedentes de China en los proyectos participantes.
Las autoridades comunitarias consideran que existe un «riesgo significativo» de que en la UE se genere una dependencia «irreversible» que puede amenazar la seguridad del bloque a través de las importaciones chinas.
La Ley de Industrias de Emisiones Cero, acordada el año pasado, también incluye el requisito de que en las licitaciones públicas se dé un peso de entre el 15 % y el 30 % a los criterios de sostenibilidad y resiliencia, de modo que el coste no sea el único criterio determinante, lo que también podría favorecer de manera indirecta a las firmas europeas.
La futura «preferencia europea» en las licitaciones
La futura «preferencia europea» en las licitaciones públicas forma parte de las medidas de la estrategia destinadas a favorecer la seguridad económica y reducir las dependencias excesivas de la UE, dentro de las cuales Bruselas plantea también crear una plataforma para compras conjuntas de materias primas críticas, como hizo con el gas a raíz de la guerra en Ucrania.
Asimismo, propone crear un nuevo tipo de Asociaciones de Comercio e Inversiones Limpias con terceros países, enfocadas en asegurarse el suministro de materias primas, energías limpias y tecnologías limpias desde otras partes del mundo, mientras que la UE aumentaría sus inversiones sostenibles en los socios.
La seguridad económica es el tercer pilar de una estrategia que pasa también por impulsar la innovación y la descarbonización de su industria, a través de una serie de medidas, la mayoría ya anunciadas, que buscan simplificar las normas, movilizar mayor inversión o abaratar la energía, entre otros fines.
