La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada al fraude en inversiones con criptomonedas; una estafa piramidal. En una operación simultánea en Málaga, Murcia y Madrid, los agentes han detenido a ocho personas e intervenido 73 cuentas bancarias, 12 vehículos, material informático y 1.500 euros en efectivo.
Se estima que el fraude asciende a unos 400 bitcoins, lo que equivale a aproximadamente 37,2 millones de euros según la cotización actual.
Un esquema Ponzi disfrazado de inversión segura
El fraude se articulaba a través de una plataforma que ofrecía un supuesto plan de inversión con alta rentabilidad a cambio del arrendamiento de bitcoins por 12 meses.
En realidad, se trataba de un esquema Ponzi: los pagos a los primeros inversores procedían de los fondos de los nuevos, hasta que la plataforma bloqueó la retirada de los activos y desapareció con el dinero.
La investigación se inició en 2022 en Murcia, tras la denuncia de una víctima. Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) descubrieron que la trama había captado a 3.646 inversores en 36 países, de los cuales 2.718 residían en España.
Un golpe a las estafas con criptomonedas
Esta operación se enmarca en una estrategia de la UDEF contra el fraude financiero y el blanqueo de capitales con criptomonedas.
En 2024, la unidad llevó a cabo varias intervenciones similares, con un balance de 90 detenidos, 30 millones de euros recuperados y la incautación de criptomonedas valoradas en más de 3 millones de euros.
Entre ellas destaca la denominada «Operación Micrón», que reveló otro esquema fraudulento de gran alcance. En este caso, los estafadores captaban a sus víctimas mediante anuncios en redes sociales con imágenes de personajes famosos sin su consentimiento.
Prometían rentabilidades extraordinarias en criptomonedas y, tras un primer depósito, los convencían para invertir mayores cantidades.
A través de software de acceso remoto, los delincuentes tomaban el control de los dispositivos de sus víctimas, accedían a sus cuentas bancarias y, en muchos casos, usaban su documentación para abrir cuentas en «exchanges» y bancos ordinarios, facilitando así la recepción y blanqueo de fondos de otras víctimas.
