El pasado viernes, el BOE publicó la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia tras haber sido aprobada a finales de año en el Congreso de los Diputados.
Una nueva norma que contempla dos importantes cambios. Por un lado, dice adiós a 3.800 juzgados unipersonales y da la bienvenida a 641 tribunales de instancia. El objetivo, según el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, es favorecer la especialización, la unificación de criterios y distribuir «adecuadamente las cargas de trabajo». Así como «compartir recursos».
Así como «compartir recursos».
Por otro lado, la ley incluye modificaciones en materia procesal y apuesta por los llamados medios alternativos de solución de controversias (MASC) en vía no jurisdiccional en los ámbitos civil y mercantil como la mediación y el arbitraje para evitar sobrecargar los juzgados y tribunales.
Sin embargo, esta ley ha sido duramente criticada por tres de cuatro asociaciones judiciales, la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. Pero todas -incluida la de Juezas y Jueces para la Democracia- estaban de acuerdo en que, para hacerla eficaz, era necesario más dotación y más plazas de jueces.
Estas críticas de las asociaciones provocaron la reacción del ministro Félix Bolaños, el cual recordó que estaban ante la mayor reorganización de la Justicia en décadas y que la ley abordaba de raíz las causas de la lentitud e, incluso, del colapso de los tribunales.
En declaraciones a Confilegal, Bolaños subrayó el pasado viernes que el Gobierno había realizado «una gran labor de esfuerzo de inversión» para que esta ley fuese «un éxito». Entre estas inversiones, se encontraba «la construcción y adaptación de numerosos edificios que albergarán las nuevas oficinas judiciales que acompañan a los tribunales de instancia y los esfuerzos en digitalización, incluyendo los 470 millones de euros de fondos europeos».
Algo «innecesario»
Ahora bien, esta ley, que consta de 272 páginas, ha sido juzgada estos días en redes sociales no sólo por su contenido, sino por estar escrita de una forma excesivamente inclusiva. Y es que, a lo largo del documento, se puede apreciar hasta 150 veces la distinción entre «jueces y juezas»; así como en 98 ocasiones la diferencia entre «magistrados y magistradas». Algo que, tal y como han manifestado diversos juristas, llega incluso a dificultar su lectura.
María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, mostró su disconformidad con esta ley en una conversación con Confilegal el día que se publicó en el BOE. La calificó de «fracaso» y de «desastre» al no ir de la mano de dotación de medios.
Manifestó que esta ley arrinconaba a los jueces y les hacía perder el control del procedimiento y de la tramitación de los asuntos a resolver. Asimismo, resaltó que en todas estas leyes parecía que se olvidaba que la finalidad última era preparar el trabajo para poner una sentencia. No obstante, recalcó que le parecía «absurdo» que se insistiese tanto en recalcar en cada articulado «jueces y juezas» porque ello parecía «una manifestación»
Por su parte, la letrada experta en familia Ana Rodríguez ha comentado que la ley debería centrarse en aspectos «más importantes». Por ejemplo, cómo se va a llevar a cabo esa transición porque, en algunos casos, la vigencia de la ley es dentro de 20 días.
Una consulta a la RAE
Ha resaltado que, con todos los cambios y dificultades de esta ley «tan poderosa», no entiende el motivo por el cual se quiere realizar una norma con perspectiva de género donde se repite «innecesariamente magistrados, magistradas, jueces, juezas, ciudadanos, ciudadanas o funcionarios y funcionarias». Además, ha recordado que «nuestro lenguaje tiene un genérico».
Bajo su punto de vista, importa la esencia de la ley, y en ese caso, no «sólo no aporta nada, sino que dificulta su lectura y su comprensión». Incluso ha hecho una consulta a la RAE para preguntarle si es correcto «en una ley de esta envergadura realizar este desdoblamiento del lenguaje cuando existe el genérico y si se podría evitar para que fuera más clara y sencilla». Todavía no ha recibido respuesta.
La RAE le respondió ayer por la noche al tweet. Dijo que, «salvo que la mención explícita de ambos géneros sea un factor relevante en el mensaje, ese desdoblamiento es innecesario, pues el masculino gramatical engloba en la referencia a todas las personas, con independencia de su sexo/género».
La letrada expuso esta opinión en su cuenta de X -antiguo Twitter- y otros juristas se sumaron a ella. «¿Quién habla así normalmente? Es absurdo, nadie normal se ofende con el genérico de la ley, más si trabajas con ella y quieres ahorrar tiempo al usarla», dijo una abogada. «Es forzadísimo», comentó otra jueza.
Para María Jesús Moro, diputada del PP y portavoz de Justicia de ese grupo, el texto es desafortunado y comentó, en una columna de opinión publicada en este digital el día de Reyes, que es un texto «desafortunado» y que «la Justicia es lo último que ha importado a los impulsores de esta ley» y se ha referido a ella como un «contenedor de leyes».
