«Vamos a estudiar distintas alternativas«, ha declarado hoy el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. «Le tengo que confesar que esa referencia del informe del Consejo [General del Poder Judicial] me sorprendió. Porque la información que tenemos en el Ministerio es que los jueces y magistrados de nuestro país que preparan opositores están realizando una actividad y, como es lógico, normal, cobran por ello», respondió hoy el ministro a Confilegal en rueda de prensa.
«Pero si el Consejo tiene más información, considera que hay muchos de ellos, como dice el propio informe, que lo hacen de manera altruista, generosa y no cobran… Vamos a estudiar distintas alternativas», añadió, sin especificar nada más, en referencia clara y directa a esos jueces y fiscales que forman a opositores sin recibir nada a cambio.
Fuentes del Ministerio han aclarado después a este periódico que están en el proceso de «metabolizar» el informe del Consejo al Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) –compuesto de 125 folios– y que todavía no han adoptado ninguna decisión al respecto.
Esta referencia ha extendido cierta preocupación entre el colectivo de preparadores a opositores de jueces y fiscales. Estos funcionarios solo tienen autorizadas tres tipos de actividades remuneradas, fuera de su función oficial: la publicación de libros y artículos, su intervención en conferencias y mesas redondas y la docencia, en la que está comprendida la preparación de opositores.
Al incluir esta actividad en el Anteproyecto de Ley Orgánica lo que, al parecer, pretende el Ministerio es regularizar y dar transparencia a una actividad que, aunque común y asumida socialmente, carece de suficiente control administrativo y fiscal, lo que ha derivado en una práctica de cobro en negro.
EL OBJETIVO ES QUE DECLAREN LO QUE COBRAN EN NEGRO Y PAGUEN A HACIENDA
El objetivo obvio de fondo de una medida de este tipo es luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida, asegurándose de que los ingresos derivados de la preparación de opositores sean declarados y tributen como corresponde (entre 200 y 300 euros por alumno). Y reforzar la integridad y ejemplaridad del poder judicial, evitando situaciones de opacidad o privilegios informales en un ámbito clave como el acceso a la judicatura.
Dicho de otro modo, que declaren lo que perciben y que tributen, en consecuencia, por ello. Lo que para muchos podría suponer saltar de un tramo del IRPF a otro superior, dejando de ser atractiva la actividad.
El Ministerio pretende establecer un control más estricto y homogéneo sobre esta actividad, garantizando su trazabilidad y transparencia.
Los jueces y magistrados que, en la actualidad, se dedican a preparar opositores de forma remunerada y habitual deben solicitar autorización al CGPJ si quieren ejercer esa actividad ya que se considera una actividad compatible pero sujeta a autorización expresa previa. No es así cuando lo hacen de un modo altruista.
El artículo 395 de la LOPJ especifica las actividades compatibles, entre ellas la docencia. Le corresponde a la Comisión Permanente regular y autorizar estas actividades caso por caso, tanto la preparación individual como su colaboración con academias que hacen la misma actividad.
Por lo que respecta a los fiscales que se dedican a formar opositores están obligados al menos a declarar si dedican parte de su tiempo a preparar a alumnos que quieran presentarse a las oposiciones, para evitar que puedan, a la vez, formar parte de los procesos de selección de los aspirantes.
