El tribunal considera que la eliminación del requisito lingüístico responde a una necesidad objetiva y urgente: la escasez de médicos y personal sanitario en el sistema público de salud de Baleares.
El Constitucional desestima el recurso contra la eliminación del catalán en la sanidad balear
El Pleno del alto tribunal rechaza el recurso de inconstitucionalidad de PSOE y Sumar al considerar que el decreto ya ha sido derogado y que su contenido se justifica por la falta de médicos
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24/5/2025 05:35
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Actualizado: 23/5/2025 21:29
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El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del PSOE y Sumar —promovido por la Obra Cultural Balear (OCB)— contra el decreto ley aprobado en agosto de 2023 por el Govern balear, que suprimía el catalán como requisito obligatorio para acceder a un puesto en la sanidad pública de las islas.
En su sentencia, el Pleno del tribunal de garantías considera que el recurso ha quedado sin objeto, ya que el decreto fue derogado por la Ley autonómica de simplificación administrativa aprobada a finales del mismo año.
No obstante, y en una resolución que refuerza políticamente la medida del Govern de Marga Prohens, el TC también rechaza de fondo el resto de alegaciones formuladas por los recurrentes.
Medida urgente y justificada por la falta de profesionales
El tribunal considera que la eliminación del requisito lingüístico responde a una necesidad objetiva y urgente: la escasez de médicos y personal sanitario en el sistema público de salud de Baleares.
En este sentido, el Constitucional destaca que el Govern balear “ha ofrecido una justificación explícita y razonada para su reacción legislativa de urgencia”.
Dicha justificación —recoge el fallo— está apoyada en “cifras concretas tomadas de fuentes oficiales, en particular del informe del Ministerio de Sanidad de 2022”, lo que a juicio del tribunal avala el uso del decreto ley como instrumento normativo en este caso, rechazando así que se haya producido un uso fraudulento del mismo.
El uso del catalán como requisito, una práctica utilizada por el anterior gobierno
La sentencia también pone el foco en que la normativa anterior ya preveía excepciones al uso del catalán como requisito. “La norma anterior al decreto ley reconocía expresamente la posibilidad excepcional de eximir los requisitos de conocimientos de la lengua catalana en casos de carencia o insuficiencia de profesionales sanitarios”, recuerda el Constitucional.
De hecho, según el tribunal, esta exención fue aplicada de forma reiterada entre 2021 y 2023 por el propio Servicio de Salud de Baleares, cuando el Ejecutivo autonómico estaba presidido por la socialista Francina Armengol y contaba con el apoyo de Unidas Podemos y Més per Mallorca.
“No es irrazonable que el gobierno y el parlamento autonómicos confíen en esa modificación normativa para la captación y fidelización de los profesionales médicos y la reducción de las listas de espera”, añade el fallo.
No se vulnera el derecho a usar las lenguas cooficiales
Otro de los ejes del recurso de PSOE y Sumar era la posible vulneración del derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración en cualquiera de las dos lenguas cooficiales de la comunidad autónoma, reconocido en el artículo 49 del Estatut d’Autonomia.
En este punto, el TC también desestima la pretensión. A su juicio, el decreto ley impugnado “no regula de forma general el régimen de la cooficialidad lingüística”, ni altera los elementos esenciales del derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán o castellano.
Se trata —afirma el tribunal— de una “regulación solamente parcial”, que afecta únicamente al personal sanitario, y que no compromete el conjunto de relaciones lingüísticas entre administración y ciudadanía.
Una de las primeras medidas del pacto PP-Vox
La supresión del catalán como requisito obligatorio para trabajar en la sanidad pública balear fue una de las primeras medidas del nuevo Govern presidido por Marga Prohens (PP), fruto del pacto de investidura con Vox tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023.
La medida fue aprobada mediante decreto ley en agosto del mismo año y posteriormente incluida, ya de forma estructural, en la ley de simplificación administrativa, con el objetivo de facilitar la contratación y retención de personal médico, especialmente en áreas de difícil cobertura.
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