El Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) ha emitido una severa advertencia sobre el proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, actualmente en tramitación parlamentaria en España.
A juicio de la organización, el contenido del texto “desborda ampliamente lo que su título sugiere”, ya que no fortalece el sistema, sino que lo desestabiliza, al modificar los equilibrios internos del Poder Judicial y alterar de forma sustancial las condiciones de acceso y promoción dentro de la carrera.
Por ello, la UIM, a la que pertenece la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –la mayoritaria en España–, no duda en calificar la iniciativa como una “reforma legislativa regresiva”, que unida a una creciente presión política directa sobre los jueces, configura “un escenario de intromisión institucional que afecta a los pilares del Estado de Derecho”.
Igualmente, expresa su “preocupación ante el rumbo que está adoptando España” y reclama con claridad la retirada o, en su caso, una revisión sustancial del proyecto legislativo para preservar los principios de mérito, capacidad, igualdad y objetividad en el acceso a la judicatura.
Para la organización, “El Poder Judicial no es un obstáculo a gestionar, ni una estructura a ‘ordenar’. Es una garantía, y lo es para todos los ciudadanos”.
Según expone, el texto legal «introduce criterios de selección alternativos al sistema de oposición, reduciendo el filtro objetivo y abriendo la puerta a valoraciones más subjetivas o dependientes»; además, «aumenta la inseguridad funcional, consolidando figuras temporales o interinas que no disfrutan de las mismas garantías»; y «refuerza la capacidad del Ejecutivo en la configuración del sistema, tanto directa como indirectamente».
Clima de presión política creciente
La UIM, organización que agrupa a asociaciones judiciales de todo el mundo, contextualiza esta reforma dentro de un clima de presión política creciente sobre el poder judicial en España.
Así, señala que «a la reforma se suma un contexto de presión política cada vez más evidente», recordando que «miembros del Gobierno de España han realizado declaraciones públicas desacreditando a jueces que instruyen procedimientos sensibles, relacionados con el entorno del presidente del Gobierno».
La organización denuncia que «se han cuestionado sus méritos, su capacidad y su imparcialidad, en tono claramente despectivo, con el objetivo –implícito pero evidente– de socavar su autoridad y condicionar su actuación».
Para la UIM, estos comportamientos no son aislados, sino que «forman parte de un patrón» que ya ha sido observado en otras democracias debilitadas: «primero se desacredita públicamente a los jueces; luego se reforman sus estructuras; finalmente, se transforma su naturaleza».
Una secuencia que, según subrayan, no suele anunciarse abiertamente: «La experiencia comparada enseña que los retrocesos democráticos no siempre se anuncian: a menudo, se tramitan».
