Dicen que lo evidente es lo que nadie ve hasta que alguien lo explica con claridad. Este es uno de esos momentos: La neutralidad del Tribunal Constitucional es una ficción. Tan útil como peligrosa. Útil porque sostiene el andamiaje de legitimidad de nuestro sistema institucional. Y peligrosa porque es cada vez más evidente que no se sostiene.
Seguimos repitiendo —como un mantra vacío— que el Constitucional debe ser árbitro, no jugador. Que su función es interpretar la Constitución, no influir en su rumbo. Que sus magistrados están por encima del bien y del mal, como si se tratara de seres asépticos y sin biografía.
Y, sin embargo, cada nombramiento, cada sentencia relevante, nos recuerda que esa idea ya no convence ni al más ingenuo.
El problema no es solo que el Tribunal Constitucional esté politizado. El problema es que ha sido diseñado para estarlo. Su origen es político.
Sus magistrados son nombrados por cuotas. Su independencia se presume, pero no se garantiza. Y todos lo sabemos.
Recordemos que el máximo tribunal de garantías está formado por 12 magistrados que ejercen por un mandato de 9 años. Se renuevan por tercios cada tres años, es decir, cuatro magistrados salen y otros cuatro nuevos entran.
Cuatro magistrados son propuestos por el Congreso de los Diputados, requiriendo una mayoría de tres quintos (210 diputados de 350), que ninguno de los partidos mayoritarios alcanzan por lo que negocian los nombres.
Cuatro magistrados son propuestos por el Senado, también con una mayoría de tres quintos (160 de 266), con las mismas circunstancias de necesaria negociación política.
Y una tanda conjunta por el Gobierno y Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno designa a dos magistrados y el Pleno del CGPJ, por mayoría de 3/5 (13 de 21 votos) a dos magistrados también.
RENOVACIÓN PRÓXIMA EN DICIEMBRE
El próximo mes de diciembre, por cierto, tienen que renovarse los correspondientes a la tanda del Senado. Habrá que buscar a los sustitutos de Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del TC, María Luisa Balaguer, progresista, Ricardo Enríquez, conservador, y José María Macías, que fue designado para cubrir la vacante del desaparecido Alfredo Montoya, conservador, si bien Macías podría volver a ser reelegido porque el tiempo que está pasando en el Constitucional no supera los tres años de duración.
Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), un magistrado puede ser propuesto para un nuevo período inmediato si su mandato anterior no excedió de tres años. Le sucedió también a Enríquez.
En el sistema alemán, al que muchos juristas gustan en referirse y califica de espejo en el que mirarnos, también opera con nombramientos parlamentarios, como en España. Pero funciona. ¿Por qué? Porque en Alemania hay una cultura de Estado, una responsabilidad compartida que aquí se ha dinamitado.
En España, el TC no es un contrapoder: es un campo de batalla más entre bloques enfrentados. Un espacio que debería estar por encima del ruido… y que hoy forma parte del ruido.
La pregunta, por tanto, no es si el TC es independiente. La pregunta es si puede serlo dentro de un sistema donde los partidos –todos los partidos– lo entienden como una pieza más en su estrategia de poder.
¿Tiene sentido seguir pidiéndole neutralidad a un órgano cuyo ADN es político? ¿No es hora de asumir que el problema no es el TC, sino el ecosistema que lo genera? Porque no podemos seguir haciéndonos trampas al solitario. Nunca es triste la verdad, como dice mi querido Joan Manuel Serrat.
Esto no significa resignarse. Pero sí dejar de jugar al juego de las apariencias. Si queremos un tribunal verdaderamente independiente, habrá que cambiar no solo las reglas, sino el tablero.
Y sobre todo, la cultura política que lo rodea.
Mientras tanto, lo único que nos queda es el talento, la integridad y el carácter de quienes se sientan en esa mesa. Porque cuando las estructuras fallan, lo único que queda es la persona.
Y eso, en democracia, eso es una esperanza, sí. Pero también una debilidad.
