La falta de seguimiento, medios y supervisión de pacientes con enfermedades mentales es un grave problema.
Salud mental, juzgados y falta de recursos en la Administración Pública: «no tenemos una varita mágica»
Tres magistrados y una abogada analizan la situación en los juzgados con respecto a personas que padecen algún problema de salud mental
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29/9/2024 05:35
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Actualizado: 29/9/2024 09:49
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La falta de seguimiento, medios y supervisión de pacientes con enfermedades mentales es un grave problema. Y, en muchas ocasiones, los juzgados se encuentran con personas con esquizofrenia, bipolaridad o demencia tras haber cometido un presunto delito que, quizá, podría haberse evitado.
Ana Rodríguez es abogada experta en Familia y ha visto cómo personas con este tipo de enfermedades han terminado en el sistema judicial por falta de recursos en las Administraciones Públicas.
Cuenta que tuvo una clienta con problemas de salud mental tras haber sufrido abusos por parte de su padre cuando era pequeña. Quería demandar asegurando que su estado se debía al desamparo de las instituciones. Tuvo otro que agredió a un funcionario de prisiones con esquizofrenia diagnosticada. Y a una mujer con alcoholismo que pegaba a su familia.
La abogada recuerda que en el Código Penal hay atenuantes y eximentes de la responsabilidad por trastorno, alteración, enfermedad mental y adicciones. Su aplicación puede resultar inaceptable para la víctima porque «esas alteraciones en la salud mental han sido injustamente consideradas socialmente».
Por lo que «la falta de recursos y el desconocimiento han llevado a estas personas a una puerta giratoria en un ciclo de entradas y salidas del sistema judicial». Confiesa que cuando le toca este tipo de casos intenta hacerlo lo mejor posible o renunciar si no es posible una defensa cuando el asunto es del turno de oficio. Pero «ni lo uno ni lo otro soluciona el problema».
Marisa Llambes Sánchez es magistrada decana en los juzgados de Villarreal. Está en primera línea de batalla y a diario se encuentra en el juzgado casos de personas con estos problemas. Explica que en casos de violencia doméstica ha visto que detrás de ello hay personas con problemas de adicción. Algo que muchas veces va de la mano de problemas mentales.
Pues no quieren tratarse y ejercen esa violencia con sus padres y otros familiares. «Esto lo vivimos en las guardias en un porcentaje altísimo», detalla la magistrada. «Hay enfermedades mentales no tratadas o casos de adicciones sin rehabilitación» que acaban en agresiones o amenazas.
Para ella, el problema es que no está funcionando bien la primera barrera de defensa, que es la asistencia social. De modo que al no estar funcionando esta barrera, que es de prevención, se produce «un fracaso» que acaba «saltando» al juzgado al cometerse infracciones.
«Se judicializa el asunto y no somos asistencia social»
«Se judicializa el asunto y los juzgados no somos asistencia social. Llegan los familiares desesperados solicitándonos medidas cuando nosotros no podemos darles asistencia social. Lo único que podemos hacer es ver si hay una infracción penal o no. No tenemos una varita mágica«. Incluso hay veces que en casos de adicciones aceptan internarse pero es difícil encontrar un centro de forma inmediata.
Comenta que hay muchos casos de salud mental que están «ocultos». Hay que «partir del realismo y ver los casos en los que detrás hay un problema de salud mental o adicción a las drogas. No sabemos qué número barajamos». Por lo que insiste en que los juzgados necesitan más medios. Cuenta que, por ejemplo, en Castellón, hasta hace poco estaban sin forense.
Sin ese profesional no podían evaluar si había que internar a una persona o si tenía su capacidad intelectual y volitiva en el momento en el que cometió los hechos. «Estamos abandonados en los juzgados, necesitamos especialistas. Además, estamos saturados, lo que no nos permite dedicar a estas personas el tiempo que necesitan».
