La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha lanzado una dura crítica contra el Tribunal Supremo. Acusa a la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal de dar carta blanca a una «causa general» contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, poniendo en la diana a todos los fiscales del país.
La UPF califica de «tristísimo» el desarrollo de este procedimiento en un comunicado. Argumenta que se basa en un delito inexistente y que hay pruebas constantes que lo desmienten.
La asociación, a la que perteneció García Ortiz y de la que fue su portavoz, también arremete contra varias resoluciones del Supremo en la causa que investiga a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez –también de la UPF– por una supuesta filtración sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Especialmente, cuestiona la decisión de la Sala de Apelaciones de avalar el registro en los despachos de Rodríguez y García Ortiz.
La UPF denuncia la clonación indiscriminada de ordenadores y teléfonos personales y profesionales. Inicialmente, se justificó con un margen de ocho meses, pero luego se redujo arbitrariamente a la semana del 8 al 14 de marzo de 2024.
Para esta asociación de fiscales progresistas, la Sala tenía la obligación de analizar las pruebas que desmienten la implicación de los fiscales investigados.
Recuerda que cinco periodistas confirmaron que el correo filtrado ya circulaba antes de que lo recibiera García Ortiz.
HAY «FALTA DE RIGOR» DEL SUPREMO, DICE LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES
La asociación también carga contra la falta de rigor del Supremo. Sostiene que la Sala de Apelaciones, en su auto suscrito por unanimidad por los magistrados Julián Sánchez Melgar –exfiscal general del Estado–, Andrés Palomo del Arco y Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, no valoró si existían indicios reales antes de avalar medidas invasivas.
Asegura que se limitó a respaldar sin cuestionar la versión del instructor, sentando un precedente «muy preocupante».
Critica, además, los argumentos contenidos en el auto de validó los registros llevados a cabo en los despachos de García Ortiz y de Rodríguez,, a los que tildan de «dialécticos», sin base jurídica.
Por otro lado, celebra el archivo provisional de la causa contra Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. No obstante, discrepa frontalmente con que no se haya decretado el sobreseimiento definitivo.
A juicio de la UPF, esta actuación judicial pone en jaque los derechos fundamentales y el trabajo de los fiscales en España.
