En los pueblos o zonas más aisladas de España, los habitantes se enfrentan a un sinfín de dificultades. No hay cerca centros sanitarios ni tampoco supermercados o cajeros. Lo que obliga a que, en muchas ocasiones, sea una furgoneta la que tiene que acudir semanalmente para atender las necesidades más básicas. Todo ello unido a la falta de cobertura o internet.
Esta falta de recursos también se encuentra presente en los juzgados, donde hay escasez tanto de medios materiales como personales. Cuatro jueces de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) cuentan a Confilegal cómo es trabajar zonas «más aisladas».
Carlos Arcay, juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Santoña
Carlos Miguel Arcay García es titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Santoña, Cantabria. En su día a día, suele encontrarse con casos particulares. Por ejemplo, disputas por linderos de fincas rurales o conflictos vecinales en comunidades pequeñas.
Pero también atiende problemas más comunes como reclamaciones bancarias, accidentes de tráfico, amenazas, lesiones y robos en segundas viviendas
Ahora bien, reconoce que los jueces de pueblo afrontan retos significativos relacionados con la escasez de medios, la falta de personal funcionario estable y la carencia de herramientas técnicas o infraestructuras. Lo que trae consigo una respuesta más tardía, desactualizada y de menor calidad que en los juzgados de ciudad.
Además, señala que tanto los edificios como las mesas, sillas o armarios están en malas condiciones por falta de renovación periódica. Siente que está en una “lucha constante” con la Administración por este asunto.
Por otro lado, también influye la falta de preparación del personal funcionario interino. “No se exige una preparación previa para formar parte de las listas, lo cual genera retrasos durante el tiempo en el que aprende lo básico de su función”.
Otro de los problemas a los que se enfrentan es la digitalización. Confiesa que no se invierte en proveer de medios técnicos que las reformas legales fijan como obligatorios para la tramitación de asuntos. Esto genera problemas de conexión con otras sedes.
Para mejorar la calidad de la Justicia en pueblos, ve necesario agrupar, a medio plazo, pequeños partidos judiciales dispersos en grandes partidos judiciales. Permitiría la separación de jurisdicciones y eliminar los juzgados mixtos.
A corto plazo considera clave invertir en personal, formarles y exigir a los interinos una formación básica en derecho procesal para poder formar parte de las listas. Todo ello favorecería a la estabilidad de la plantilla.
Noemí Rico, primera Instancia e Instrucción Nº1 de Lerma
Noemí Rico Frutos es titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Lerma, Burgos. Y es clara: «hay una falta de recursos públicos que sí que existen en las capitales» lo que obliga constantemente a esta ideando acciones prácticas que puedan dar salida a las obligaciones que impone la ley.
Por ejemplo, carecen de forense constantemente y, si tiene un asunto de lesiones leves relacionados con violencia de género, no puede obtener un informe que le permita tramitar las actuaciones por diligencias urgentes.
Tampoco disponen de puntos de encuentros familiares, lo que dificulta las cosas en situaciones muy conflictivas.
Respecto a las tecnologías, la jueza explica que, en su caso, que es territorio ministerio, están implantas de la misma forma que en las capitales. Pero hay dificultades en su funcionamiento desde el punto de vista del ciudadano.
«Hay zonas que geográficamente son muy aisladas, tienen falta de cobertura y sin acceso a internet. Esto comporta para ellos dificultades de acceso a los recursos telemáticos que les podría facilitar su relación con la Administración».
Por otro lado, Rico Frutos también destaca que en zonas más aisladas, para el ciudadano no existe el anonimato. Algo contraproducente en casos de violencia de género, pues la interposición de una denuncia les lleva a una exposición pública total.
Lo que «les obliga» a valorar la situación desde una perspectiva de mucha sensibilidad. Pero además, la falta de Policía o Guardia Civil hace que no se ofrezca una protección inmediata a la víctima.
Tampoco hay centros de atención sanitarios ni colegios o despachos de abogados, lo que hace que la víctima sólo se vea asesorada cuando ya está en sede judicial. Algo que también ocurre con los menores, que también son vulnerables y no disponen de un equipo de valoración familiar.
Aconseja a un juez que pronto vaya a ser destinado a una zona más «rural» que se «mentalice» si es su primer destino porque un juzgado de pueblo se parece «poco, o nada», a los que ha podido conocer en la capital porque se hace de todo.
