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Opinión | Análisis jurídico y político del choque entre Trump y el Poder Judicial tras desafiar la orden de detener deportaciones masivas
Este choque entre el Ejecutivo estadounidense y el Poder Judicial puede sentar un precedente muy peligroso durante el actual mandato de Donald Trump. El columnista, Jorge Carrera, es abogado, exmagistrado y exjuez de enlace de España en Estados Unidos. Foto: Wikipedia.
18/3/2025 12:25
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Actualizado: 18/3/2025 16:59
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El presente estudio aborda dos temas fundamentales relacionados con las recientes acciones del presidente Donald Trump: la presunta desobediencia a una orden judicial que bloqueó deportaciones masivas y las manifestaciones políticas sobre la nulidad de los indultos otorgados por el expresidente Joe Biden.
Nos proponemos evaluar la trascendencia de estas acciones a la luz del derecho estadounidense y del contexto político, considerando el marco constitucional, precedentes históricos y opiniones expertas.
Introducción
Las acciones presidenciales en Estados Unidos están sujetas a estrictos controles constitucionales y legales que garantizan la separación de poderes y el respeto al Estado de derecho. Sin embargo, recientes decisiones del presidente Donald Trump han generado controversias significativas en el ámbito jurídico.
En particular, la presunta desobediencia a órdenes judiciales relacionadas con deportaciones masivas ha suscitado preocupación. Además, sus declaraciones políticas cuestionando la validez de los indultos emitidos por su predecesor, Joe Biden, han añadido tensión al panorama legal y político.
La Constitución de los Estados Unidos y la separación de poderes
La Constitución estadounidense establece un sistema robusto de separación de poderes entre los tres principales órganos del gobierno: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Este principio es fundamental para prevenir abusos de poder y garantizar que cada rama opere dentro de sus límites constitucionales.
El artículo II define las atribuciones del presidente, mientras que el artículo III otorga al poder judicial la facultad de interpretar la ley y garantizar su cumplimiento.
En este contexto, cualquier acción presidencial que contradiga una orden judicial plantea serias preocupaciones sobre la violación del principio de separación de poderes.
La jurisprudencia estadounidense ha establecido que las órdenes judiciales son vinculantes para todas las ramas del gobierno, incluido el Ejecutivo. Por lo tanto, la desobediencia a dichas órdenes puede ser interpretada como un acto ilegal que socava el Estado de Derecho.
La Ley de Enemigos Extranjeros (1798)
La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798 como parte de las Leyes de Extranjería y Sedición, otorga al presidente poderes extraordinarios para detener o deportar a nacionales considerados enemigos durante tiempos de guerra o de invasión. Históricamente, esta ley se ha utilizado en contextos bélicos específicos, como la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales.
Sin embargo, su invocación por parte del presidente Trump en ausencia de una guerra declarada o invasión plantea interrogantes sobre su aplicabilidad y compatibilidad con los principios constitucionales.
Normativa sobre indultos presidenciales
El poder presidencial para conceder indultos está consagrado en el Artículo II, Sección 2, Cláusula 1 de la Constitución. Este poder es amplio pero no absoluto; debe ejercerse dentro del marco legal establecido y respetar los procedimientos administrativos pertinentes.
La declaración unilateral del expresidente Trump sobre la nulidad de los indultos otorgados por Biden introduce un debate sobre los límites del poder presidencial en relación con decisiones ejecutivas previas. Con todo, y por ahora, esa declaración no parece ir más allá de la arena política pues no existe un acto formal revocando la gracia concedida.
Desobediencia a órdenes judiciales en deportaciones masivas: contexto factual
Durante su mandato, Donald Trump está implementando políticas agresivas contra la inmigración ilegal, incluidas deportaciones masivas amparadas en la Ley de Enemigos Extranjeros. Se ha alegado que su administración ha ignorado una orden judicial destinada a bloquear un vuelo con migrantes deportados.
Más concretamente, Donald Trump firmó el pasado 15 de marzo una orden ejecutiva por la que declara al grupo criminal conocido como el Tren de Aragua (TdA) como una organización terrorista extranjera debido a sus actividades hostiles hacia Estados Unidos.
Según el documento, este grupo cuenta con miles de miembros, muchos infiltrados ilegalmente en Estados Unidos, y están llevando a cabo una forma de guerra irregular mediante el tráfico de drogas y otras acciones hostiles contra la seguridad nacional.
