El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, explica en esta entrevista la importancia de la "Cumbre Internacional ICAM 2025 – Estado de Derecho en Iberoamérica", que comenzará mañana en Casa de América, en el centro de la capital de España, y que el ICAM ha organizado. Foto Confilegal.
Eugenio Ribón: «La abogacía iberoamericana no va a permanecer en silencio frente al deterioro institucional»
En la víspera de la celebración de la Cumbre Internacional sobre Iberoamérica que comenzará mañana en el Colegio de la Abogacía de Madrid
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04/6/2025 20:09
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Actualizado: 04/6/2025 21:23
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En un momento de retroceso institucional sin precedentes en Iberoamérica, con democracias asediadas y sistemas jurídicos debilitados, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) lanza un mensaje inequívoco al organizar esta Cumbre: el Estado de derecho no se defiende solo.
Frente a la arbitrariedad, la fragmentación y la desconfianza, la abogacía debe liderar la reconstrucción democrática desde la legalidad, la ética y la cooperación transatlántica.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, en la víspera de este evento internacional, que tendrá lugar entre este jueves y viernes en la Casa América, en pleno centro de Madrid, sintetiza en una frase el papel que la abogacía está llamada a asumir tanto en España como en los países iberoamericanos hermanos: “No hay progreso sin justicia, ni justicia sin instituciones sólidas. La abogacía está llamada a ser el contrapeso frente al deterioro democrático».
Lo explica en profundidad en esta entrevista.
¿Qué mensaje quiere lanzar el ICAM al organizar una cumbre de esta envergadura en un momento tan convulso geopolíticamente para Iberoamérica?
Esta Cumbre nace con una convicción clara: el Estado de Derecho no se defiende solo.
En un momento en que el 78 % de los países iberoamericanos han retrocedido en calidad institucional desde 2016, según el World Justice Project, el mensaje del ICAM es firme: la abogacía debe estar en primera línea en la reconstrucción democrática, como garante de la legalidad, de los derechos fundamentales y de la confianza ciudadana.
La situación es crítica: Venezuela (142), Haití (139) y Nicaragua (137) ocupan los últimos puestos del ranking mundial.
¿Por qué ahora? ¿Qué factores han motivado que esta Cumbre se celebre precisamente en 2025 y con este enfoque estratégico y jurídico?
Porque el momento lo exige. En un contexto de creciente incertidumbre geopolítica y económica, Iberoamérica se perfila como una región clave para tender puentes entre continentes, fortalecer el multilateralismo y consolidar la seguridad jurídica como motor de estabilidad y progreso.
La presión sobre los sistemas democráticos, la fragmentación política, los desafíos migratorios, la transición energética y la revolución tecnológica colocan a la región en el centro de muchas tensiones globales, pero también de oportunidades estratégicas.
Además, el deterioro del Estado de derecho no es solo un problema interno: afecta la inversión, desestabiliza las economías y erosiona la confianza en el sistema democrático. En 2024, el 39 % de los casos ante el CIADI afectaron a países latinoamericanos.
Por eso, 2025 debe ser el año en que pasemos del diagnóstico a la acción. Esta Cumbre no es un gesto simbólico, sino una plataforma operativa para reactivar un compromiso jurídico compartido.
En la Cumbre se debatirá sobre inteligencia artificial, infraestructuras, arbitraje, transición energética… ¿Cuál de estos temas considera más urgente y por qué?
Todos son estratégicos, pero si tuviera que destacar uno con urgencia, sería el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas jurídicos y democráticos. La IA ya transforma cómo se accede a la justicia, cómo se resuelven disputas y cómo se protegen los derechos fundamentales.
Si no se regula de forma clara, ética y multilateral, puede consolidar nuevas formas de opacidad y arbitrariedad.
Desde el ICAM creemos que los estándares robustos no son un freno, sino una palanca de competitividad ética. Europa lo ha demostrado con el Reglamento General de Protección de Datos y su influencia a través del efecto Bruselas: cuando lideras con normas inteligentes, esas normas tienden a replicarse.
La futura Ley de IA refuerza esta posición como referente global. Normas claras y exigentes no frenan la innovación, sino que favorecen la seguridad jurídica, atraen inversión y permiten una innovación con propósito.
América Latina tiene la oportunidad de sumarse a ese marco regulatorio europeo, adaptándolo a sus propias realidades. Esto no solo consolidaría derechos, sino que evitaría caer en modelos de gobernanza tecnológica sin garantías democráticas.
La conferencia inaugural la ofrecerá el presidente electo de Venezuela. ¿Qué simbolismo tiene esa elección y qué lectura hace usted del nuevo rumbo en ese país?
Tiene una fuerte carga simbólica e institucional. Venezuela representa uno de los casos más extremos de colapso del Estado de derecho. En 2024 ocupa el último puesto del ranking global del WJP (142/142), con una puntuación de 0,26.
Sufre un sistema judicial cooptado, represión de libertades, y una impunidad superior al 90 % en homicidios dolosos.
Pero este colapso institucional tiene también consecuencias económicas devastadoras: expulsión de inversión, parálisis productiva y una crisis humanitaria que afecta ya a más de siete millones de personas desplazadas.
La falta de independencia judicial y la arbitrariedad normativa hacen inviable cualquier plan de desarrollo.