«Eres juez, pero asumes muchas otras funciones que orgánicamente no corresponden». Por ejemplo, ha tenido que ir corriendo al edificio en el que se encuentra el archivo del juzgado porque le han avisado de que se han abierto las ventanas, han entrado las palomas y están anidando, cuenta como anécdota. «Aprendes mucho y hay que disfrutarlo todo»
Lucía Pro, Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Castuera
Lucía Pro Martínez es titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Castuera, Badajoz. Para ella, los casos más complicados son los emocionales, sobre todo, relacionados con la violencia de género.
Al igual que sus compañeros, insiste en la falta de recursos. “Es una realidad que la justicia española está colapsada” pero “no ha aumentado su personal al ritmo que ha aumentado la litigiosidad”.
También está de acuerdo con su compañero Arcay García con respecto a los interinos porque muchos no saben Derecho ni por formación ni por trabajo previo. «Tramitan expedientes judiciales sin tener ninguna noción de qué tienen que hacer». A todo ello se suma el hecho de que “literalmente” los sistemas informáticos fallan a diario.
Por lo que tienen que improvisar y usar el propio móvil del juez para cubrir una videoconferencia que no ha funcionado o redactar por escrito actas de juicios enteros cuando no funciona la grabación. A veces, incluso están una mañana entera sin luz o internet.
Además, la jueza comenta que hay muchos juzgados de pueblo muy alejados de Badajoz capital, que es el lugar en el que se encuentra el Instituto de Medicina Legal (IML). «El forense se desplaza hasta el juzgado una vez cada varios meses» y «acaba atendiendo por videollamada, lo que empeora su atención al ciudadano».
La situación se agrava porque el IML sólo tiene un psicólogo para toda la provincia. Plaza que el año pasado estuvo vacante durante varios meses paralizando investigaciones criminales o asuntos de familia.
Fuera de asuntos de guardia, relata que en su juzgado tienen al fiscal dos veces al mes. «No vienen presencialmente, lo atienden todo por vídeo». «Es imposible llevar un
ritmo eficiente de trabajo sin tener al Ministerio Fiscal disponible».
Lo mismo ocurre con abogados de oficio, que tienen dos, y a veces uno, para todo el partido judicial.
Ve muy urgente cubrir las plaza vacantes con funcionarios titulares, es decir, los que han sacado la oposición, para así cubrir las plazas de LAJ y juez.
De lo contrario, «las plazas que siempre van a estar desiertas para ser cubiertas por sustitutos son las de pueblo, especialmente en las zonas más despobladas, y ello no hace más que aumentar la desigualdad que ya es enorme entre la población urbana y rural, a nivel de un derecho tan fundamental como el del artículo 24 de la Constitución«.
Rocío Trillo, primera Instancia e Instrucción Nº2 de Castuera
Rocío Trillo Varela es titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Castuera. Para ella, los casos más complicados son los que le hacen sentir impotencia al ver que se está buscando una solución que no es propiamente jurídica.
Se refiere, sobre todo, a casos en los que personas denuncian a familiares con drogodependencia o trastorno mental no diagnosticado o no tratado, entre otros. Son casos que «no buscan tanto una sanción penal como una solución de tipo social y sanitario».
Considera que uno de los desafíos que enfrenta un juez de pueblo es la distancia con respecto a las grandes ciudades, lo que hace que dependan de las videoconferencias. En las guardias aumentan los tiempos de espera a los profesionales que intervienen.
Otro reto significativo es la menor especialización del personal porque “todos hacemos de todo.” Y también la alta rotación del personal al ser «muy poco probable» que quieran instalarse allí definitivamente.
No obstante, considera que, en su juzgado, sí es fácil acceder a abogados o peritos. «A veces hay que esperar a que lleguen profesionales que se encuentran en otra localidad pero, por lo general, se trata de tiempos de espera asumibles para el tiro del juzgado».
Al igual que relata que, en su caso, las tecnologías se han implementado correctamente «por fortuna» porque dependen mucho de las videoconferencias.
«El único problema más típicamente rural es que no disponemos de servicio de asistencia informática en la sede del juzgado por lo que, si hay algún problema técnico que requiere asistencia presencial, a veces hay que esperar a otro día para que se solucione».
«Creo que el sistema judicial en los pueblos mejoraría con las mismas medidas
que en zonas urbanas, esencialmente más personal y más especialización del
personal».
