El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aseguró ayer en el Senado que le sería «mucho más cómodo» dimitir pero que no lo hace porque cree que eso dejaría en una situación de «debilidad» a la Fiscalía y a quien le suceda en el cargo, advirtiendo de que esta brecha sería utilizada por fenómenos criminales como el terrorismo o el narcotráfico.
El jefe del Ministerio Público se mostró seguro de que, si dimitiera, «estaría haciendo una concesión, una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas», y «y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad».
«Y la Fiscalía tiene que mostrarse fuerte, muy fuerte, porque los fenómenos delictivos que nos acosan (…) –narcotráfico, terrorismo internacional– son fenómenos que, como vean un ápice de debilidad en quienes tenemos que perseguir el delito, no van a dudar en utilizarlo», ha advertido.
Además, ha dicho que es «fácil» meterse con el fiscal general, tanto en la coyuntura actual –porque está imputado en el Tribunal Supremo (TS)– como habitualmente, porque siempre está en una situación «compleja» por cuanto le designa el Gobierno, de forma «legítima», pero a la vez debe ser imparcial y neutral.
«El fiscal general ni huye ni se esconde», dejó claro García Ortiz en respuesta a las duras críticas, «algunas innecesarias», recibidas por las portavoces del PP y de Vox en la comisión de Justicia del Senado, en la que compareció para dar cuenta de la Memoria de la institución.
Cuestionado por su decisión de no contestar a las preguntas del juez del Tribunal Supremo que le investiga por presunta filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el fiscal general señaló que «no es ninguna afrenta a nadie», sino una decisión amparada por un derecho constitucional que pertenece a todos los ciudadanos.
PP y Vox urgen a García Ortiz a dimitir por su «servilismo»
PP y Vox reclamaron a García Ortiz que dimitiera y le acusaron de actuar «al más puro estilo de un vulgar delincuente» por borrar los mensajes de su móvil el día que el Supremo abrió una causa contra él por presuntamente revelar información de la pareja de Isabel Diaz Ayuso.
Además de considerarle «un fiscal al servicio de Pedro Sánchez» que «representa la historia negra de la Fiscalía».
En un discurso durísimo, la senadora del PP María Jose Pardo aseguró que «no puede seguir ni un minuto más en su cargo», al tildar de «un autentico esperpento» el borrado de los mensajes de su móvil el día que el Supremo le abrió causa «al más puro estilo de un vulgar delincuente».
Para la senadora, «este borrado intencionado» acredita «que existe una operación en marcha» para «destruir a una adversaria política», en alusión a Ayuso, por lo que su dimisión es «imperativa».
También con dureza cuestionó la senadora de Vox Paloma Gómez a García Ortiz «a quién está encubriendo o protegiendo» y «por qué no ha dimitido», y ha cargado a través de él contra el Gobierno, al aseverar que «Sánchez es su patrón» y el fiscal general «su peón».
EL PSOE DICE QUE EL PP ACUSA «SIN PRUEBAS»
Por su parte, el senador socialista Jose María Oleaga, defendió al fiscal general de «los ataques constantes y permanentes del PP» lanzando «acusaciones de comisión de delitos en sede parlamentaria sin ninguna prueba y simplemente porque le da la gana».
Por eso, acusó al PP de «intentar acabar con una institución del Estado» a la que ha «machacado e intentado vapulear».
El portavoz socialista abandonó la sesión de la Comisión de Justicia después de que un senador del Partido Popular llamara al fiscal general «presunto delincuente».
Al margen de la tónica general, la Izquierda Confederal, ERC y PNV se ciñó a la memoria sin entrar a valorar su imputación, mientras que Junts arremetió contra la actuación de los tribunales contra líderes independentistas catalanes.
Concretamente, el senador de Junts Joan Baptista Bagué ironizó que «ahora» el PP se «escandaliza» y «con razón» de una práctica que asegura han estado «sufriendo algunos partidos desde hace más de diez años».
Al hilo, aseguró que en Junts están «acostumbrados» a «notificaciones vía prensa». «Ni procuradores ni abogados parecen necesarios a efectos de notificaciones, ya lo hace cierta prensa. Hemos normalizado la irregularidad», añadió.
Para terminar, también hizo referencia a la amnistía. «¿Considera que es de recibo que una ley esté aprobada y unos pocos magistrados se obstinan en no aplicar? ¿Considera que es normal?», preguntó, al tiempo que ha señalado la negativa del Supremo a amnistiar a la expresidenta de Junts Laura Borràs, condenada por prevariación y falsedad documental.