El fundamento principal de esta decisión radica en que el TdA trabaja estrechamente con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, especialmente con personajes como Tareck El Aissami, acusado formalmente en EE. UU. por narcotráfico y actualmente prófugo. Según la orden, Maduro y su régimen utilizan organizaciones criminales, incluido el TdA, para desestabilizar democracias americanas mediante drogas, violencia y migración irregular, con la intención específica de perjudicar a Estados Unidos.
El presidente fundamenta esta medida en la necesidad de proteger la seguridad pública y nacional, ya que asegura que el TdA ha infiltrado ilegalmente a sus miembros en Estados Unidos, realizando actividades hostiles, incluyendo tráfico de drogas y violencia armada.
Por todo ello, utilizando la autoridad constitucional y la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act), la orden declara a los miembros del TdA que se encuentran ilegalmente en EE. UU. como «enemigos extranjeros» (Alien Enemies), autorizando su detención inmediata y expulsión del país. Además, se ordena al Fiscal General y al Secretario de Seguridad Nacional que ejecuten esta política, estableciendo procedimientos claros para la captura, detención y deportación rápida de estos individuos.
Grupos de derechos civiles, incluyendo ACLU y Amnistía Internacional, cuestionaron la legalidad y motivación detrás de estas deportaciones, calificándolas de racistas y peligrosas. Además, familiares y activistas pusieron en duda que los deportados realmente tuvieran vínculos con las bandas.
El juez federal James Boasberg ordenó detener las deportaciones por 14 días el sábado mientras algunos vuelos estaban en el aire y exigió verbalmente que estos regresaran, aunque esta orden no apareció en su escrito formal.
El gobierno de Trump argumentó que una orden verbal no era legalmente ejecutable y que los vuelos ya habían salido del espacio aéreo estadounidense, lo que limitaba el alcance del juez.
La orden no se ejecutó. Funcionarios de la Casa Blanca afirmaron en documentos judiciales que no habían desobedecido la orden, argumentando que esta no era aplicable por haberse dado oralmente, y porque los aviones ya habían despegado cuando se dio la instrucción.
En una audiencia posterior, el juez Boasberg reafirmó que su orden había sido clara y específica en exigir que los aviones regresaran.
El lunes pasado, poco antes de una audiencia programada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al tribunal de apelaciones federal que el juez James Boasberg fuera retirado del caso relacionado con las deportaciones de presuntos miembros de bandas venezolanas.
Esta acción es inusual y sugiere que el Departamento de Justicia podría tener preocupaciones sobre la imparcialidad o la gestión del caso por parte del juez Boasberg. Hasta el momento, el tribunal de apelaciones no ha tomado una decisión sobre esta petición.
Durante una audiencia de 45 minutos, el juez federal James Boasberg, un tipo muy tranquilo, subió el tono y expresó su frustración con el Departamento de Justicia (DOJ) por no acatar su orden de detener las deportaciones de presuntos miembros de bandas venezolanas.
Boasberg señaló que el gobierno apresuró la salida de los aviones el sábado por la tarde, a pesar de que sabía que él había programado una audiencia a las 5 p.m. de ese día.
El juez cuestionó al abogado del DOJ sobre la discrepancia entre su orden oral de regresar los aviones «inmediatamente» y la posterior orden escrita que carecía de esa instrucción detallada.
El DOJ argumentó que la orden oral del juez no era vinculante y que, una vez que los vuelos salieron del espacio aéreo estadounidense, la autoridad del juez no se aplicaba.
Boasberg rechazó esta postura, calificándola de «exagerada», y enfatizó que sus poderes judiciales se extendían más allá del espacio aéreo nacional.
El juez ordenó al DOJ proporcionar, bajo juramento y antes del mediodía del martes, una explicación detallada sobre los vuelos de deportación, incluyendo horarios de despegue, aterrizaje y la entrega de los deportados a otros países.
Esta información es crucial para determinar si el gobierno actuó en desacato a la orden judicial.
Análisis Jurídico
La desobediencia a órdenes judiciales constituye una violación directa del principio constitucional de separación de poderes. Según precedentes establecidos por el Tribunal Supremo, las órdenes judiciales son vinculantes para todas las ramas del gobierno. Ignorar dichas órdenes no sólo socava el Estado de Derecho sino que también puede ser considerado desacato judicial
En el derecho estadounidense, el término «desacato» se traduce como «contempt» y se refiere a la desobediencia o falta de respeto hacia la autoridad de un tribunal. Este concepto es fundamental para mantener la integridad y el funcionamiento adecuado del sistema judicial.
