La necesidad urgente de proteger jurídicamente la esencia misma del ser humano frente a los avances de la neurotecnología centró el debate «Garantías Jurídicas frente a los desafíos Neurotecnológicos», celebrado en Madrid dentro de la jornada «Los Neuroderechos a Debate».
Antonio Garrigues Walker, presidente de honor de la firma Garrigues, Tomás de la Quadra-Salcedo, expresidente del Consejo de Estado y exministro de Justicia y de Administraciones Públicas, Emilia Zaballos, presidenta de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, y Luis Miguel González de la Garza, profesor de derecho constitucional de la UNED, coincidieron en señalar un diagnóstico claro: el derecho actual no basta y la regulación futura debe abordarse desde una perspectiva multidisciplinar.
El debate se celebró «a media luz» ya que fue en ese momento cuando se produjo el gran apagón que dejó a España y Portugal sin electricidad.
De la Quadra-Salcedo abogó por una acción rápida y transversal que integre expertos en derecho, neurociencia, bioética, tecnología y filosofía, entre otras disciplinas, para construir un marco sólido capaz de garantizar derechos fundamentales como la identidad personal, la privacidad mental y la igualdad.
Una «solución transversal» que convoque «a expertos de diferentes campos a reflexionar juntos y a legislar de forma factible». «No podemos permitirnos regular estos desafíos desde un único enfoque jurídico tradicional», añadió el expresidente del Consejo de Estado. Regular sin comprender la magnitud científica, tecnológica y ética de la neurotecnología sería ineficaz y contraproducente, sintetizó.
La idea fue compartida y reforzada por todos los ponentes.
CREAR NUEVOS DERECHOS
Antonio Garrigues, autor junto a González de la Garza del libro «Qué son los neuroderechos y cuál es su importancia para la evolución de la naturaleza humana«, insistió en que el mundo jurídico debe evolucionar constantemente y que, ante los avances en neurotecnología, es esencial crear nuevos derechos que protejan aspectos fundamentales de la esencia humana, como la identidad, la intimidad mental y la libertad de pensamiento.
Señaló que la abogacía tiene hoy una responsabilidad especial: no puede limitarse a aplicar derechos tradicionales, sino que debe expandirlos y adaptarlos al nuevo contexto tecnológico.
González de la Garza reflexionó sobre la posible necesidad de reformas constitucionales para integrar de manera explícita los neuroderechos, ya que las amenazas actuales no estaban contempladas cuando se redactaron las constituciones vigentes.
Refirió que ya existen programas, como los de agencias de defensa en Estados Unidos, que trabajan en proyectos capaces de eliminar el miedo en los soldados, modificar sus emociones y alterar sus reacciones mediante la intervención directa en el sistema nervioso central.
Contó que estos avances permiten hacer que los militares actúen sin temor en el campo de batalla, como si fueran «fichas de juego», anulando su miedo y su capacidad de decisión autónoma, lo que plantea enormes interrogantes éticos y jurídicos.
De manera muy clara, advirtió que el talento humano y la autonomía individual corren peligro si se permite este tipo de manipulación sin límites. También alertó de que este tipo de tecnologías, aunque ahora estén en manos militares, podrían llegar a extenderse a otros ámbitos sociales, lo que haría aún más urgente la creación de normas de protección.
Por ello, planteó que podría ser necesario reconocer explícitamente derechos como el de la integridad mental, el acceso equitativo a la neurotecnología o el derecho a la autodeterminación neuronal.
La NEUROTECNOLOGÍA PUEDE ALTERAR RECUERDOS Y CAMBIAR LA PERSONALIDAD
Emilia Zaballos, presidenta de la Fundación Zaballos, añadió que los riesgos son demasiado graves como para confiar en aproximaciones parciales. La neurotecnología, recordó, puede alterar recuerdos, manipular decisiones y cambiar la personalidad, afectando a la voluntad misma de los individuos.
La abogada relató el encuentro que mantuvo el neurobiólogo español, de la Columbia University de Nueva York, Rafael Yuste, presidente de la Neurorights Foundation, con un pequeño grupo de parlamentarios hace un año –al que acompañó– con el fin de sensibilizar sobre el peligro de las neurotecnologías, aparatos capaces de leer y de modificar la actividad del cerebro, por primera vez en la historia.
Durante esa reunión se proyectó el documental del cineasta alemán Werner Herzog titulado «Theatre of Thought», El teatro del pensamiento, del que ayer se expusieron 20 minutos –el original dura dos horas y media–. «La reacción dominante de los parlamentarios fue de mucha preocupación e inquietud, porque entendieron lo que implicaba la neurotecnología», relató.
A partir de aquella reunión no se constituyó todavía una comisión formal ni se aprobó ninguna iniciativa parlamentaria concreta para regular el tema. Emilia Zaballos dejó claro que, aunque el interés político existe, aún falta dar el paso formal hacia la creación de un órgano parlamentario específico o una propuesta legislativa real.
Zaballos también relató el acuerdo al que llegaron el año pasado el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid, para la creación de la Fundación Spain Neurotech y del Instituto de Neurotecnología en Madrid, que cuenta con una inversión de 200 millones de euros en 15 años. El objetivo de este nuevo ente es el de convertir a Madrid en un centro de referencia europeo en el debate sobre los neuroderechos.
Tanto González de la Garza como De la Quadra-Salcedo reforzaron el planteamiento de la regulación recordando que ya existen ejemplos, como en Chile, un estado de Brasil y los estados de Colorado y California, en Estados Unidos, donde se han aprobado propuestas legislativas desde enfoques integradores.
Garrigues expresó que España, con los debates y trabajos actuales sobre neuroderechos (como el impulsado por la Fundación Zaballos), puede convertirse en cabeza de puente en Europa, al igual que en los tres países citados. Esta posición pionera permitiría a España ser un referente internacional, y de un modo especial, en la Unión Europea, en la protección jurídica ante los desafíos de la neurotecnología.
En el trasfondo del debate planeó una preocupación compartida: sin una regulación adecuada y sin un esfuerzo concertado de múltiples disciplinas, la neurotecnología podría profundizar las desigualdades sociales, poniendo en peligro valores fundamentales como la igualdad de oportunidades, la autonomía personal o la dignidad humana.
En definitiva, el consenso fue unánime: los neuroderechos no deben ser definidos ni protegidos exclusivamente desde los despachos jurídicos, sino desde una cooperación abierta entre la ciencia, la tecnología, la ética y el derecho. Un esfuerzo colectivo que permita asegurar que el desarrollo neurotecnológico se produzca al servicio de la humanidad y no a su costa.
