La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, considera que Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante el último Gobierno del Partido Popular, dio «cobertura legal» a la trama y que lideró las «acciones de blanqueo de imagen y legitimación pública» del «hacker» José Luis Huertas, alias Alcasec.
El papel de Martínez, según el auto por el que ha decretado la prisión provisional de ambos, fue decisivo en la consolidación y sostenimiento de la estructura delictiva desmantelada en la llamada Operación Borraska, al considerarlo “el coordinador jurídico-operativo y arquitecto del blindaje estructural de la organización criminal”.
La red criminal se dedicaba, supuestamente, al robo, almacenamiento y venta de datos personales sustraídos a través de ciberataques a instituciones públicas y privadas.
Según el relato judicial, Martínez habría diseñado el entramado legal, patrimonial e institucional que proporcionaba cobertura a los operativos técnicos del grupo, especialmente al joven ‘hacker’ José Luis Huertas, alias Alcasec, a quien habría asesorado y protegido desde 2021, cuando este fue detenido siendo aún menor de edad.
“Su función abarcaría el diseño y la operación del blindaje legal, patrimonial e institucional que permitiría a los miembros técnicos del grupo, en especial a Huertas, operar con continuidad, anonimato y una legitimidad aparente”, detalla la instructora en el auto.
Un “perfil profesional” al servicio del delito
La magistrada Tardón pone el foco en el “perfil profesional” de Martínez, del que destaca su combinación de conocimientos jurídicos, vínculos institucionales y experiencia política por los altos cargos que ha ocupado en el pasado.
A su juicio, estos elementos le habrían permitido brindar una “cobertura legal sofisticada” a una organización delictiva altamente tecnificada.
La red, lejos de limitarse a la obtención de réditos económicos, habría evolucionado hasta convertirse en una estructura transnacional de inteligencia criminal privada, con capacidad de intervención en sectores estratégicos y con objetivos que, según la instructora, “trascienden el mero beneficio económico”, alcanzando un nivel de explotación masiva de información sensible.
El elemento nuclear de esta trama, según la resolución, es su capacidad para cruzar grandes volúmenes de datos robados, utilizando herramientas tecnológicas de análisis masivo.
Esos datos eran sustraídos mediante ciberataques reiterados y planificados, ejecutados durante años, contra los sistemas de instituciones tanto públicas como privadas.
De asesor legal a participante activo
La relación entre Martínez y Huertas se habría extendido durante años. Según el auto, el exalto cargo asesoró legal y fiscalmente a Alcasec en la constitución de la sociedad Horus Corp, en la que figura como administrador único Adrián Molina, otro de los investigados, estrechamente vinculado al ‘hacker’.
Martínez no solo habría diseñado la estructura legal del entramado, sino que también se le atribuye la creación de sociedades interpuestas para canalizar ingresos ilícitos, emitir facturación falsa y simular actividad económica legítima, siempre con el propósito de encubrir los beneficios delictivos y proteger a Huertas.
“Estas actividades exceden ampliamente las funciones de una defensa legal técnica y evidencian su participación activa y consciente en las actividades propias del entramado criminal”, concluye la magistrada.
Además, según la investigación, el ex secretario de Estado habría impulsado iniciativas destinadas a insertar a Huertas en entornos profesionales y académicos legítimos, incluyendo colaboraciones con instituciones educativas y programas de ciberseguridad. El objetivo: legitimar su perfil público y alejarlo de cualquier vinculación aparente con actividades ilícitas.
La versión de Martínez: un intento de ayuda personal
En su declaración ante la jueza tras ser detenido, Francisco Martínez negó cualquier implicación delictiva. Aseguró que su única intención fue ayudar a José Luis Huertas como abogado y a nivel personal, y que su participación se limitó a la creación de las empresas utilizadas por el joven ‘hacker’, de cuya actividad posterior dijo no tener conocimiento.
Martínez insistió en que no se ha enriquecido con los datos a los que Huertas pudiera haber accedido y que este le mostró un buscador que organizaba información obtenida de fuentes abiertas mediante inteligencia artificial, sin detectar en sus pruebas “nada fuera de lo normal”.
No obstante, la jueza desmonta esta versión y sostiene que las búsquedas que realizó Martínez a través del «bot» automatizado desarrollado por la organización estaban orientadas a sus propias necesidades, lo que lo convierte en beneficiario directo y usuario consciente de los recursos ilícitos del grupo.
Prisión provisional por riesgo de destrucción de pruebas
Ante la gravedad de los hechos y el riesgo claro de destrucción de pruebas, la magistrada decidió dictar el ingreso en prisión provisional de Francisco Martínez, medida que ya fue aplicada previamente a otros miembros de la organización.
La investigación, todavía en curso, apunta a una estructura criminal que ha operado durante años bajo una fachada de legalidad, aprovechando el vacío institucional y la lentitud del control tecnológico para construir un negocio ilícito de explotación de datos a gran escala.
Todo ello, presuntamente, con la ayuda directa de quien un día ostentó una de las más altas responsabilidades en materia de seguridad del Estado.
