Según el informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, el exministro de Transportes José Luis Ábalos habría recibido al menos 620.000 euros en pagos ilegales por favorecer adjudicaciones de obra pública durante su etapa al frente del MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana).
La investigación en curso ante el Supremo revela una red de comisiones opacas, gestionadas por su mano derecha, Koldo García Izaguirre, y supuestamente coordinadas con empresarios y altos cargos del PSOE, según se desprende de dicho informe, al que ha tenido acceso Confilegal.
Una nómina en efectivo
El empresario Víctor Aldama, pieza clave del engranaje, declaró haber pagado durante años una especie de “sueldo mensual” de 10.000 euros a Koldo, parte del cual –según él mismo relató ante el juez– se entregaba directamente a Ábalos en su despacho ministerial.
La intención de estos pagos: asegurar el acceso a contratos públicos y favores desde el corazón del ministerio.
“He visto con mis propios ojos cómo Koldo le daba el dinero a Ábalos. Era para que me fiara de que iba al destinatario correcto”, afirmó Aldama ante la Audiencia Nacional.
El circuito de las obras
La UCO atribuye a Ábalos y su entorno haber maniobrado para amañar adjudicaciones millonarias a constructoras como ACCIONA, LIC y OPR. Las contraprestaciones económicas aparecen descritas con precisión en grabaciones que el propio Koldo realizó entre 2019 y 2023:
• 550.000 euros habrían sido pagados tras dos contratos adjudicados a ACCIONA en Murcia (por un valor conjunto de más de 280 millones de euros).
• 70.000 euros adicionales corresponderían a la compra de un bajo inmobiliario sin expediente asociado.
• 450.000 euros más estarían aún “pendientes de abono”, asociados a obras en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat.
En total, más de un millón de euros aparece vinculado a presuntas mordidas en el marco de estas operaciones, aunque el montante cobrado por Ábalos –según la UCO– se situaría de momento en 620.000 euros ya percibidos.
Grabaciones comprometedoras
Las pruebas clave provienen de grabaciones ocultas hechas por Koldo, donde se escucha a los implicados discutir montos, adjudicaciones y responsables del reparto. En estas conversaciones, el nombre de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, aparece como intermediario en la gestión de los pagos.
“Nos deben todavía 450.000. Tú sabes de dónde tienen que venir”, se escucha decir a Koldo en uno de los audios.
Una red más profunda
Además de las comisiones procedentes de constructoras, se investiga una estructura paralela de colocación de familiares y allegados del entorno de Ábalos, como su asesora personal o la esposa de Koldo, presuntamente contratados por empresas adjudicatarias como contraprestación encubierta.
La investigación judicial aún no ha culminado, pero los documentos aportados por la Guardia Civil revelan un patrón sistemático de corrupción que coloca a Ábalos en el epicentro de una red de sobornos a cambio de obra pública.
El Congreso ya ha aprobado el suplicatorio que permite su imputación formal por cohecho, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
El dinero –en efectivo, mensual, sistemático– fluía mientras los contratos se adjudicaban. La pregunta que ahora queda en el aire es: ¿cuánto más se cobró fuera de los focos?
