Mientras el mundo contiene la respiración ante las tensiones geopolíticas y los vaivenes económicos, una bomba de relojería sigue haciendo tic tac en el corazón de la mayor economía del planeta: la deuda pública de Estados Unidos.
Con una cifra que ya marea –36 billones europeos de dólares– y una trayectoria que, según las proyecciones oficiales no partidistas como las de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), la sitúa camino de superar el 115 % del PIB en la próxima década, la sostenibilidad fiscal estadounidense está en entredicho.
Este no es un problema nacido ayer. Es el resultado de décadas de desajustes estructurales: un gasto social creciente impulsado por el envejecimiento y los costes sanitarios (Medicare, Seguridad Social), sucesivas rondas de recortes fiscales que no vinieron acompañadas de ajustes en el gasto, y ahora, el creciente peso de los intereses sobre esa deuda acumulada, agravado por la subida de tipos.
Un cóctel que amenaza con ahogar la capacidad de inversión futura, limitar la respuesta ante crisis venideras y dejar una pesada herencia a las próximas generaciones.
Y es que ciertamente, Estados Unidos gasta demasiado. Mucho más de lo que debería, y además lo hace cada vez de manera menos eficiente.
Desde una perspectiva teórica, algunos economistas relacionan este fenómeno con un cambio fundamental en la filosofía fiscal del gobierno estadounidense.
Según la hipótesis de Buchanan y Wagner, desde mediados del siglo pasado, el comportamiento fiscal de los gobernantes experimentó una transformación importante con la explosión del pensamiento keynesiano.
Esta nueva aproximación sustituyó principios presupuestarios clásicos por otros que permitían o incluso fomentaban el uso de déficits para manipular la demanda agregada.
Pero lo más preocupante es la parálisis política que impide abordar el problema de raíz.
En el Washington D.C. actual, atrapado en trincheras ideológicas, demócratas y republicanos no sólo fracasan en construir consensos: ni siquiera hablan el mismo lenguaje.
La posibilidad de reformas estructurales —ya sea una subida de impuestos progresiva o una revisión de programas sociales como el Seguro Social, blindados por grupos de interés— se desvanece en una guerra de desgaste donde prima el cálculo electoral sobre el interés nacional.
«Intentar cerrar la brecha fiscal a golpe de arancel es como querer vaciar el océano con un cubo».
Este bloqueo no es casual: refleja un país donde la polarización ha convertido hasta lo técnico (presupuestos, deuda) en campo de batalla cultural.
Ya no existen políticas de Estado, solo megapolítica: acuerdos que antes trascendían partidos, como la reforma fiscal de Reagan en 1986 o el Welfare Act de Clinton en 1996, hoy se esfuman en el cortoplacismo partidista.
El resultado es una paradoja letal: mientras la deuda exige acción urgente, Washington D.C. se paraliza, prisionero de su propia fractura.
Y es en este contexto de impotencia política y fiscal donde resurge con fuerza una vieja idea del presidente Donald Trump: la imposición de aranceles generalizados a las importaciones.
Presentada como una panacea que protegerá la industria nacional y, crucialmente, generará nuevos ingresos para las arcas públicas, la propuesta arancelaria tienta como un atajo.
¿No puedes subir los impuestos directamente? Grava los productos que vienen de fuera.
Pero este atajo es, según la gran mayoría de análisis económicos, un espejismo peligroso si se considera una solución al déficit.
Sí, los aranceles generan ingresos brutos para el gobierno. Lo vimos en la anterior Administración Trump.
Sin embargo, la cuantía recaudada palidece frente a la magnitud de los déficits anuales, que se cuentan por billones. Intentar cerrar la brecha fiscal a golpe de arancel es como querer vaciar el océano con un cubo.
Peor aún, los aranceles no son gratuitos. Actúan como un impuesto indirecto que pagan, en gran medida, los propios consumidores y empresas nacionales a través de precios más altos.
Frenan el comercio, encarecen los componentes para la industria, y casi inevitablemente, provocan represalias comerciales de otros países, dañando a los exportadores estadounidenses.
El impacto neto en la economía puede ser negativo, frenando el crecimiento y, por tanto, reduciendo la recaudación de otros impuestos, lo que podría incluso anular el efecto recaudatorio directo del arancel.
ESTRATEGIA OCULTA
Ciertamente a nuestro modo de ver hay otra estrategia oculta en el asunto de los aranceles. En efecto, los aranceles podrían ser solo el preludio de un acuerdo más amplio.
La idea sería convencer a los países extranjeros aliados de que vendan parte de sus reservas de dólares y acepten canjear parte de sus bonos del Tesoro estadounidense por bonos perpetuos de cupón cero, a cambio de mantener el paraguas de seguridad estadounidense y cancelar total o parcialmente los nuevos aranceles.
Esta estrategia de «ingeniería de un dólar más débil» es calificada por Benjamin Melman, CIO Global en Edmond de Rothschild AM, como una operación de alto riesgo, especialmente considerando que EE.UU. experimenta actualmente déficits gemelos (presupuestario y por cuenta corriente).
Una devaluación del dólar podría teóricamente mejorar la competitividad de las exportaciones estadounidenses, pero también podría desencadenar una venta masiva de bonos por parte de inversores privados, elevando las tasas de interés a largo plazo y agravando el problema de la deuda.
«Como solución, es inadecuada y arriesgada. Desvía la atención del debate real que EE.UU. necesita tener sobre cómo equilibrar sus cuentas de forma sostenible, un debate que inevitablemente requerirá decisiones difíciles sobre impuestos y gastos que ningún atajo puede evitar».
Para el resto del mundo, y especialmente para Europa, la perspectiva de una guerra arancelaria generalizada iniciada por EE.UU. es profundamente inquietante.
Significaria más inflación justo cuando intentamos controlarla, cadenas de suministro nuevamente interrumpidas, mercados volátiles y un deterioro aún mayor de las relaciones comerciales y del ya debilitado sistema multilateral basado en reglas.
La propuesta arancelaria de Trump puede entenderse como un síntoma de la disfunción política estadounidense para afrontar sus problemas fiscales estructurales.
Pero como solución, es inadecuada y arriesgada. Desvía la atención del debate real que EE.UU. necesita tener sobre cómo equilibrar sus cuentas de forma sostenible, un debate que inevitablemente requerirá decisiones difíciles sobre impuestos y gastos que ningún atajo puede evitar.
Y lo más importante, cuanto más demore ese debate, más se agravará el problema, generando riesgos para todo el sistema económico global.
La bomba de deuda sigue activa, pero Washington D.C. prefiere mirar hacia otro lado. Los aranceles son solo un parche envenenado: inflan precios, enfurecen a aliados y distraen del verdadero debate.
Mientras tanto, el reloj corre. ¿Despertarán los políticos cuando ya sea demasiado tarde?
Para entonces, quizás tan solo quede el lamento. Porque en economía, las crisis no avisan: estallan.
La historia juzgará esta década como el momento en que la superpotencia debió mirarse al espejo… y decidió romperlo.
