Al decano, Eugenio Ribón, le ha correspondido leer las conclusiones –que se pueden descargar al final de este artículo– en la clausura de la Cumbre. La diputada Teresa Mínguez también se ha referido a ellas durante su intervención. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El ICAM lidera la defensa del Estado de Derecho en Iberoamérica con la Declaración de Madrid
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06/6/2025 20:02
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Actualizado: 06/6/2025 20:09
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Madrid no se queda al margen. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha lanzado una señal clara y contundente: la abogacía debe ocupar un lugar central en la defensa del Estado de derecho en Iberoamérica.
Y lo hace con la Declaración de Madrid, un documento ambicioso que marca un antes y un después en la forma de abordar las amenazas contra la legalidad, la justicia y las libertades en la región, producto de dos días de intensos debates a través de 11 mesas temáticas en las que se han abordado cuestiones como el acuerdo UE-Mercosur, el desarrollo de infraestructuras, la cooperación público-privada, el fortalecimiento del Estado de derecho, el comercio regional, la inteligencia artificial, el arbitraje internacional, la transición energética o los derechos humanos.
Presentada al término de la Cumbre Internacional del ICAM sobre los desafíos jurídicos de Iberoamérica, la Declaración articula 10 compromisos estratégicos que ponen el foco en lo esencial: proteger el orden constitucional, reforzar la independencia judicial y combatir la corrupción de forma decidida.
Todo ello con un objetivo común: blindar la seguridad jurídica como base del desarrollo económico, la cohesión social y la democracia.
«El Estado de Derecho no se rompe de un día para otro, se quiebra lentamente», recordó ayer el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Palabras que hoy ha subrayado el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, alma mater de este Cumbre Internacional.
“El deber de los colegios de la abogacía no es otro que alzar la voz cuando se debilitan los contrapesos y se menoscaba el cumplimiento del ordenamiento
jurídico”, ha subrayado a continuación.
Una hoja de ruta frente al retroceso democrático
El texto parte de una premisa clara: sin Estado de derecho no hay futuro. La manipulación de los contrapoderes, la captura política de la justicia o la corrupción institucionalizada son síntomas de un mal mayor que amenaza con enquistarse en varios países iberoamericanos.
Por eso, el ICAM propone pasar de las palabras a los hechos. La Declaración insta a los abogados a asumir un rol activo, no solo desde los despachos o los tribunales, sino también en la creación de nuevas leyes, el impulso de reformas estructurales y la vigilancia constante sobre quienes ostentan el poder.
Un liderazgo jurídico compartido
Lejos de limitarse al diagnóstico, la Declaración de Madrid propone una respuesta iberoamericana coordinada ante los desafíos comunes: desde el crimen organizado y la inteligencia artificial hasta la crisis climática o los desplazamientos forzosos.
Y pone sobre la mesa soluciones: más cooperación jurídica, nuevos marcos normativos en derechos digitales, justicia climática y regulación tecnológica, y un multilateralismo centrado en la protección de derechos.
Además, subraya dos ejes esenciales para ese liderazgo compartido: formación jurídica de calidad y ética profesional. El ICAM apuesta por un modelo que refuerce el pensamiento crítico y la preparación continua, especialmente en un entorno cada vez más digital y cambiante.
Justicia accesible para todos
El documento también pone el acento en un problema estructural: el acceso desigual a la justicia. Reclama reformas profundas para eliminar las barreras económicas, territoriales y burocráticas que aún hoy impiden a muchos ciudadanos defender sus derechos. Y reivindica mecanismos como la defensa pública, la mediación o el arbitraje como herramientas complementarias que deben fortalecerse.
De Madrid al mundo
El ICAM se compromete a llevar esta Declaración a los grandes foros multilaterales que acogerá la capital española, desde la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno hasta el 50º aniversario de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA). Porque, como señala el propio Colegio, no basta con diagnosticar los problemas: hay que liderar las soluciones.
Teresa Mínguez, diputada responsable del área internacional y artífice de la Cumbre, fue clara: “La cooperación entre nuestras abogacías no es solo posible, es urgente”. Su apuesta es firme: construir una comunidad jurídica iberoamericana cohesionada, activa y con voz propia frente al deterioro institucional.
Una declaración con ambición de futuro
La Declaración de Madrid no es un texto más: es un manifiesto de compromiso y responsabilidad. Una hoja de ruta con vocación de influencia que aspira a movilizar a la abogacía de ambos lados del Atlántico para ensanchar el perímetro de las libertades, como reclamó Ribón. Y un punto de partida para que Madrid, como capital jurídica, se convierta en el eje vertebrador de una respuesta compartida ante la amenaza global al Estado de derecho.
Porque si no lo hace la abogacía, ¿quién lo hará?
Declaración de Madrid
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