El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha puesto en conocimiento de las demás partes la queja formulada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la difusión de sus datos personales, respecto a los cuales la sede judicial ha sostenido que debían incorporarse al sumario, si bien ha abierto la puerta a omitirlos.
García Ortiz amplió ayer la queja que presentó este lunes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la filtración de datos personales en un informe de la UCO en el que se detallan, denuncia ahora, las llamadas que hizo y recibió en diez meses.
Ahora el instructor Ángel Hurtado, en una providencia, dictada este mismo jueves, traslada la queja a las partes «para que, en su caso, formulen alegaciones, en la medida que pueda verse afectado su derecho a la tutela judicial efectiva, caso de tales datos que se han de incorporar al sumario, en virtud de lo acordado en una resolución jurisdiccional, fueran omitidos».
Además, recuerda, «una vez más, a las partes el deber de reserva que (…) incumbe a todas ellas, así como las reiteradas ocasiones en que ha venido insistiendo en él este magistrado, en evitación de difusión pública, fuera de la causa, de datos e información que durante la instrucción vayan siendo incorporados a las actuaciones, de exclusivo uso para ellas».
El informe de la UCO, en el centro de la polémica
El origen de la polémica son el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fechado el 7 de febrero y los anexos al mismo, que fueron notificados por el TS a todas las partes del caso donde se investiga al fiscal general y a otros dos fiscales —Pilar Rodríguez y Diego Villafañe— por las presuntas filtraciones contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Ese informe obedece al encargo que el juez hizo en sendos autos del 7 y el 8 de enero, donde pidió: por un lado, los tráficos de llamadas y datos enviados y recibidos por el fiscal general desde sus dos líneas de teléfono –la personal y la del trabajo– entre el 8 y el 14 de marzo; y, por otro, las conexiones de las tarjetas asociadas a esas líneas con terminales telefónicos desde que fueron activadas: febrero de 2020 (la del trabajo) y octubre de 2020 (la personal) hasta el 23 de octubre de 2024, cuando García Ortiz cambió de teléfono.
Fue el pasado lunes cuando el fiscal general se dirigió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quejándose de que entre el informe y el primer anexo –referido al tráfico de llamadas entrantes y salientes– se habían difundido identidades, direcciones postales, números de teléfono y DNI tanto suyos como de otras personas, incluido un escolta, otro fiscal y un periodista.
Dos días después, el Consejo acordó iniciar actuaciones para estudiar tanto su queja como la de la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que también protestó en sendas misivas enviadas al CGPJ y al TS porque su número de teléfono aparecía en el informe.
Ese mismo miércoles por la tarde, García Ortiz presentó una ampliación de la queja para incluir el segundo anexo, donde la Guardia Civil informó al juez de las conexiones de las dos tarjetas del fiscal general con terminales telefónicos.
