Aitor Cubo: “En su relación con la Justicia, muchos abogados están utilizando IA sin saberlo”

La inteligencia artificial ya no es una promesa de futuro en la Administración de Justicia, sino una realidad en marcha.

En esta entrevista, Aitor Cubo, director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, que abrirá II Congreso IA Derecho y Empresa organizado por Lefebvre, que tendrá lugar el próximo 22 de mayo en Madrid, con una ponencia inaugural, detalla cómo se están implantando herramientas de robotización e IA en la Administración de Justicia, que tienen su traslación a las profesiones legales.

Y explica por qué estas tecnologías no sustituyen al juez, sino que lo liberan de tareas repetitivas para que pueda centrarse en lo esencial: la toma de decisiones con criterio jurídico y humano.

Cubo aborda también los retos éticos, la colaboración público-privada y la necesidad urgente de formación, transparencia y comunicación para que España siga siendo una referencia internacional en justicia digital.

¿Que nos va a contar en el segundo Congreso de IA que se inaugurará el próximo 22 de mayo con una ponencia magistral suya?

Me gustaría destacar —porque me preocupa especialmente— es la necesidad de aportar ejemplos concretos. Muchas veces, cuando hablamos de transformación digital o inteligencia artificial en la Justicia, se cae en hablar del «proyecto futuro», de lo que podría llegar… Y no de lo que ya es una realidad.

Por eso, en mi intervención voy a incluir ejemplos reales, datos concretos, para que se vea claramente que esto ya está ocurriendo. Y creo que es fundamental que todo el sector justicia lo conozca y lo aproveche cuanto antes.

Si conseguimos que España siga siendo una referencia mundial en justicia digital —como ya lo es en muchos aspectos—, eso beneficiará no solo a quienes trabajamos en el sector, sino al país en su conjunto. Una justicia moderna, eficiente y bien valorada mejora la seguridad jurídica, facilita la atracción de inversiones y refuerza nuestro posicionamiento internacional.

Así que sí, todos deberíamos estar muy atentos a este proceso. Porque está en juego algo muy valioso: mejorar todavía más nuestro sistema judicial.

José Ángel Sandin, CEO de Lefebvre comentaba en una entrevista que publicamos en Confilegal que el 80% de los abogados españoles están utilizando inteligencias artificiales. ¿Cómo se encuentra la justicia en este campo a día de hoy?

El término inteligencias artificiales es muy, muy importante, porque no hay una sola inteligencia artificial, hay muchas. Es plural. Precisamente he hablado de ello en el marco de la semana internacional sobre el impacto social y normativo de la inteligencia artificial, celebrada en la Universidad de Oviedo esta semana.

Y como ejemplo puse LexNet. Los abogados ya están utilizando inteligencia artificial con LexNet. Porque uno de los principales usos de la IA es precisamente ese: la clasificación automática de documentos o la extracción de datos de los intervinientes en los procedimientos.

Lo curioso es que muchos abogados la están usando sin saberlo. Creo que todavía falta mucha divulgación, más información. Muchos no son conscientes de las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en el ejercicio de la abogacía.

Por ejemplo, extraer automáticamente los nombres de los intervinientes en un procedimiento puede parecer algo menor, pero en realidad permite orientar al dato los documentos, que después puede ser muy útiles. Esto mejora notablemente la gestión de los asuntos jurídicos.

La inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta fundamental de apoyo para los abogados. En estos momentos, además, hay un movimiento hacia su inclusión en los distintos sistemas. Por ejemplo, acabamos de incorporar funcionalidades en el escritorio del abogado dentro de la sede judicial electrónica, que ayudan a preparar demandas, a revisar resoluciones o a analizar contestaciones de los juzgados.

Son muchas las aplicaciones. Y si los abogados aún no las están usando, lo harán antes de lo que creen, porque estas tecnologías están cada vez más integradas en las herramientas que usan a diario.

¿En qué áreas concretas de la Administración de justicia se están aplicando ya las inteligencias artificiales y con qué resultados?

Desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes empezamos primero en la parte correspondiente a la Administración General del Estado. Ahí comenzamos a utilizar distintas tecnologías, tanto lo que solemos llamar robotización como herramientas de inteligencia artificial en sentido más estricto, es decir, IA operativa basada en modelos de caja negra.

Un ejemplo muy claro es el de los procesos de nacionalidad. Antes tardábamos cinco años en resolverlos; ahora, cinco meses. ¿La clave? La automatización inteligente. No es que los funcionarios hicieran mal su trabajo, ni mucho menos, pero es como si me pides hacer una raíz cuadrada a mano: probablemente tarde más y me equivoque.

Sin embargo, una máquina lo hace mejor y más rápido. Los resultados, además, no solo mejoran la eficiencia y reducen plazos, sino que también incrementan la calidad del procedimiento.

Otra aplicación importante es la textualización —el paso de audio a texto—, un tema muy presente hoy en día. Lo vemos en YouTube, en redes, en televisión. Nosotros también lo usamos en juicios, aunque los resultados aún no son del todo satisfactorios.

Pero no es tanto por la inteligencia artificial, sino porque la calidad del audio en sala muchas veces es muy baja: hay solapamiento de voces, micrófonos mal colocados… La IA no puede hacer milagros. Aun así, cuando desactivamos el sistema, hay quien se queja porque, pese a todo, les resulta útil. Es decir, sí se está usando y sí está aportando valor.

Otro servicio clave es la gestión de consignaciones judiciales. Estamos hablando de más de 2,8 millones de trámites y 6.800 millones de euros movilizados mediante este sistema. Y no es un tema menor: hablamos de pensiones de alimentos que llegan a tiempo, o de transferencias que pueden sostener a una empresa en un momento crítico.

Y ahora, lo que más nos entusiasma es la gestión de los procedimientos monitorios. Realmente estamos ilusionados con el impacto que puede tener.

¿Los monitorios son ya un campo de pruebas?

Sí. Ahora mismo estamos en un proceso doble. Por un lado, estamos robotizando varias fases del procedimiento: el registro, el reparto, la tramitación y, en algunos casos, también la ejecución. Y, por otro, estamos aplicando lo que se conoce como hiperautomatización, que es la combinación de robotización con inteligencia artificial.

Por ejemplo, cuando llegan contestaciones de empresas, peritos o de la contraparte, es el sistema de inteligencia artificial el que las procesa y orienta la actuación administrativa, lo que nos ahorra una carga de trabajo enorme. Está funcionando con muy buenos resultados y expectativas.

Eso sí, nuestra prioridad es siempre el riesgo cero. Y, en este sentido, ya está aprobado —y en marcha— el inicio orientado al dato de los procedimientos monitorios (lo puede comprobar cualquier abogado que lo envíe a través de Lexnet a nuestro territorio). La idea es disponer de datos estructurados desde el inicio, algo que se ha trabajado tanto en la versión web como en colaboración con el sector privado.

Esta misma semana, en el marco de la jornada, hemos hablado con empresas que ya están plenamente integradas con LexNet, orientadas al dato. Grandes y pequeñas. Esta integración permite automatizar la tramitación de monitorios y los resultados están siendo muy positivos.

Además, estamos ampliando la gestión basada en datos, algo que ahora se está convirtiendo en obligatorio. Ya hemos empezado con los trámites en el CTEAJE con los escritos que se contestan en los monitorios, y los grupos para procedimientos verbales y con algunos casos especiales del ámbito de la jurisdicción social.

Lo realizamos en conjunto con los distintos actores implicados (funcionarios, LAJs, jueces, graduados sociales…) Son supuestos concretos en los que estas tecnologías permiten un rendimiento máximo con el menor esfuerzo posible.

Joaquín Silguero, el nuevo director del CENDOJ explicó recientemente a Confilegal que estaban introduciendo 5 prototipos de inteligencia artificial. ¿Tiene el Ministerio alguna conexión, en este sentido, con el Centro de Documentación Judicial del CGPJ?

Sí, la verdad es que sí. Estamos avanzando bastante. Estamos trabajando tanto sobre los procedimientos monitorios como en los de reclamaciones de viajes por avión. En ambos casos se requiere control jurisdiccional.

El “sandbox” regulatorio consiste precisamente en eso: en cómo gestionar esos puntos de control jurisdiccional y, al mismo tiempo, cómo extraer los datos relevantes para trasladar al juez o al órgano que corresponda la información que necesitan para tomar decisiones.

Queremos que el sistema no solo clasifique el tipo de resolución judicial solicitada, sino que también sea capaz de predecir cuál sería la más probable o adecuada según el caso concreto.

La idea es que el propio sistema —siempre bajo el marco del Poder Judicial, por supuesto— pueda proponer al juez una respuesta basada en el análisis del expediente. No para sustituir su decisión, sino para ofrecerle un apoyo basado en datos y en patrones de resolución similares. Ese es el objetivo que perseguimos.

«Estamos robotizando varias fases del procedimiento: el registro, el reparto, la tramitación y, en algunos casos, también la ejecución. Y, por otro, estamos aplicando lo que se conoce como hiperautomatización, que es la combinación de robotización con inteligencia artificial».

¿Estamos hablando de generar borradores de sentencias?

Sí. Pero son borradores, ayudas para el juez. No son sentencias. De hecho, todo esto ya estaba contemplado en la ley. La normativa habla expresamente de actuaciones automatizadas, asistidas —que son las que estamos implementando ahora—, y también de actuaciones proactivas, que son aquellas que tienen impacto en procesos externos al procedimiento judicial. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo: armonizar escenarios de aplicación con ese marco legal.

¿Cuáles son los principales retos técnicos y jurídicos y éticos que ha encontrado su equipo para introducir soluciones basadas en IA en el entorno judicial?

Estamos ante una tecnología muy nueva, poco específica todavía, y eso genera muchas dificultades, sobre todo a la hora de encontrar talento cualificado, tanto en el sector público como en el privado. Faltan profesionales que realmente dominen estas herramientas.

Estamos haciendo camino al andar. Además, hay un coste que muchas veces se minimiza. Se tiende a pensar que las máquinas son baratas, pero no es así. Las máquinas —y más aún los sistemas de inteligencia artificial— son costosos y requieren mucha energía. Por ejemplo, un simple proceso de anonimización ya consume bastantes recursos.

A eso hay que sumar el coste de entrenamiento y ajuste del sistema. Estos entrenamientos y ajustes se realizan por persona, haciendo la misma tarea manualmente, corrigiendo a la máquina. Es un trabajo algo tedioso, pero fundamental para que el sistema funcione correctamente.

A nivel jurídico, es verdad que en España estamos mejor que en otros países. El Real Decreto 6, por ejemplo, es un buen punto de partida. Habla de actuaciones automatizadas, proactivas, de propuesta y de asistencia. Pero todavía falta desarrollar más el marco normativo para dotar de mayor seguridad jurídica a estos sistemas. Y eso es algo que tenemos que construir entre todos: la administración, el Poder Judicial, las bases de datos públicas, los prestadores de servicios… Si no, corremos el riesgo de desperdiciar la innovación.

Europa no puede permitirse eso. Tenemos que mantener nuestra posición global, aprovechar las oportunidades que ofrece esta tecnología. Nos jugamos nuestro nivel de vida, nuestros estándares democráticos y éticos.

Y en este sentido, me preocupa la falta de formación y conocimiento que hay sobre los aspectos éticos. Lo hemos comentado en el CTEAJE y en el Consejo: mucha gente no distingue los distintos tipos de inteligencia artificial ni los diferentes niveles de riesgo asociados. Tampoco se sabe que, en algunos casos, una IA puede implicar menos riesgo que el tratamiento manual.

¿Podemos decir, por lo tanto, que las inteligencias artificiales están ya acelerando el funcionamiento de la justicia ya?

Así es. Ya está ocurriendo.

¿Qué papel juegan los algoritmos en la gestión procesal actual y cómo se está garantizando su transparencia y auditabilidad?

Hay una cuestión sobre la que no sé si somos realmente conscientes: muchas veces se le exige más a la parte automatizada que a la parte manual. Por ejemplo, en la comunicación verbal, presencial o papel, no se cuestiona tanto cómo se actúa, pero cuando se introduce tecnología, se le exige una precisión y una estandarización absolutas.

Lo estamos viendo ahora claramente con los procedimientos monitorios. Antes, cada oficina los gestionaba de forma distinta. Algunos criterios eran tan dispares que uno se preguntaba: «¿Cómo es posible que al lado estén haciendo esto de otra forma?».

Pero cuando robotizas, normalizas y pasas todo a un entorno electrónico, estandarizas el proceso. Y eso, aunque a veces genere cierta resistencia, mejora la seguridad jurídica y la coherencia de las decisiones.

Además, en cuanto a la transparencia algorítmica, estamos especialmente orgullosos. Desde hace meses contamos con un registro público de todos los algoritmos de robotización e IA utilizados en los proyectos de transformación digital del Ministerio. Está dentro del marco de orientación al dato y transformación digital, y recoge todos los sistemas de inteligencia artificial que estamos utilizando, lo que refuerza nuestra apuesta por la transparencia.

Muchas veces hablamos de algoritmos y de IA y no funcionan de la misma manera, ¿no es así?

Sí, esto enlaza con lo que comentábamos sobre la auditabilidad. En el caso de la inteligencia artificial generativa, que funciona como una “caja negra”, no puedes saber con exactitud por qué ha respondido de una determinada manera. El sistema actúa en función de lo que ha aprendido, y además, puede cambiar su comportamiento con el tiempo, igual que nosotros cambiamos de opinión a medida que aprendemos cosas nuevas. Pero eso implica una cierta inestabilidad que no existe en los procesos robotizados.

Es decir, cuando hablamos de robotización, los criterios son fijos y perfectamente auditables. Por ejemplo, si un robot debe calcular una compensación en base a una distancia de más de 3.500 kilómetros, lo hace aplicando una regla concreta. Si esa regla está mal configurada, puedes detectarlo, corregirlo y justificar el error. Está todo trazado.

En cambio, los sistemas de caja negra o de aprendizaje automático no ofrecen esa trazabilidad tan clara, porque su comportamiento depende en gran medida de los datos de entrada y de cómo los ha procesado el modelo.

Por eso, en términos de su aplicación a justicia, muchos preferimos los algoritmos tradicionales o la robotización: porque son procesos cerrados, estables y 100 % auditables. No solo permiten reducir riesgos, sino incluso eliminar errores humanos o sesgos derivados de decisiones personales.

«El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial establece algo muy importante: en el ámbito de la Justicia, el uso de inteligencia artificial no está prohibido. Al contrario, es perfectamente posible usarla, aunque requiere ciertos requisitos. Y creo que, en pleno siglo XXI, con todo lo que hemos avanzado, no solo podemos, sino que casi tenemos la obligación de utilizarla».

¿Qué impacto tendrá la entrada en vigor del Reglamento de Inteligencia Artificial en la hoja de ruta tecnológica del Ministerio?

He estado muy en contacto con estos avances, tanto por motivos de trabajo como personales, así que conozco bien su evolución. De hecho, estuvimos implicados en la parte de los acuerdos sobre el Reglamento, y estamos muy alineados con lo que plantea.

El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial establece algo muy importante: en el ámbito de la Justicia, el uso de inteligencia artificial no está prohibido. Al contrario, es perfectamente posible usarla, aunque requiere ciertos requisitos. Y creo que, en pleno siglo XXI, con todo lo que hemos avanzado, no solo podemos, sino que casi tenemos la obligación de utilizarla.

Ahora bien, hablamos de sistemas de alto riesgo. Eso significa que su uso debe estar sometido a salvaguardas estrictas. Y en esto hay magistrados que están haciendo reflexiones muy valiosas. Señalan —con razón— que hay que distinguir entre los diferentes tipos de servicios, los distintos escenarios de aplicación, y los riesgos particulares que pueden surgir en cada ámbito.

Joaquín Delgado Martín, por ejemplo, lo explica muy bien: el uso de la inteligencia artificial en la Justicia debe partir de una política clara, con límites y con criterios. No se trata de prohibir por defecto, sino de aplicar con garantías.

El hecho de que sea un sistema de alto riesgo no significa que no deba usarse. Significa que hay que utilizarlo con responsabilidad, con controles adecuados, y con las salvaguardas que, por cierto, ya están previstas en el anexo del propio Reglamento.

¿Se está formando a los jueces, a los fiscales, a los LAJ y funcionarios sobre el uso y comprensión de las nuevas herramientas basadas en la IA?

Lo que percibo es muchísimo desconocimiento. Nos está ocurriendo algo que, en realidad, es bastante general: lo intentamos, pero no conseguimos que la gente se informe bien, que entienda la diferencia entre los distintos tipos de inteligencia artificial, o que se dé cuenta de que esto es algo realmente nuevo.

Ahora mismo la inteligencia artificial está en el foco mediático. Está en todas partes. Se publican artículos sobre sistemas que pasan tests académicos, se habla de forma sensacionalista, y al final todo se mezcla —y muchas veces, con intención. Hay mucho interés del sector privado, que está generando ruido para vender cosas que no existen o que no son tan avanzadas como dicen, o incluso para fomentar miedos que tampoco son reales.

Eso está generando una enorme confusión. Pero también es lógico: estamos empezando, y eso forma parte del proceso. Por eso creo que es fundamental mejorar la formación, la información y, sobre todo, la comunicación. Necesitamos más espacios como este, en el que podamos hablar con calma y claridad sobre lo que realmente implica el uso de la inteligencia artificial en la Justicia.

¿La colaboración público-privada está siendo clave en este proceso de transformación? ¿Qué tipo de alianzas estáis impulsando desde el Ministerio?

Contamos con el Foro de Transformación Digital de la Justicia, que combina actuaciones presenciales con un trabajo continuo a través de portales y canales de colaboración permanente. Tenemos un contacto muy estrecho con las distintas asociaciones y patronales tanto TIC como legales, y en particular con AMETIC —la principal patronal del sector tecnológico— mantenemos reuniones mensuales.

En estos encuentros abordamos desde cuestiones de sinergias internas hasta el posicionamiento estratégico del país y del sector empresarial en los proyectos de transformación digital. La colaboración público-privada en la transformación digital de la justicia está siendo muy potente. Al final, lo que les interesa a las empresas también nos interesa a nosotros.

Se están volcando en los proyectos de Justicia, y hemos llevado a cabo colaboraciones específicas con muchas grandes compañías en desarrollos concretos. Están entusiasmados, porque están viendo resultados reales y avances tangibles. Y eso también les motiva a seguir colaborando.

Estamos en un momento clave, donde ya hay pruebas de que esto funciona. Y eso también hace que el sector privado vea oportunidades reales. Lo interesante es que estamos viendo, además, colaboración entre empresas que tradicionalmente habrían competido entre sí. Han entendido que este mercado es significativo, y que en lugar de pelearse, es más útil cooperar entre ellas y con el sector público.

Y eso es lo que estamos consiguiendo: generar una sinergia sólida, que beneficia a todos.

¿Cuál es su visión a medio plazo? ¿Veremos una Justicia más predictiva, preventiva y automatizada en los próximos cinco años?

Recuerdo que hace cinco años le dije a un decano de abogados —que ya considero amigo mío— que pronto tendría acceso al expediente judicial directamente desde su despacho. Me respondió que se jubilaría sin llegar a verlo. Pues bien, era bastante joven… y hoy esa funcionalidad ya está disponible.

Con esto no hablo de futuro lejano: esto está pasando ya, y lo vamos a ver implantado a corto plazo. Además, es una de las iniciativas con más sinergias con la implantación de otras leyes y medidas de modernización. No lo digo solo yo. Hace un par de días hablaba con el Secretario de Gobierno de Murcia, y coincidíamos en el enorme impacto que está teniendo la robotización. Está siendo tremendo.

Aquí no se trata de que sobre gente. Al contrario: se libera a los profesionales de tareas repetitivas y se les permite hacer cosas de mucho más valor, como resolver asuntos pendientes en otras jurisdicciones, asumir nuevos tipos de procedimientos, o mejorar la atención a la ciudadanía, que es clave en un servicio público tan esencial como la Justicia.

Porque la Justicia no solo es un pilar del Estado de Derecho y de la democracia; también es, y no hay que olvidarlo, un servicio público. Y ahora mismo, por ejemplo, en muchas jurisdicciones, apenas hay tiempo para nada más que mover expedientes. Hay mucha carga acumulada y, al mismo tiempo, mucho margen de mejora en la atención que prestamos. Este tipo de soluciones tecnológicas pueden cambiar eso. Y lo vamos a ver.

Puede que me equivoque —ya sabes que soy optimista por naturaleza—, pero hasta ahora, en lo esencial, no me he equivocado. Y creo sinceramente que este mismo año empezaremos a ver cambios en algunos ámbitos de nuestro territorio. La transformación será muy visible, sobre todo a lo largo del próximo año.

Me preocupa, eso sí, que el cambio no se note por igual en todo el Estado. No podemos permitirnos una Justicia a dos velocidades. Pero en lo que respecta a nuestro territorio, la implantación está avanzando muy rápido.

De hecho —aunque no venga exactamente al caso— ya tenemos en funcionamiento Tribunales de Instancia en todas las comunidades autónomas que dependen de nosotros. Incluso en Astorga, en Castilla y León, que era una de las que nos faltaba.

Así que el cambio no solo viene: va a notarse de forma radical. Como suele comentar el ministro, estamos viviendo la mayor transformación de la justicia en décadas.

«Hay que recordar que, por ahora, la inteligencia artificial se basa únicamente en lo que ha aprendido previamente. No innova, no crea, no contextualiza. Y eso no es un detalle menor. Puede parecer que lo hace, pero, a día de hoy, no es así. No sabemos si algún día llegará a hacerlo».

¿Ha visto usted la película “Justicia Artificial”? ¿A cuánto tiempo podemos estar de que los jueces robots irrumpan para resolver casos menores, como ya ocurre en China, Reino Unido, Letonia o Argentina?

La película me gustó, sí. Plantea algunas cuestiones interesantes, especialmente en lo relativo a salirse de la norma y al valor de las decisiones humanas, que siguen siendo fundamentales.

Hay que recordar que, por ahora, la inteligencia artificial se basa únicamente en lo que ha aprendido previamente. No innova, no crea, no contextualiza. Y eso no es un detalle menor. Puede parecer que lo hace, pero, a día de hoy, no es así. No sabemos si algún día llegará a hacerlo.

Por eso, la intervención humana sigue siendo esencial. Y esto me lleva a otra reflexión que quería compartir: en Europa no parece probable que veamos “jueces robot” sustituyendo a jueces humanos en procesos judiciales tradicionales. Otra cuestión distinta es que existan procedimientos en los que, hoy por hoy, interviene un juez, pero cuya intervención podría no ser imprescindible.

Pienso, por ejemplo, en un divorcio de mutuo acuerdo entre dos personas sin hijos y con separación de bienes. ¿Es realmente necesario que un juez revise lo que ambas partes ya han acordado? Es una cuestión abierta.

En cualquier caso, los jueces van a seguir siendo imprescindibles. Lo que sí estamos viendo —y en lo que trabajamos con el sector— es cómo mejorar la asistencia tecnológica para que los jueces puedan centrarse en lo que realmente importa. Ahí sí creo que puede haber un cambio muy significativo en términos de eficiencia, sin poner en riesgo la calidad de la justicia ni el matiz humano que, en muchos casos, es insustituible.

En la película también se plantea un modelo con decisiones automatizadas en primera instancia y una revisión posterior por un tribunal humano. Me parece un enfoque interesante: que haya una segunda instancia capaz de tener en cuenta el contexto, los factores sociales o los matices específicos del caso que pueden escapar a un sistema automatizado.

Y quizás ahí es donde está ahora mismo el debate más importante.

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