Existen dos tipos de desacato en el derecho estadounidense
1.- Desacato civil: Ocurre cuando una persona incumple una orden judicial, como no pagar una pensión alimenticia o no cumplir con una orden de alejamiento. El propósito principal de las sanciones en este caso es obligar al cumplimiento de la orden.
2.- Desacato penal: Se produce cuando alguien muestra una conducta que ofende o falta al respeto a la autoridad o dignidad del tribunal, como interrumpir una audiencia, comportarse de manera despectiva hacia el juez. Las sanciones penales buscan castigar la conducta irrespetuosa y mantener el orden en el tribunal.
Cabe destacar que de acuerdo con doctrina legal estadounidense un incumplimiento deliberado de las ordenes judicicales podría llevar a sanciones legales y políticas, incluyendo procedimientos de impeachment (juicio político) por violar su juramento de defender la Constitución y las leyes del país.
Por otro lado, el uso por parte del presidente Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar las deportaciones plantea problemas adicionales. Esta ley fue diseñada para situaciones bélicas o de invasión específicas y no para conflictos internos de tipo migratorio como los alegados por Trump contra pandillas venezolanas. Además, según han invocado sectores de la doctrina, su aplicación sin debido proceso contradice principios fundamentales consagrados en la Quinta Enmienda.
De acuerdo con el US Code, 50 USC Ch. 3: ALIEN ENEMIES, “Siempre que exista una guerra declarada entre los Estados Unidos y cualquier nación o gobierno extranjero, o se produzca, intente o amenace cualquier invasión o incursión depredadora contra el territorio de los Estados Unidos por parte de una nación o gobierno extranjero, y el Presidente haga una proclamación pública del suceso, todas las personas nativas, ciudadanas, habitantes o súbditas de la nación o gobierno hostil, mayores de catorce años que se encuentren en los Estados Unidos y no estén debidamente naturalizadas, podrán ser detenidas, restringidas, aseguradas y expulsadas como extranjeros enemigos. En tales circunstancias, el Presidente está autorizado, mediante dicha proclamación u otro acto público, a ordenar la conducta que deberán observar los Estados Unidos hacia los extranjeros sujetos a estas medidas; determinar el modo y grado de restricción al que serán sometidos, en qué casos y bajo qué garantías se permitirá su residencia, disponer la expulsión de aquellos a quienes no se permita residir en los Estados Unidos y que se nieguen o descuiden en partir del país; y establecer cualquier otra regulación que se considere necesaria según las circunstancias y para la seguridad pública.”
Si bien es cierto, que parece como mínimo bastante discutible que esta legalidad sea aplicable al caso, pues por una parte no hay guerra declarada de por medio, pero por otra no resulta fácil hablar de invasión depredadora a cargo de nación o gobierno extranjero, ahora mismo la atención de los juristas está especialmente focalizada en el presunto desconocimiento de las órdenes judiciales, cuando la administración estaba en posición y obligación de acatarlas.
Juristas como Angela Kelley han señalado que estas acciones representan un desafío directo al sistema jurídico estadounidense y podrían tener implicaciones económicas y sociales significativas.
Otros expertos advierten que estas políticas erosionan la legitimidad del poder judicial como mecanismo efectivo para controlar los excesos presidenciales.
Apelación a la nulidad de indultos presidenciales: contexto factual
Donald Trump en el contexto de manifestaciones políticas y en redes sociales ha considerado nulos los indultos otorgados por Joe Biden. Argumenta que estos indultos fueron firmados utilizando un «autopen» y que Biden no estaba consciente ni aprobó personalmente dichas decisiones.
Entre los indultados se encontraban individuos condenados por delitos no violentos relacionados con drogas y figuras políticas vinculadas al Comité que investigó a Trump durante su mandato.
Análisis Jurídico
Un «autopen» es un dispositivo mecánico que reproduce la firma de una persona. Funciona sujetando un bolígrafo u otro instrumento de escritura en el brazo de una máquina, la cual replica una firma después de haber sido programada con una muestra de escritura.
