El magistrado Eduardo Enrech Larrea, titular del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Lleida ha concedido la exoneración de una deuda de 266.301,52 euros a un matrimonio que se acogió a la Ley de Segunda Oportunidad.
La pareja vio cómo su situación económica se deterioraba tras la mala evolución de un negocio y una serie de circunstancias adversas: un accidente laboral, el desempleo y la crisis del COVID-19, que afectó gravemente al comercio que ella regentaba.
De la ilusión empresarial al sobreendeudamiento
En 2014, el matrimonio abrió un establecimiento con un crédito ICO. La actividad funcionó bien inicialmente, lo que les llevó a invertir en un segundo negocio dos años después, también financiado con otro préstamo ICO. Confiaban en que el crecimiento sería sostenible, y su banco avaló la operación.
Sin embargo, los problemas llegaron rápido: dificultades con la comunidad de propietarios para realizar obras, encarecimiento del alquiler y, finalmente, la inviabilidad económica del proyecto.
Para evitar que las pérdidas del segundo negocio arrastraran al primero, decidieron traspasarlo. Pero los ingresos obtenidos solo sirvieron para pagar proveedores y alquileres pendientes, sin cubrir la deuda principal.
Buscaron soluciones bancarias, incluyendo una reunificación de créditos y una refinanciación, pero el banco les exigió la contratación de una póliza adicional, lo que empeoró su situación. Sin margen para afrontar los pagos, priorizaron la deuda sobre gastos esenciales como la hipoteca y suministros.
El colapso financiero y la presión bancaria
La situación se agravó cuando recibieron una demanda judicial por impagos del crédito ICO. La pareja había seguido las indicaciones del banco para alcanzar un acuerdo, sin lograrlo.
En paralelo, afrontaron una intensa presión de las entidades financieras: correos, llamadas a deshoras y propuestas inviable de pago único o rehipotecas.
A pesar de los esfuerzos, la adversidad continuó: él sufrió un accidente grave antes de la renovación de su contrato y quedó desempleado; luego llegó la pandemia, que obligó al cierre temporal del negocio de ella, dejando sin ingresos a la familia. La deuda se volvió inasumible.
Un proceso judicial con final feliz
Sin recursos, acudieron a la justicia gratuita, pero la asistencia que recibieron fue deficiente: el abogado de él cerró el caso en una semana sin ofrecer alternativas y el de ella desapareció durante la pandemia.
Ante la falta de apoyo, buscaron asesoramiento privado y encontraron en la prensa una noticia sobre los éxitos de Bergadà Abogados en casos similares. Contactaron con la firma y decidieron acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.
El despacho, tras analizar la documentación, constató que cumplían con los requisitos: eran deudores de buena fe y habían sido víctimas de circunstancias adversas y de un deficiente asesoramiento financiero.
Presentaron el procedimiento y lograron la exoneración total del pasivo insatisfecho.
La Segunda Oportunidad, un derecho
«Mucha gente piensa que quienes se acogen a esta ley buscan eludir pagos, pero la realidad es muy distinta. La mayoría de los deudores quieren cumplir con sus obligaciones, pero las circunstancias los desbordan», explica Marta Bergadà, socia fundadora del despacho. La normativa permite a personas sobreendeudadas reconstruir su vida económica y evitar el colapso personal y familiar.
Tras la resolución judicial, la pareja reconoce que el proceso ha cambiado su mentalidad y ahora inculcan educación financiera a sus hijos.
«La exoneración no solo nos ha dado un respiro económico, sino también una lección sobre la importancia de una buena gestión financiera», concluyen.
