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Opinión | Colocaciones, sexo y corrupción: las grabaciones que revelan el machismo institucional en la trama Ábalos
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García.
14/6/2025 05:35
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Actualizado: 14/6/2025 08:39
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Si ya resultaba alarmante la presunta trama de corrupción que salpica al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García, los audios revelados en el marco de la investigación judicial añaden una dimensión aún más inquietante: el uso y la cosificación sistemática de mujeres en el seno de una estructura de poder político.
Las grabaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y puestas a disposición del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no solo evidencian posibles amaños en contratos públicos y el uso partidista de instituciones del Estado.
Lo verdaderamente espeluznante es cómo, en el mismo tono en que se negocian adjudicaciones o favores laborales, se reparten mujeres como si fueran parte del inventario logístico de un acto político.
En uno de los audios, fechado el 9 de abril de 2019, Ábalos y García dialogan abiertamente sobre qué mujeres —aparentemente prostitutas— deben acompañarlos durante un viaje a Jaén para un acto del PSOE.
Se refieren a ellas por sus nombres o apodos, discuten sus “talentos” y deciden quién “elige” a cuál, como si se tratara de objetos al servicio de sus preferencias personales.
Uno de los audios más comprometedores, fechado el 9 de abril de 2019 y al que ha tenido acceso Confilegal, capta una conversación entre Ábalos y su entonces asesor, Koldo García, sobre varias mujeres, aparentemente prostitutas, que planeaban encontrarse con ellos en el marco de un viaje político a Jaén.
La transcripción que realiza la UCO del audio es la siguiente:
Koldo (K): Mira, si vienen aquí, ya sabes quién va a venir, eso lo tengo claro. Si viene aquí, tienes a la Ainara ¿Cómo es?
Ábalos (A): (Murmura algo ininteligible).
K: A la Ariatna (fonético), que está bien, que está recién… Está bien, está perfecta.
A: Y la colombiana.
K: Y la colombiana nueva.
A: Y la otra (ininteligible).
K: No, si yo quiero la otra también, pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna (fonético).
A: No, sé, la Carlota (fonético), se enrolla que te cagas.
K: Pues, la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, y a tomar por culo.
A: No, era por conocer.
K: Por eso te estoy diciendo. Bueno, yo pregunto y te digo. Ahora lo arreglo. Que hace falta también que puedan… Que aquí… ¿Vale?
A: ¿Es este sábado ya?
K: Sí, claro, es este sábado, jefe. Claro. ¿Te traigo el teléfono y llamas a Isabel para darle ánimos para lo del convenio? Por favor, te lo pido.
A: A ver, dame el teléfono.
En efecto, la conversación, tras la alusión a las prostitutas, continúa por otros derroteros. Ambos mencionan a Isabel Pardo de Vera, la entonces presidenta de Adif, la empresa pública encargada de gestionar las infraestructuras ferroviarias.
Favor personal: contratos para amigas y exparejas
Las grabaciones del llamado «informe Cerdán» revelan con crudeza cómo Koldo García gestionó empleos públicos para mujeres de su entorno sentimental, en una red de favores personales tejida desde las instituciones.
En una conversación de septiembre de 2022, pide al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, trabajo para Nicoleta —una amiga íntima— y para “Pati”, madre de su hija, especificando que esta última debía cotizar sin trabajar: “Que cotice lo que podamos. Si quedan dos años, dos años”.
Según la UCO, Nicoleta fue contratada poco después por EMFESA, y Jésica Rodríguez, pareja de Ábalos, reconoció haber cobrado sueldo público durante años sin desempeñar función alguna.
Este no es un simple caso de enchufismo, sino una expresión descarnada del poder ejercido con impunidad. Las mujeres no son aquí sujetos de derechos, sino favores personales, utilizadas como fichas en una red clientelar donde su papel se limita al placer o a la conveniencia del cargo político de turno. Cosificadas, desplazadas a roles secundarios y ajenas a cualquier mérito profesional, son integradas en estructuras públicas como parte del botín masculino.
La instrumentalización de sus cuerpos y su trabajo —ya sea en forma de encuentros sexuales o de contratos públicos sin contenido real— no es un mero apéndice del caso de corrupción. Es, en sí misma, la evidencia de un machismo estructural que impregna las altas esferas del poder, donde se mercadea con la dignidad femenina con la misma soltura con la que se reparten adjudicaciones.
El tono con el que se las menciona, la ligereza con la que se negocia su presencia o su empleo, y la naturalidad con la que se acepta su colocación irregular revelan una cultura política donde la misoginia se ejerce sin pudor y con total normalización. Un sistema que banaliza el empleo público y convierte a las mujeres en instrumentos al servicio de la camaradería masculina.
Desprecio institucional
Los audios demuestran una confusión sistemática entre las esferas privada y pública. Los interlocutores actúan sin aparente contención, utilizando recursos institucionales —contactos, empresas públicas y cargos— como si se tratara de una red clientelar personal.
La figura de Santos Cerdán aparece en varios momentos como facilitador de estos “favores laborales”, lo que podría comprometerle jurídicamente en las próximas fases del proceso.
El juez Leopoldo Puente, instructor del Supremo, debe dirimir la responsabilidad penal de Ábalos, aún diputado, lo que obliga a que cualquier imputación formal pase por el filtro de la Sala de lo Penal.
La gravedad de los hechos no radica únicamente en el uso ilícito de fondos o en el amaño de contratos públicos. Lo más perturbador es la total falta de separación entre lo personal y lo institucional. Las decisiones de contratación, las adjudicaciones, los eventos políticos y los encuentros sexuales forman parte de una misma lógica de poder, donde el cuerpo de la mujer se convierte en parte del botín de lo público.
Un espejo que incomoda
Las revelaciones de la UCO deberían invitar no solo a la acción judicial, sino a una reflexión social más profunda. ¿Qué tipo de estructura permite —y normaliza— que el acceso al poder conlleve la disponibilidad de cuerpos femeninos?
¿Cómo es posible que estas conversaciones se produjeran en el seno de una formación política que se declara feminista? ¿O en cualquiera? Es inadmisible.
Este caso no es solo corrupción. Es una radiografía de cómo el patriarcado se perpetúa desde las altas esferas del Estado. Y por eso, más allá de las imputaciones o sentencias que puedan dictarse, lo que urge es un cambio de cultura política. Porque cuando el poder se ejerce sin control ni ética, las mujeres —otra vez— son las primeras en pagar el precio.
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