El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha identificado más de 15.200 viviendas turísticas ilegales en la ciudad de Madrid y ha pedido al Ayuntamiento, presidido por José Luis Martínez-Almeida, que actúe para eliminar sus anuncios de las plataformas digitales de alquiler.
El hallazgo procede de un informe elaborado por la Unidad de Análisis de Consumo, que ha detectado 16.335 anuncios de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la capital. Una cifra que contrasta con las 1.131 licencias que, según el propio Ayuntamiento, se han concedido oficialmente.
Para el Ministerio, la diferencia entre el número de anuncios y las licencias evidencia una situación “muy preocupante”, y solicita al Consistorio que ejerza sus competencias para retirar de forma inmediata la publicidad de aquellas viviendas que carecen de autorización.
Direcciones, propietarios e indicios de ilegalidad
El Ministerio ha remitido un archivo digital al Ayuntamiento que incluye información detallada: las direcciones exactas de muchas de estas viviendas, datos que permitirían identificar a sus propietarios y miles de URLs segmentadas por tipo de alojamiento, anfitrión y presencia o ausencia del número de registro.
Según Consumo, se trata de “evidencias digitales de gran valor” que permitirían al gobierno municipal iniciar inspecciones, abrir expedientes sancionadores y ordenar el cese de actividad de los alojamientos ilegales.
Bustinduy ha reclamado públicamente que todas las administraciones involucradas actúen con firmeza ante lo que considera una amenaza directa al derecho a una vivienda digna. “Esta práctica está expulsando a la ciudadanía de sus barrios”, ha denunciado.
Modelos a seguir: Barcelona e Ibiza
Consumo insta al Ayuntamiento de Madrid a seguir el ejemplo de Barcelona, que ha logrado retirar miles de anuncios ilegales, y del Consell de Ibiza, que ha impulsado inspecciones más ágiles y sanciones más eficaces.
En paralelo, el Ministerio ha abierto procedimientos sancionadores. En diciembre de 2024, la Dirección General de Consumo inició expediente contra una plataforma de alquiler por no indicar el número de licencia en sus anuncios.
En febrero de 2025, se amplió la acción contra varias gestoras de VUT por simular ser particulares cuando en realidad operan como empresas, incumpliendo así la normativa de protección de los consumidores.
Estas actuaciones se están desarrollando de forma independiente pero coordinada, y el Ministerio insiste en la necesidad de cooperación institucional, sin importar el color político, para frenar lo que considera una proliferación descontrolada de pisos turísticos ilegales.