Esto permite que personas prominentes, como celebridades o políticos, puedan firmar cientos de documentos diariamente sin necesidad de estar directamente involucrados o incluso presentes en la misma habitación.
Según el abogado y profesor Dr. Harry Melkonian, es imposible distinguir si un documento ha sido firmado por un «autopen».
Los «autopens» han sido utilizados por presidentes de Estados Unidos durante décadas. Por ejemplo, el presidente Barack Obama fue el primero en usar uno para firmar una ley en 2011, y otros presidentes como Harry Truman y Gerald Ford también los emplearon para firmar diversos documentos oficiales.
El argumento presentado por Trump carece según una gran parte de constitucionalistas de sustento legal significativo. El uso del «autopen» para firmar documentos presidenciales ha sido reconocido como válido siempre que exista autorización explícita del presidente.
Este procedimiento ha sido utilizado por varios presidentes anteriores sin cuestionamientos legales sustanciales.
Además, declarar nulos indultos presidenciales emitidos previamente excede las atribuciones constitucionales del presidente. Una vez otorgado un indulto conforme al marco legal vigente, este no puede ser revocado unilateralmente sin violar principios fundamentales relacionados con el debido proceso y la seguridad jurídica.
Constitucionalistas como Laurence Tribe han señalado que las declaraciones de Trump representan una interpretación errónea del poder presidencial y podrían ser vistas como un intento político más que jurídico.
Y de hecho, lo cierto es que por ahora, el asunto no va más allá de lo político. Otros académicos destacan que estas acciones generan incertidumbre sobre la estabilidad institucional y podrían sentar precedentes peligrosos si no son abordadas adecuadamente.
Precedentes históricos de desafíos a órdenes judiciales en el sistema constitucional estadounidense
Casos Relevantes
A lo largo de la historia estadounidense, pocos presidentes han desafiado abiertamente órdenes judiciales o intentado anular decisiones ejecutivas previas. Sin embargo, existen casos emblemáticos que ilustran las tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial:
Andrew Jackson: Ignoró una decisión del Tribunal Supremo relacionada con los derechos territoriales indígenas. Con todo, Jackson operaba en una democracia aún en formación, donde los límites entre poderes no estaban completamente definidos.
Aun así, este caso de Jackson expuso las limitaciones prácticas del poder judicial cuando el ejecutivo se niega a cumplir sus fallos, revelando una debilidad estructural en el sistema de separación de poderes.
Richard Nixon: Intentó obstruir investigaciones judiciales durante el escándalo Watergate. Las acciones de Nixon atentaron principalmente contra principios generales del estado de derecho y transparencia gubernamental. Fue una crisis constitucional en toda regla, que acabó con su mandato presidencial.
Conclusión
El reciente enfrentamiento entre la administración del presidente Donald Trump y el poder judicial estadounidense, derivado de las deportaciones a El Salvador, plantea serias preocupaciones sobre la estabilidad del sistema constitucional de Estados Unidos.
Este choque entre el Ejecutivo y el Judicial podría sentar un precedente peligroso durante el actual mandato presidencial.
El sistema de gobierno de Estados Unidos se basa en la separación de poderes, donde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial actúan como contrapesos entre sí para garantizar el equilibrio democrático.
La desobediencia a una orden judicial por parte del Ejecutivo no es una opción y representaría, si se confirma, una violación directa a este principio fundamental.
Si el Tribunal Supremo determinara que ha existido una desobediencia por parte del presidente, se desencadenaría una crisis constitucional de gran magnitud. Una negativa del Ejecutivo a acatar decisiones judiciales socavaría la confianza pública en el Estado de derecho y podría erosionar la legitimidad de las instituciones democráticas.
La democracia estadounidense, reconocida como un modelo a nivel mundial, enfrenta riesgos significativos si se permite que el Ejecutivo actúe sin restricciones legales. La independencia judicial es esencial para mantener el equilibrio de poderes y garantizar que ninguna rama del gobierno exceda sus límites constitucionales.
En conclusión, el actual conflicto entre la Administración Trump y el Poder Judicial no solo amenaza la estabilidad interna de Estados Unidos, sino que también envía señales preocupantes a otras democracias que miran al país como referente.
Es imperativo que se respeten las decisiones judiciales para preservar la integridad del sistema democrático y evitar una crisis constitucional de alto voltaje.
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