Este martes, el Consejo de Ministros daba luz verde al Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal. Una normativa, enviada para su tramitación parlamentaria al Congreso de los Diputados, que no ha tardado en ser criticada. Y es que cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales han asegurado que las reformas propuestas «suponen un serio retroceso en Estado de Derecho».
«Acercar el Poder Judicial a la ciudadanía» e «incorporar aún más talento, con perfiles diversos, a una Justicia que debe reflejar la pluralidad de la sociedad a la que sirve».
Así justificaba el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la aprobación del nuevo Proyecto Ley sobre la Carrera Judicial y Fiscal.
Una valoración del ministro socialista que parece estar muy lejos de la mayoría de las asociaciones judiciales y fiscales. Algo que ha podido comprobarse este miércoles, cuando, apenas 24 horas después del anuncio del Gobierno, cinco de las siete asociaciones hacía público un comunicado conjunto contra esta reforma.
En concreto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF), las mayoritarias en sus respectivas carreras, junto a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
La reforma del acceso a la Carrera pone en riesgo la independencia judicial
«El panorama que implica esta reforma es desolador», aseguran las asociaciones en el comunicado conjunto. Así pues, la norma supone «una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes. Y, especialmente, a la independencia judicial», destacan.
Una «desnaturalización» del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal que preocupa. Especialmente, por no «respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad». Ello, a través de cambios como la eliminación de un examen oral, para sustituirlo por un dictamen práctico eliminatorio.
«Supone una vuelta atrás de 30 años, y un incremento de la subjetividad en la evaluación», aseguran.
También críticas desde las asociaciones a la nueva regularización del «cuarto turno». Ello, debido a la falta de límite máximo de plazas, «posibilitando un acceso discrecional arbitrario».
Arbitrariedad que también critican en el caso del proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos. «No sólo constituye un agravio comparativo respecto a los opositores que superan un exigente proceso selectivo. Erosiona hasta su derrumbe los pilares constitucionales de mérito y capacidad», lamentan.
Decisiones que suponen un «retroceso democrático en la elección de órganos de Gobierno». Y, del mismo modo, la «deslegitimación de la Comisión de Ética Judicial».
Algo a lo que se une la decisión del Gobierno de crear un centro público de formación dependiente del departamento de Félix Bolaños. «Conlleva un evidente riesgo de control ideológico del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del ejecutivo«, aseguran.
Un control del Gobierno del acceso a la Carrera que, para estas asociaciones, es «inasumible» en un Estado de separación de poderes.
