Daniel Campos, exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado defensor de Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, va a presentar un recurso de reforma contra el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado dictado por el magistrado del Tribunal Supremo, Luis Ángel Hurtado.
Un recurso de reforma es un tipo de recurso que se presenta ante el mismo juez o tribunal que dictó una resolución, con el objetivo de que reconsidere y modifique o anule su propia decisión.
Rodríguez fue ayer encausada, junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunto delito de revelación de secretos que habría afectado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El auto, cuyo contenido fue conocido ayer, señala a Rodríguez como figura clave en los hechos del 13 de marzo de 2024.
Esa noche, según el juez, ella habría intervenido para obtener correos electrónicos intercambiados entre el fiscal del caso, Julián Salto, y los abogados de González Amador en el marco de una posible negociación judicial.
El magistrado sostiene que Rodríguez era consciente de que esos mensajes acabarían siendo utilizados para fines ajenos al proceso penal.
También le atribuye un papel activo en la redacción de una nota de prensa que la Fiscalía General del Estado difundió a las 10:20 del día siguiente, y que incluía fragmentos de esos correos, considerados “información confidencial” por el magistrado instructor.
La defensa de Rodríguez ya había solicitado el archivo del caso, argumentando que la fiscal se limitó a informar a su superior jerárquico —el fiscal general— cumpliendo con sus funciones.
También defiende que el contenido de los correos no era secreto, ya que González Amador había autorizado un día antes, el 12 de marzo, al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a difundir uno de ellos en el que se hablaba de una negociación.
Sin embargo, Hurtado rechaza este planteamiento. En su resolución afirma que, aunque González Amador puede divulgar información sobre sí mismo, eso no autoriza a terceros a hacerlo sin su consentimiento explícito.
Ahora se dará la circunstancia paradójica que Pilar Rodríguez tendrá que ser suspendida por el fiscal general del Estado, también coimputado, mientras que para él no es obligatorio por no estar previsto. Es la primera vez en la historia democrática que un fiscal general del Estado es encausado por supuestamente cometer delitos.
Por otro lado, la defensa de Álvaro García Ortiz también ha pedido el archivo por motivos similares, aunque aún no ha confirmado si presentará un recurso contra su imputación.
El auto puede ser contestado a través de un recurso de reforma ante el propio instructor o, en su defecto, mediante un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Ninguno de estos recursos paraliza el proceso, por lo que tanto la Fiscalía como las acusaciones tienen ahora diez días para presentar su escrito de acusación o pedir el sobreseimiento.