Por último, ha querido explicar que hay que reforzar a los servicios sociales, así como que deben asumir sus responsabilidades. «El juzgado de guardia se convierte en un cajón de sastre y de forma administrativa se pueden dictar ordenes sin necesidad de una autorización judicial».
Falta de recursos en la Administración Pública
Miguel Guerrero Cobo es juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Don Benito y también se enfrenta día a día a esta situación. No obstante, prefiere diferenciar entre enfermedad mental y drogodependencia al poder ir acompañado, o no, de un trastorno mental derivado del consumo.
Considera, sin duda, que se ha producido un incremento en la judicialización de casos de salud mental por falta de recursos en la Administración Pública. Explica que no sólo basta con un diagnóstico de enfermedad mental, sino que hay que hacer un seguimiento y una supervisión del paciente para asegurarse que toma el tratamiento farmacológico pautado.
Pero ¿quién se encarga de esto?, se pregunta. Relata que en ocasiones los pacientes viven solos o están aislados socialmente por su condición, siendo frecuente que no sigan el tratamiento médico. Otras veces «son los familiares los que procuran que el enfermo vaya a sus revisiones o tome su medicación». Pero reconoce que esto también es fuente de conflicto» porque muchos se niegan a tomarla. Y a veces acaba con la intervención de la policía por haberse producido una agresión.
Y aunque «dichas agresiones son frecuentes en la práctica, muchas no se llegan a denunciar«. El juez relata que es tremendamente complicado, a nivel personal, denunciar a tu propio hijo aunque te haya agredido y más teniendo en cuenta su enfermedad mental.
Recuerda a una madre que le confesó que las agresiones de su hijo con trastorno límite de la personalidad eran frecuentes. Hablando con ella, le dijo que algún día la mataría sin querer y le empujaría por las escaleras. «Esas situaciones impactan».
Falta de coordinación
Guerrero Cobo explica que, además, la coordinación entre el sistema judicial y estos servicios es inexistente. «Siento ser pesimista», pero en los juzgados «no tenemos acceso al historial clínico del detenido, de manera que desconocemos con exactitud su diagnóstico o tratamiento».
Otra dificultad es saber a qué centro médico se ha de solicitar la información clínica del investigado ya que, en ocasiones, se combina la atención pública con la privada y, a veces, de distintas Comunidades Autónomas.
Tiene claro que hacen falta medios materiales y personales porque un informe de valoración de guarda y custodia para temas de familia o de violencia de género tarda, en su provincia, entre dos y tres años. Desde el Instituto de Medicina Legal le dijeron que sólo tenían a una psicóloga y a una asistenta social para toda la provincia.
«Yo, como juez, puedo acordar que se derive a una Unidad de Salud Mental; ahora bien, si desde el centro me responden que no tienen ninguna plaza ¿qué hacemos? No hay solución en la práctica y no parece que haya interés alguno por las distintas Administraciones Públicas en solucionarlo».
Ve imprescindible más personal y plazas en las Unidades de Salud Mental y centros de deshabituación. Al igual que más psicólogos y psiquiatras en la Seguridad Social. Para el juez es crucial unificar protocolos de asistencia legal y policial, así como aumentar la formación en este campo y «eliminar trabas administrativas para prestaciones de dependencia y ayudas sociales».
En lo público, no se abordan estas situaciones de forma satisfactoria
Para Fernando Portillo, titular del Contencioso-Administrativo Nº3 de Melilla y presidente de Foro Judicial Independiente, al igual que consideran sus compañeros, los problemas de salud mental se judicializan porque desde el sistema público no se abordan estas situaciones de forma satisfactoria.
«Sería muy interesante obtener la estadística de gente que está en prisión siendo medicada o en seguimiento por los servicios de salud del centro. Fuera de ahí, es complicado sacar una estadística porque el juzgado de guardia no es el sitio para hacer un diagnóstico certero más allá de lo que puntualmente valore el médico forense«.
Manifiesta que hay «un gran olvido administrativo» de este problema por falta de recursos. «Hay que invertir de verdad en atención a la salud mental» y en dar más asistencia a las familias.
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