Opinión | Una solución para miles de mutualistas: pasarela al RETA y justicia social

El Congreso de los Diputados ha dado esta semana un paso firme para corregir una desigualdad que ha afectado durante décadas a miles de profesionales mutualistas.

La Cámara ha respaldado la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para reformar el régimen de mutualidades alternativas al sistema público de Seguridad Social, con un respaldo mayoritario de 311 votos a favor.

Hablamos de hombres y mujeres que han ejercido y ejercen profesiones liberales reguladas, como la abogacía, la procura, la arquitectura o la medicina.

Profesionales que han acompañado durante años el crecimiento y el desarrollo de nuestro país desde ámbitos clave para la justicia, la salud, el urbanismo o la defensa de los derechos fundamentales.

Profesionales que quedaron vinculados a un régimen alternativo y que hoy se enfrentan a una situación de clara desprotección: perciben pensiones muy por debajo del mínimo establecido, carecen de una revalorización anual garantizada y no cuentan con cobertura suficiente ante contingencias graves como la incapacidad permanente, la viudedad o la orfandad.

Durante buena parte del siglo XX, las mutualidades profesionales ofrecieron una respuesta legítima en un contexto de carencias institucionales.

Nacieron como mecanismos de previsión basados en la capitalización colectiva, cuando el Estado aún no disponía de un sistema universal de cobertura. Cumplieron una función histórica, incluso de resistencia en tiempos donde no existía una red pública sólida.

Pero con el paso del tiempo y la evolución hacia modelos de capitalización individual, ese régimen perdió su carácter solidario y dejó de ofrecer garantías equivalentes al sistema público. Esa evolución silenciosa ha acabado generando una grieta inaceptable en nuestro modelo de bienestar.

Ese modelo, que algunos vieron como una vía para conservar autonomía profesional, se ha convertido con los años en una fuente de desigualdad estructural. Una desigualdad que se agrava especialmente en el caso de muchas mujeres mutualistas, penalizadas por la aplicación de una mayor esperanza de vida como factor corrector actuarial.

Un cálculo frío, estadístico, que ha desembocado en una discriminación silenciosa pero real. No se trata solo de cifras: se trata de trayectorias profesionales que, en igualdad de condiciones, han sido penalizadas de forma injusta.

Y eso vulnera un principio esencial: la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

No es la primera vez que un gobierno socialista actúa para corregir una situación de discriminación estructural y falta de equidad en este ámbito.

Ya con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se garantizó el acceso de los mutualistas alternativos a la asistencia sanitaria pública. Fue un primer paso de justicia social.

Hoy, con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, el Partido Socialista da un paso más: asegurar también la protección social plena de quienes quedaron fuera del sistema.

Porque la justicia social no puede depender del azar del año en que una persona comenzó a trabajar ni de las normas corporativas de su profesión.

Los tres ejes de la Proposición

La Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista establece tres ejes fundamentales que avanzan en esa dirección.

Se pone fin a la alternatividad: a partir del 1 de enero de 2027, quienes inicien una nueva actividad profesional por cuenta propia deberán integrarse obligatoriamente en el sistema público de Seguridad Social.

Se mejora la cobertura mínima para quienes ya están en el régimen alternativo, garantizando que sus prestaciones no se sitúen por debajo del 80% de la pensión mínima.

Y se habilita una pasarela voluntaria al RETA que permitirá trasladar derechos y años de cotización con garantías, ofreciendo un tránsito seguro hacia el sistema público a quienes así lo decidan.

Se trata de una reforma equilibrada y rigurosa. Una medida que protege sin excluir. Porque, sin perjuicio de este cambio, las mutualidades podrán seguir desempeñando su papel en el marco del mutualismo complementario y del aseguramiento privado.

La reforma no las elimina, pero sí marca con claridad que el sistema público debe ser la vía principal de protección, asegurando para toda la ciudadanía una base común de derechos y garantías.

Esta ley no se ha elaborado desde la distancia ni con rigidez técnica. Ha sido fruto de un proceso político serio, compartido con los colectivos afectados.

Plataformas de mutualistas, colegios profesionales, consejos generales y representantes de las propias mutuas han trasladado propuestas, han compartido sus preocupaciones y han exigido una solución basada en el diálogo, la seguridad jurídica y la equidad.

Ese proceso de diálogo no ha sido protocolario: ha sido intenso, exigente, constructivo y generoso.

Ese enfoque es el que hemos defendido desde el Grupo Parlamentario Socialista. Porque cuando ampliamos derechos, lo hacemos con responsabilidad.

Lo hacemos garantizando los equilibrios del sistema y reforzando la confianza de quienes lo sostienen con su esfuerzo. No buscamos titulares, buscamos certezas. Y esta ley es una muestra de ello.

Nos obliga a mirar a los ojos a quienes llevan años esperando una respuesta y decirles que esta vez sí. Que no vamos a fallar.

Apoyo del Congreso

El apoyo logrado en el Congreso muestra que no estamos solos en esta convicción. La sociedad lo reclamaba, los colectivos lo exigían, y una mayoría política ha sabido entender que esta reforma era necesaria y justa.

Era el momento de dar un paso al frente. En esta votación no se decidía una fórmula técnica, sino un principio: nadie que haya dedicado su vida al servicio público desde su profesión puede quedar abandonado al final de su carrera profesional.

El sistema público de Seguridad Social no es solo una estructura administrativa. Es uno de los mayores logros de nuestra democracia.

Es un pacto entre generaciones. Es la expresión más clara de una política que protege, que acompaña, que no deja a nadie atrás. Un sistema que demuestra su valor precisamente cuando más se necesita.

Con esta ley reforzamos ese pacto. Reconocemos trayectorias que durante años no contaron con la misma protección. Dignificamos vidas profesionales que sirvieron al país desde juzgados, consultas, despachos u obras. Y lo hacemos desde el consenso, con rigor y voluntad de país.

No para imponer nada, sino para sumar justicia donde antes había resignación. Esta no es una ley contra nadie, es una ley a favor de muchas personas.

Ahora se abre la fase parlamentaria. Desde el Grupo Parlamentario Socialista acudimos con la mano tendida: queremos seguir debatiendo, queremos seguir mejorando el texto.

Queremos, sobre todo, que esta ley no sea solo nuestra, sino de todos; que sea la expresión de una madurez política compartida, de una responsabilidad colectiva.

No hablamos solo de una reforma legal. Hablamos de dignidad. De coherencia entre lo que decimos y lo que legislamos. De dar respuestas donde durante demasiado tiempo ha habido solo silencio o indiferencia.

Esta ley envía un mensaje claro: la política sirve, cuando escucha, cuando actúa y cuando transforma.

El Partido Socialista mantendrá firme su compromiso. Con responsabilidad, con diálogo y con la certeza de que proteger a quienes siempre cumplieron es una obligación democrática.

No hay mejor forma de fortalecer lo público que garantizando justicia para todos, sin excepciones, sin privilegios, sin parches.

Porque una sociedad que repara, que cuida y que no olvida, es una sociedad que avanza. Y ese es, siempre, el horizonte de nuestra acción política.

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