La posible transición que se abre con un nuevo liderazgo es una oportunidad frágil, pero imprescindible, para reconstruir legalidad, garantías y confianza. Que esta Cumbre se inaugure con una voz desde Venezuela es una forma de afirmar que la reconstrucción empieza por el Derecho.
«En un contexto de creciente incertidumbre geopolítica y económica, Iberoamérica se perfila como una región clave para tender puentes entre continentes, fortalecer el multilateralismo y consolidar la seguridad jurídica como motor de estabilidad y progreso».
¿Cree que el Derecho puede ser una herramienta eficaz para enfrentar los desafíos de la región o estamos ante un problema eminentemente político?
El Derecho no es la única herramienta, pero es la base indispensable. Sin jueces independientes, sin garantías procesales, sin legalidad estable, no hay transformación sostenible posible.
En 2024, el 66 % de los países iberoamericanos vieron retrocesos en Justicia Civil y el 56 % en Justicia Penal. Esto no es solo un problema político: es un síntoma de estructuras judiciales ineficaces, sobrecargadas o cooptadas.
A ello se suma el impacto directo sobre los ciudadanos: en países como Bolivia, solo el 20 % de la población confía en el sistema judicial. Esta desconfianza erosiona la cohesión social y favorece formas de justicia paralela.
¿Hasta qué punto busca esta Cumbre reforzar el papel internacional del ICAM como actor jurídico de referencia en el espacio iberoamericano?
El ICAM ya tiene una vocación internacional consolidada. Pero esta Cumbre es un paso más: queremos consolidar a Madrid como capital jurídica iberoamericana. Un espacio donde se construya conocimiento, se debata el futuro normativo y se refuercen redes transatlánticas.
La puesta en marcha de ICAM Universidad va en esa dirección.
Esta proyección internacional se ve reforzada además por el hecho de que los estatutos del ICAM han servido de referencia para la modernización normativa de numerosos colegios de la abogacía en Iberoamérica, especialmente en lo relativo a la deontología, la formación continua obligatoria y la independencia institucional. Este liderazgo normativo consolida al ICAM no solo como actor jurídico, sino como referente técnico y ético en el ámbito colegial iberoamericano.
¿Cómo puede influir esta iniciativa en el papel de los abogados españoles dentro de las redes jurídicas y empresariales de América Latina?
España tiene una posición privilegiada como puente entre Europa y América Latina. Los abogados españoles pueden ser facilitadores de inversión, defensores de estándares democráticos y promotores de reformas jurídicas.
El ICAM ha firmado más de 30 convenios con colegios latinoamericanos, colabora con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha impulsado encuentros sobre la situación judicial en países como México.
Además, litigar un contrato comercial en tribunales latinoamericanos toma en promedio 768 días y puede implicar costes superiores al 25 % del valor en disputa, según el Banco Mundial.
Estas ineficiencias jurídicas son un freno directo para la inversión. La abogacía debe ayudar a revertir este entorno promoviendo eficiencia, legalidad y garantías.
Esta estrategia se consolida con ICAM Universidad y esta Cumbre, en un ciclo institucional que culminará con el 50.º aniversario de la UIBA y la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
La diplomacia jurídica está en auge. ¿Está el ICAM dando un paso hacia una especie de ‘abogacía global’ con peso en las decisiones internacionales?
Sí. Hoy las decisiones en arbitraje, fiscalidad o regulación tecnológica no se toman en entornos cerrados. La abogacía debe tener voz en esas mesas.
Desde el ICAM promovemos una comunidad jurídica informada, ética y conectada, que defienda los valores democráticos en escenarios globales.
¿Qué papel le reserva usted a los jóvenes abogados y abogadas en estos procesos de transformación regional?
Un papel central. No hay futuro jurídico sin una nueva generación comprometida. ICAM Universidad se construye como espacio de formación avanzada y liderazgo jóven. Necesitamos juristas con rigor técnico, criterio ético y vocación transformadora.
La puesta en marcha de ICAM Universidad representa una apuesta estructural por la formación jurídica de excelencia, el liderazgo joven y la cooperación académica transatlántica.
Este nuevo centro, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, nace con el propósito de consolidar una comunidad profesional iberoamericana basada en el conocimiento riguroso, la ética jurídica y el compromiso con el Estado de derecho.
Más allá de su vocación docente, ICAM Universidad funcionará como laboratorio de innovación normativa y de análisis comparado, impulsando investigaciones estratégicas sobre desafíos comunes en la región: desde la independencia judicial hasta la regulación de nuevas tecnologías o los modelos de justicia accesible.
Su estructura está diseñada para facilitar el intercambio entre profesionales, jueces, fiscales, académicos y jóvenes abogados de ambos lados del Atlántico.
En definitiva, ICAM Universidad no es solo una institución formativa: es el reflejo de una visión de futuro compartida entre Europa y América Latina. Una plataforma para construir puentes, reforzar estándares y formar a quienes liderarán la transformación jurídica de las próximas décadas.
Si pudiera extraer una sola conclusión de esta Cumbre que marcara un antes y un después, ¿cuál le gustaría que fuera?
Que la abogacía iberoamericana no va a permanecer en silencio frente al deterioro institucional. Que ser abogado no es solo litigar, sino defender principios.
Y que, frente al autoritarismo, la corrupción y la arbitrariedad, nuestra respuesta es firme: más Derecho, más legalidad y más garantías para todos.
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