De niño solía acercarme en mi pueblo a la tienda de la Rufi y gastar las 25 pesetas que nos daba mi padre en diferentes chucherías que nos tenían entretenidos un buen rato.
Desconectábamos y dejábamos a los adultos ir a sus cosas. Una de mis preferidas eran los chicles de cinco pesetas, más baratos que los de marca y duros como ellos mismos.
Mientras que los de la marca, que hoy da nombre a una generación entera, solían poder estirarse, los que nosotros comprábamos estaban bastante duros y se quebraban cuando se intentaban estirar o se mordían.
Cuento esta anécdota a raíz del creciente ruido que hay en nuestra profesión.
Ruido sordo y permanente, mantenido desde hace tiempo y que repite machaconamente un concepto en cualquier momento y lugar: la independencia judicial.
Muchos opinan que está en peligro constantemente. Lo está cuando se modifica la estructura judicial o cuando se renueva el Consejo y se cumple con los mandatos legales y constitucionales.
Pareciera que esa independencia judicial es el chicle de marca, que ciertamente siempre fue más glamuroso que el de a duro. Capaz de estirarse para cubrir cualquier crítica que pueda hacerse desde el poder judicial.
Desde la financiación de las asociaciones a la forma de acceso. Desde la organización de los tribunales a la crítica a las resoluciones judiciales. Todo afecta a la independencia judicial.
Yo, que siempre fui más del chicle de a duro, soy escéptico. La independencia judicial es la consecución de garantías que aseguren la independencia de criterio y la garantía de estar sujeto a la ley, y nada más que a la ley, cuando se resuelve un caso.
Permítanme que dude de esa capacidad de estirar el chicle. La independencia no se estira y si se estira, se quiebra y mancha otras cosas y a nosotros mismos.
Es un concepto claro y cualquier cambio en una estructura caduca, ineficiente y caracterizada por la dejadez, incompetencia e indiferencia durante años por todos sus responsables, no afecta a la facultad de juzgar independientemente. Más bien lo contrario.
INERCIAS
El problema es que esa ineficiencia, indolencia y dejadez que arrastramos durante décadas, generan una serie de inercias que configuran un estatus quo cuya alteración genera objetivamente malestar, porque supone modificar una situación a la que un conjunto se había acomodado, se había hecho. Es así y por qué ha de cambiar. Todo cambio supone pérdidas y, en cualquier caso, molestias para todos los que nos tenemos que adaptar a lo nuevo.
Que se haga un examen práctico, como de hecho se hace en otras modalidades de acceso a la carrera judicial o para otras pruebas de especialización ya dentro de la carrera judicial, o en otras oposiciones como las de abogacía del Estado, será mejor o será peor, pero no parece que vaya a quebrar esa garantía de independencia.
Que se grabe un examen para que exista el derecho real y no meramente teórico de tutela judicial efectiva en las oposiciones a la carrera judicial no parece que sea quebrar la independencia judicial.
Que haya un centro público servido, dicho sea de paso, por profesionales de la judicatura, que convive con la tradicional preparación ofertada por esos mismos u otros profesionales, parece complejo que quiebre la independencia judicial.
Ello sólo es asumible si se parte de una idea preconcebida de lo público como factoría ideologizante y lo privado como depositorio de la virtud de neutralidad.
Permítanme que dude de esa premisa que, además, contrasta con la experiencia previa de comunidades autónomas y universidades públicas que tienen implantado sistemas similares.
Que se retire la financiación privada de las asociaciones judiciales será más o menos acertado y razonable o no lo será, pero no quiebra ninguna garantía de independencia.
Que se modifique el sistema de elección de las salas de gobierno para que se introduzca el voto telemático o se garantice la representación del pluralismo judicial, no es una quiebra de la facultad de juzgar independientemente.
La introducción de becas (¡he llegado a leer que son una dádiva o un soborno!) no quiebra la independencia judicial.
Puedo comprender, y de hecho comparto, el sentimiento de disgusto de quien se queja del proceso aparejado a la estabilización de la denominada justicia interina.
Al fin y al cabo supone reconocer un derecho o una situación por una vía diferente y distinta de la que todos los demás hemos tenido que pasar y, además, la incertidumbre sobre las consecuencias a futuro que esto pueda tener sobre el colectivo.
Pero esto, que es criticable por otras cosas, no afecta a la independencia judicial. ¿Saben por qué? Porque ya están dictando sentencias. Las mismas que hacen hoy, serán las que se pongan mañana si llegan a estabilizarse y, probablemente, más independientemente.
El sentido de esas sentencias no podrá ser evaluado para garantizar su continuidad.
La forma de aplicar las leyes no dependerá de evaluaciones, cuya calidad además es variable y discutible. El problema, en este caso, es garantizar el mérito, la capacidad y la solvencia profesional de esos aspirantes y si esa vía está o no está justificada.
Pero, por mucho que se intente, afecta a otras cuestiones: igualdad, mérito y capacidad.
Y es más complejo que el debate que se plantea en términos que rozan el puro sensacionalismo. Sólo así se entiende el “pinta y colorea” que llego a leer y escuchar sobre el dictamen que se propone.
Hago hincapié en que este es el nivel léxico del debate promovido sobre estas cuestiones que, por otro lado y simultáneamente, se califican de dramáticas y disolventes del Estado de Derecho.
No parece adecuarse el nivel semántico que se utiliza a la reacción emotiva que pretende generar. Algo no cuadra.
No comparto que la legítima defensa de intereses y la crítica de una opción discutible, se escondan detrás de un concepto como la independencia judicial en claro abuso en los últimos tiempos.
La defensa de un principio y un valor de este tipo dota de legitimidad a cualquier movimiento. Mucho más que los intereses propios y legítimos de colectivos y personas. Pero no es aceptable alterar los términos.
No estamos hablando de independencia judicial.
El día que la independencia judicial esté verdaderamente en peligro, lo que cada vez parece más cercano en nuestro entorno internacional, nadie lo creerá.
Los intentos de estirar ese chicle, que por mucho que se quiera no se estira, lo quebrarán y nos mancharemos. Los lobos pueden venir.
No conviene que confundamos a la ciudadanía con sombras ni que acostumbremos a la sociedad a escuchar campanas y alarmas que la ponen en guardia.
Porque se corre el riesgo de que nadie las atienda el día que sí aparezcan los lobos y entren tranquilamente, provocando un daño que, ese sí, será irreparable.
