La Fiscalía del Tribunal Supremo ha respaldado la exposición razonada del magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en la que solicita que se investigue al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez por un presunto delito de financiación ilegal de partido político y otro electoral.
En el centro del caso están los 100.000 euros que habría recibido del empresario Álvaro Romillo, alias ‘Cryptospain’, para financiar la campaña de su agrupación política Se Acabó La Fiesta (SALF).
Calama considera que, dada la condición de eurodiputado de ‘Alvise’, la competencia de la investigación es del Tribunal Supremo.
Además, pide que el alto tribunal también asuma la investigación contra Romillo, al apreciar una “íntima conexión” entre ambos. Según el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, sus actuaciones serían “la cara y la cruz de una misma moneda”.
La Fiscalía coincide con esta valoración.
En el escrito dirigido al Supremo, el Ministerio Público recuerda que existen indicios racionales de que Pérez contactó con Romillo “con el fin de que le ayudara en la creación de unos ‘wallets’” –monederos virtuales de criptomonedas– con los que recibir donaciones anónimas fuera del control de las autoridades.
Romillo no solo habría creado tres de estos ‘wallet’s’, sino que también le habría entregado en mano los 100.000 euros en efectivo para sufragar la campaña a las elecciones europeas de 2024.
Por ello, la Fiscalía considera que los hechos imputables a Pérez pueden calificarse, de forma provisional, como constitutivos de los delitos de financiación ilegal y delito electoral.
En cuanto a Romillo, sostiene que debe ser investigado como cooperador necesario, al ser su participación “inescindible” de la del eurodiputado.
Además, solicita a la Sala de lo Penal del Supremo que cite como investigado a ‘Alvise’ Pérez y que se adopten medidas para rastrear el tráfico de las wallets utilizadas para recibir las donaciones. También interesa que se requiera al eurodiputado la documentación contable de la campaña: justificantes de pagos, libros de tesorería, inventarios, balances, cuenta de ingresos y gastos, operaciones de capital, y el informe del Tribunal de Cuentas.
La Fiscalía añade que deben examinarse las cuentas bancarias personales de Pérez y las de SALF correspondientes al año 2024, y que se incorpore a esta causa la pieza separada que ya instruía el juez Calama por estos hechos.
Esta pieza se originó en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra Romillo por su supuesta participación en una estafa piramidal a través de Madeira Invest Club, una plataforma de inversión de la que era principal responsable.
En el centro del caso están los 100.000 euros que habría recibido del empresario Álvaro Romillo, alias ‘Cryptospain’, para financiar la campaña de su agrupación política Se Acabó La Fiesta.
