María Tardón y Juan Manuel Fernández son los candidatos de cada bloque. Fotos: Confilegal/EP.
La Presidencia de la Audiencia Nacional fue uno de los puntos de fricción que impidieron el nuevo pacto de nombramientos del CGPJ
|
14/2/2025 08:22
|
Actualizado: 14/2/2025 08:30
|
En total se dirimían 44 nombramientos. Cinco de ellos correspondían a todos los altos cargos de la Audiencia Nacional, «el portaaviones de la Justicia», como lo denominó su creador, el desaparecido Rafael de Mendizabal, en su momento. Y entre todos ellos, la Presidencia, que hasta ahora ha venido ocupando José Ramón Navarro. El cumplimento de su segundo mandato dejaba vacante el cargo.
El lunes pasado las aguas parecían calmadas en el interior del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y todo hacía pensar que se iba a repetir un nuevo pacto por unanimidad. Pero no fue así.
El mecanismo de las propuestas es muy simple. La Comisión de Calificación, presidida por el vocal conservador, José Antonio Montero y compuesta por Esther Rojo, también conservadora, y los vocales progresistas, Ricardo Bodas, Ángel Arozamena e Inés Herreros, tras entrevistar a todos los candidatos, produce una terna.
Sobre esta, otro grupo, formado por los cuatro miembros que componen el grupo negociador –José María Fernández Seijo y Esther Erice Martínez, por los progresistas, y José Antonio Montero Fernández y Alejandro Abascal Junquera, por los conservadores– se reúne y cierra un acuerdo sobre los candidatos, si lo hay.
Después, se somete a debate entre sus compañeros de afinidad política y se toma una decisión final que más tarde se lleva a Pleno del CGPJ y se convierte en el resultado oficial, con los nuevos nombramientos.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que todos estos nombramientos tienen que hacerse por una mayoría cualificada de 3/5 de los votos de los 21 miembros del Pleno del órgano de gobierno de los jueces, es decir, 13. Ninguno de los dos bloques dispone de esa mayoría cualificada, por lo que es preciso el acuerdo previo.
Un acuerdo que, según el bloque conservador, existió hasta las 14 horas del martes pasado y fue incumplido «por la otra parte». La versión del bloque progresista, que lo debatió dos horas y media después, bajo la justificación de que lo que les fue presentado era un «pack cerrado» y eso no era admisible.
Una de esas fricciones fue precisamente quién debía ocupar la Presidencia de la Audiencia Nacional. En juego están las cinco presidencias relevantes de ese órgano judical. La mencionada Presidencia y las de las Salas de lo Penal, de Apelaciones, de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo.
Cuatro hombres y una mujer –Manuela Fernández de Prado, Nela (para la Sala de Apelaciones)– era lo acordado en principio. Lo que los progresistas consideraban que iba en contra del principio de paridad.
Se daba la circunstancia de que había 8 candidatos para la Presidencia de la Audiencia Nacional y que la única mujer era María Tardón, titular del Juzgado Centarl de Instrucción 3 y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
«María Tardón no es precisamente de izquierdas pero consideramos que la paridad, en este caso, debería cumplirse y que fueran 3 hombres y 2 mujeres», explicaron fuentes del bloque progresista del CGPJ.
El candidato del bloque conservador era Juan Manuel Fernández, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Navarro, vocal con el anterior Consejo y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Tampoco el acuerdo parecía estar cerrado sobre quién debía ocupar la presidencia de la Sala de lo Penal. Si Alfonso Guevara –no asociado–, quien ha venido realizando esa responsabilidad provisionalmente desde hace 3 años y 3 meses, desde que lo dejó Concepción Espejel para marcharse al Tribunal Constitucional, o Fernando Andreu, magistrado de esa Sala, presidente de su Sección Segunda y miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia.
La alegación del cumplimiento del principio de paridad, argumentan desde el lado conservador, son «excusas de mal pagador».
«Habían aceptado todos los nombres para la Audiencia Nacional. Además, en los acuerdos pactados, de las 4 presidencias de Tribunales Superiores de Justicia, 3 habíamos acordado que fueran para mujeres y 1 para hombre. Lo mismo que en lo referente a las plazas militares, 5 mujeres y dos hombres. La paridad se respetó también en las Audiencias Provinciales. La realidad es que el bloque se desdijo de lo acordado por sus representes en el grupo de negociación», explican.
A su juicio siguieron consignas de la calle de San Bernardo –sede del Ministerio de Justicia–, cuyo objetivo es que dos de las presidencias de Sala sean ocupadas por mujeres. Cosa que niega el bloque progresista.
«No estamos siguiendo consigna de nadie. Somos independientes», aseguraron desde el otro lado.
Los ánimos ayer estaban caldeados en la sede del órgano de autogobierno de los jueces.
Su presidenta, Isabel Perelló, hizo todo lo posible por mediar entre ambas partes, pero no era el día. Por lo que se decidió retirar todos los nombramientos fueron retirados del orden de día, hasta el Pleno del 26 de febrero.
Noticias Relacionadas:
