De izq. a dcha.: Salvador González, presidente de la Abogacía Española; Borja Vargues, secretario general técnico del Consejo General de la Abogacía y Enrique Santiago, portavoz de Sumar en el Congreso.
La Abogacía pide a Sumar y Bildu apoyar con «máxima urgencia» la reforma de las pensiones de los mutualistas
Salvador González defiende que la propuesta socialista es una oportunidad histórica para corregir un “problema de desprotección” que afecta a miles de profesionales colegiados
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22/5/2025 05:35
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Actualizado: 21/5/2025 20:38
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El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, ha instado este miércoles a los grupos parlamentarios de Sumar y EH Bildu a apoyar con la “máxima urgencia” la tramitación de la proposición de ley registrada por el Grupo Socialista en el Congreso para resolver el histórico conflicto de las pensiones de los mutualistas, que afecta especialmente a colectivos como el de los abogados.
Salvador González se ha reunido por separado con representantes de ambas formaciones —Enrique Santiago, portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia; Mertxe Aizpúrua, portavoz de EH Bildu en el Congreso; y el diputado Jon Iñarritu— para trasladarles “la necesidad de mejorar el texto actual” y conseguir “la mejor solución posible para el mayor número de mutualistas”.
“Estamos ante una oportunidad única para encontrar una solución desde la perspectiva de la defensa de los derechos recogidos en nuestra Constitución, que consagra el derecho a una pensión digna”, ha subrayado el presidente de la Abogacía en un comunicado difundido por la institución.
El objetivo: una pasarela hacia el RETA para 2027
La proposición de ley del PSOE, admitida a trámite la semana pasada por el pleno del Congreso con 311 votos a favor y actualmente en fase de enmiendas —abierta hasta el 3 de junio, con posibilidad de ampliación—, persigue permitir a los profesionales colegiados transferir los derechos económicos acumulados en sus mutualidades al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
El propósito es que, a partir de 2027, todos estén integrados en este régimen público de protección social.
El conflicto, enquistado desde hace años, ha generado una situación de “desprotección” para miles de profesionales, que al llegar a la jubilación perciben pensiones muy por debajo de las mínimas del sistema público.
Desde el CGAE se insiste en que esta reforma legislativa debe contar con el máximo respaldo parlamentario posible y, sobre todo, con la participación activa de los propios afectados, organizados en diversas plataformas de mutualistas que han estado reclamando una solución justa durante años.
Una ronda de contactos institucionales
Estas reuniones forman parte de la ronda de contactos que González está manteniendo con los distintos grupos parlamentarios. Ya ha dialogado con el Grupo Socialista, que le trasladó su compromiso para impulsar la iniciativa “con la máxima urgencia”.
También ha mantenido un encuentro con el Grupo Popular, que mostró su rechazo a la propuesta tal y como está redactada, y pidió al PSOE un esfuerzo por “abrir un diálogo real con el resto de fuerzas políticas”.
Según el comunicado de la Abogacía, salvo Vox —que se abstuvo—, todos los grupos parlamentarios votaron a favor de la admisión a trámite de la proposición socialista, aunque muchos de ellos han expresado su disconformidad con el contenido del texto, por considerarlo insuficiente para resolver un problema de tal magnitud.
Por este motivo, González ha trasladado a las formaciones políticas la necesidad de escuchar activamente a las asociaciones de mutualistas y de buscar una solución consensuada “tanto dentro como fuera del Parlamento”.
Desde la Abogacía Española se considera que el momento actual representa una “ocasión histórica” para corregir una injusticia que ha afectado durante décadas a miles de profesionales que, por imperativo legal, cotizaron a sistemas privados sin las garantías ni los rendimientos del sistema público.
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