La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha sembrado una nueva polémica dentro de la política. Y es que, desde la Comunidad de Madrid, se ha solicitado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, una respuesta a la necesidad de financiación de esta nueva normativa. Una respuesta que, sin embargo, parece que aún no ha llegado por parte del ministro socialista, y que mantiene en alerta a políticos y asociaciones judiciales.
El pasado 3 de enero de 2025, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la Ley Orgánica 1/2025, conocida como la Ley de Eficiencia. Normativa de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia que introducía dos líneas de actuación; una reforma organizativa, y otra procesal.
Así pues, uno de los principales cambios propuestos por la Ley 1/2025 es la creación de los tribunales de instancia. Tribunales que integrarán los actuales juzgados unipersonales en una estructura colegiada por partido judicial. Y que supondrá la reducción de los más de 3.800 juzgados unipersonales existentes a 431 Tribunales de Instancia.
Por otro lado, la norma contempla las Oficinas de Justicia en los Municipios. Departamentos que funcionarán como enlaces directos entre los ciudadanos y la Administración de Justicia.
Silencio ante la financiación de la Ley de Eficiencia
Novedades legislativas ante las que, recientemente, se pronunciaba el Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en una carta pública dirigida al ministro Félix Bolaños.
Misiva en la que el popular lamentaba que el Ministerio no tuviera en cuenta «de ninguna manera», a aquellos que, debido a la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, tengan «la responsabilidad última de implantar el contenido» de la Ley de Eficiencia.
«De igual modo, tampoco la Ley va acompañada de dotación presupuestaria suficiente que cubra los costes que nos va a generar a los diferentes gobiernos autonómicos su ejecución efectiva«, lamentaba el consejero. Unos costes que, desde la Comunidad de Madrid, se han valorado en cerca de 40 millones de euros sólo en su primer año.
Algo ante lo que el consejero solicitaba a Bolaños conocer «los mecanismos de financiación» con los que el ministro tenía previsto cubrir estos «enormes costes».
Solicitud que, sin embargo, no ha tenido respuesta. Así lo han asegurado fuentes del gobierno de Isabel Díaz Ayuso a Confilegal.
«No vamos a hacer valoraciones al respecto» valoraban fuentes ministeriales a este medio de comunicación, en respuesta a la misiva de García Martín.
Una preocupación más entre los profesionales del sector
Sin embargo, no es sólo la Comunidad de Madrid la que parece tener dudas sobre la financiación de la Ley de Eficiencia aprobada a comienzos de año. Y es que también dentro de los profesionales del sector aseguran que una buena dotación económica es clave para su viabilidad.
«La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia debe contar con los medios materiales y humanos precisos para que pueda desplegar todo su potencial. Y debe hacerlo en todos y cada uno de los partidos judiciales de nuestro país», destacaba el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González.
Planteamiento que se repetía en el caso de las asociaciones judiciales. Y es que, sin financiación, muchas parecen ser las dudas sobre el proyecto de Félix Bolaños.
Tanto es así que, tras la publicación de la Ley de Eficiencia en el BOE, era la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, la que advertía que la ley será «un fracaso» si no cuenta con la dotación suficiente de medios.
Críticas ante las que el departamento de Bolaños aseguraba que el Gobierno había realizado «una gran labor de esfuerzo de inversión». Ello, sin que, hasta ahora, se conozca desde los principales afectados sus repercusiones.
