Un juez federal de Nueva York ha bloqueado temporalmente el acceso de Elon Musk y su equipo a los datos de pagos del Departamento del Tesoro de EE.UU., advirtiendo de que se corre el riesgo de «revelar información sensible y confidencial».
Está previsto que haya una nueva audiencia al respecto el próximo 14 de febrero en Nueva York, precisó la cadena CNN.
El magistrado federal Paul Engelmayer emitió una orden en la madrugada en la que exige la eliminación de cualquier información descargada del sistema de pagos del Tesoro por cualquier persona que haya accedido a él desde el 20 de enero, fecha de la investidura de Donald Trump.
En su resolución, Engelmayer advirtió sobre «el riesgo que presenta la nueva política de divulgación de información sensible y confidencial» del Gobierno republicano, señalando además que las modificaciones implementadas aumentan la vulnerabilidad de los sistemas frente a ataques informáticos.
La decisión del juez responde a una demanda interpuesta por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto con fiscales generales de otros 18 estados, en la que impugnan el acceso de la Administración Trump a sistemas informáticos críticos, entre ellos el sistema de pagos del Tesoro.
Este sistema gestiona, entre otras operaciones, la distribución de beneficios de la Seguridad Social y las devoluciones de impuestos.
El Gobierno había solicitado a la División de Operaciones Gubernamentales Electrónicas (DOGE), del magnate Elon Musk, reducir significativamente los costos administrativos. Sin embargo, en ese proceso, buscó acceder a datos financieros clave, lo que encendió las alarmas de los fiscales estatales.
La decisión de Engelmayer amplía las restricciones impuestas previamente en otro fallo emitido esta misma semana.
En esa ocasión, el Departamento de Justicia acordó limitar el acceso de DOGE a la información financiera confidencial del Tesoro, estableciendo que solo dos empleados del organismo podrían revisar los datos en modo de ‘solo lectura’, sin autorización para realizar modificaciones o aprobar transacciones.
Con esta nueva orden, el juez endurece las restricciones y exige medidas inmediatas para proteger la confidencialidad de los datos gubernamentales, en medio de una creciente disputa entre el Gobierno federal y los estados demandantes.
