Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, en la inauguración de la jornada "De la legalidad a la legitimidad: el desafío judicial del siglo XXI". Foto: Confilegal "La
Fernando Jesús Santiago Ollero: “Una justicia sobrecargada, sobreexpuesta e injustamente señalada es una justicia debilitada”
El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, inauguró la jornada "De la legalidad a la legitimidad: el desafío judicial del siglo XXI",
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02/6/2025 19:06
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Actualizado: 02/6/2025 19:10
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Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, inauguró la jornada «De la legalidad a la legitimidad: el desafío judicial del siglo XXI», con la ponencia “Justicia y política: una defensa institucional frente al ruido y la presión”. Un contundente alegato en defensa del Poder Judicial como límite democrático frente a los abusos del poder político y mediático.
En su intervención, advirtió de los riesgos crecientes que enfrenta la justicia cuando se convierte en “protagonista involuntaria” del debate público en contextos de polarización.
“Estamos viviendo una etapa en la que el Poder Judicial ha dejado de ser un actor discreto para convertirse en protagonista del debate político”, afirmó.
“Le pedimos que sea imparcial, pero también que se pronuncie sobre los asuntos más divisivos de la sociedad. Esa paradoja erosiona su autoridad y lo convierte en blanco de presiones e intereses”.
Según Fernando Jesús Santiago Ollero: “Una justicia sobrecargada, sobreexpuesta e injustamente señalada es una justicia debilitada”, esta situación no ha surgido de forma natural, sino por “la incapacidad del Poder Legislativo y del Ejecutivo para alcanzar consensos básicos en momentos de crisis”.
Desafección institucional y lawfare
Fernando Jesús Santiago Ollero aludió claramente al fenómeno del lawfare, para describir el uso instrumental del sistema judicial con fines de persecución o eliminación política.
“La justicia está siendo utilizada estratégicamente como arma política para desacreditar al adversario, y eso la transforma en un campo de batalla simbólico más, cuando debería ser precisamente lo contrario: el espacio de máxima neutralidad y garantías”, añadió.
Santiago Ollero ilustró su tesis con ejemplos tanto internacionales como nacionales. Recordó el caso de Lula da Silva en Brasil —condenado en un proceso judicial que luego fue anulado por falta de garantías— y apuntó que en España, aunque no se ha llegado a esos extremos, también se han producido situaciones preocupantes.
“Basta con iniciar un procedimiento, generar una cobertura mediática favorable e instalar la sospecha. Ya no hace falta condena: el proceso en sí se convierte en castigo”, explicó, refiriéndose a casos como la llamada Operación Cataluña o las causas judiciales abiertas contra dirigentes de Podemos.
«Una justicia subordinada deja de ser un contrapeso»
A juicio del presidente de los Gestores Administrativos, el auge del populismo ha agravado esta deriva. “El populismo contemporáneo desautoriza públicamente a los jueces, los presenta como parte de la élite y promueve reformas legales que socavan su independencia. Se recortan sus competencias, se reemplaza a los magistrados incómodos y se transforma el Poder Judicial en una herramienta del poder político”.
En este sentido, denunció que “una justicia subordinada deja de ser un contrapeso y se convierte en una amenaza para la separación de poderes”.
También recordó que, aunque el Consejo General del Poder Judicial ha sido renovado recientemente tras años de bloqueo institucional, “su funcionamiento sigue marcado por divisiones internas y disputas partidistas”.
4 líneas de actuación para fortalecer el Poder Judicial
Frente a este panorama, Santiago Ollero propuso cuatro grandes líneas de actuación para fortalecer el papel del Poder Judicial y recuperar la confianza ciudadana en el sistema de justicia:
1. Garantizar una independencia judicial real y efectiva.» No basta con proclamar la independencia en las normas, hay que garantizarla en la práctica diaria”, subrayó el presidente de los gestores administrativos.
Y abogó por reforzar los mecanismos que protegen a los jueces frente a injerencias políticas, asegurar la autonomía de los órganos de gobierno del Poder Judicial y blindar los procesos de nombramiento y control de los magistrados frente a cualquier tipo de influencia partidista.
“La justicia solo puede ejercer su función de contrapeso si es percibida por la ciudadanía como independiente, imparcial y transparente”, afirmó.
2. Hacer que la justicia sea comprensible y accesible. Santiago reclamó una mayor claridad en el lenguaje judicial y una mejor pedagogía institucional: “Las resoluciones deben estar bien fundamentadas y ser coherentes con los principios constitucionales, pero también deben ser comprensibles para el ciudadano medio.
Una justicia que se percibe como opaca genera desconfianza, se aleja de la gente y alimenta la idea de que está al servicio de unos pocos”.
En esta línea, defendió el impulso de políticas públicas que mejoren la comunicación judicial, la rendición de cuentas de las instituciones y la transparencia de los procedimientos. “Una justicia que se entiende es una justicia más legítima y más respetada”, aseguró.
3. Fortalecer la educación cívica y ética de la ciudadanía. En un entorno marcado por la polarización, las redes sociales y la desinformación, Santiago consideró urgente fomentar una cultura cívica que permita distinguir entre la crítica legítima a las decisiones judiciales y los ataques a la independencia del Poder Judicial.
“Los ciudadanos deben saber cuál es el papel del juez en un Estado democrático y entender que su función no es decidir lo que la mayoría quiere, sino lo que la ley y los derechos fundamentales exigen”, afirmó.
4.- Asimismo, instó a las instituciones a hacer frente al impacto de la inteligencia artificial y la desinformación digital en el ámbito jurídico, advirtiendo de que el Derecho no puede quedar al margen de estos desafíos: “Tenemos que redefinir con urgencia el papel del Derecho en un mundo cada vez más influido por los algoritmos, los bulos y la inmediatez”.
“Un juez no debe ser parte de la batalla»
Fernando Jesús Santiago Ollero lanzó también una reflexión: “Un juez no debe ser parte de la batalla. Su papel es garantizar que la democracia funcione. Donde la justicia tiene su legitimidad, el poder se limita. Pero donde el poder no tiene freno, la libertad, la igualdad y los derechos se convierten en papel mojado”.
Por último, concluyó su intervención reivindicando un debate urgente y necesario: el de una justicia fuerte, independiente y legítima como último baluarte de la democracia frente a la instrumentalización política y el descrédito.
La jornada continuó con la ponencia del magistrado del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, «Constitución, equilibrio de poderes y legitimidad democrática«.
Posteriormente, hubo tres mesas redondos que ahondaron en estas ideas. La primera, titulada «Tribunal Supremo: el reto de garantizar derechos en tiempos de crisis«, contó con la participación de los magistrados del alto tribunal, Antonio del Moral García (Sala Penal) y Juan Pedro Quintana Carretero (Sala Contencioso), y fue moderada por el periodista Marcelino Abad.
Posteriormente, el director de Confilegal, Carlos Berbell, fue el encargado de moderar la mesa sobre el «Tribunal Constitucional: entre la interpretación jurídica y la presión política«, donde intervinieron Luis López Guerra (ex vicepresidente del TC y ex juez del TEDH) y José María Macías Castaño (magistrado del TC).
Por último, la periodista Patricia Esteban, moderó la mesa «Justicia, relato y legitimidad: medios, instituciones y opinión pública«, que contó con la participación de la expresidenta del Congreso Meritxell Batet y el periodista Antonio Hernández-Rodicio.
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