El borrador de sentencia elaborado por la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, que respalda la constitucionalidad de la ley de amnistía, ha provocado una reacción inmediata en el sector conservador del tribunal, que rechaza el argumento central de la ponencia, según el cual el legislador puede hacer todo aquello que la Constitución no prohíba expresamente.
Fuentes del bloque conservador recuerdan que la Carta Magna no menciona la amnistía y sí prohíbe expresamente los indultos generales, lo que, en su opinión, no es casual.
Alegan además que los poderes públicos, a diferencia de los ciudadanos, no pueden actuar más allá de lo legalmente permitido. Y subrayan que durante la redacción de la Constitución se rechazaron enmiendas que pretendían introducir la figura de la amnistía. «Quienes hicieron la Constitución no eran tontos», subrayan.
A estas objeciones de fondo se suman las críticas al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, por la gestión de esta primera ponencia: denuncian que los magistrados conservadores conocieron su contenido por la prensa antes de recibirla oficialmente este lunes, en un sobre confidencial.
Montalbán, sin embargo, defiende que la ley de amnistía responde a criterios de oportunidad política y busca “mayor paz ciudadana”. Distingue entre amnistía e indulto, y sostiene que la prohibición de estos últimos no puede trasladarse a la primera.
La ponencia responde al recurso de inconstitucionalidad del PP y marcará el camino para el resto de impugnaciones, más de una treintena.
Las deliberaciones arrancarán el 24 de junio
El debate se abrirá en el Pleno del 10 de junio, aunque las deliberaciones arrancarán el día 24. En esa sesión también se analizarán las peticiones del PP, del Senado y de los magistrados Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel para suspender el fallo hasta que se pronuncie el TJUE, o incluso que el propio TC plantee una cuestión prejudicial.
Conde-Pumpido ya descartó paralizar el procedimiento a la espera de que el TJUE contestase a las preguntas realizadas por los tribunales españoles, argumentando que «la función de control abstracto de constitucionalidad que debe realizar el TC (…) es independiente de las decisiones adoptadas por otros órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia específica», en este caso el encaje de la amnistía en el derecho comunitario.
A todo ello se suma que el PP ha solicitado además que Conde-Pumpido se abstenga por una posible incompatibilidad: su esposa era vocal del CGPJ, el mismo órgano por el que fue recusado el conservador José María Macías.
Aunque fuentes de la mayoría progresista restan importancia a estas maniobras, que califican de “dilatorias”.
EL TC SEGUIRÁ SENTENCIANDO LA AMNISTÍA EN 2026
En este primer fallo solo participarán 10 de los 12 magistrados que forman habitualmente el TC, repartidos entre 6 progresistas y 4 conservadores : Macías está recusado y Juan Carlos Campo se ha abstenido por haberse pronunciado contra la amnistía siendo ministro, en ese momento aseguró en el informe sobre los indultos a los condenados por el ‘procés’ que la amnistía era «claramente inconstitucional».
Así, la mayoría progresista (6 a 4) se prevé determinante.
Desde Domenico Scarlatti avanzan que, una vez dictada la primera sentencia sobre la ley de amnistía, el TC adoptará un perfil bajo, de modo que no retomará los demás asuntos relativos a esta norma jurídica hasta la vuelta del verano.
Previsiblemente, continuará con los demás recursos –los presentados por las comunidades autónomas donde gobierna el PP y el del Ejecutivo socialista de Emiliano García Page– para seguir con las cuestiones de inconstitucionalidad –formuladas por el TS, el TSJ de Cataluña y la Audiencia Provincial de Madrid– y rematará con los recursos de amparo.
Aunque la corte de garantías deberá detenerse en las novedades que plantee cada impugnación para darles respuesta, tendrá como guía esta primera sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP porque los de Alberto Núñez Feijóo atacaron la ley de amnistía al completo.
Las fuentes consultadas calculan que el TC estará despachando asuntos relativos a esta norma jurídica hasta el próximo año.
